El próximo 23 y 30 de diciembre habrá asueto en la administración pública, según establece el Decreto 820/2022 publicado en el Boletín Oficial y firmado por Alberto Fernández, Luis Manzur y Eduardo Enrique de Pedro.

"Con el fin de facilitar las clásicas reuniones familiares que se realizan en dichas fechas, se estima procedente posibilitar el acercamiento de quienes, por diversas causas, se domicilian lejos de sus seres queridos", señala el documento que decreta el asueto administrativo.

Anulan el asueto del viernes 23 de diciembre: así queda el calendario final

De esta manera, los trabajadores de la administración pública nacional, de 22 provincias, con excepción de Santa Fe y los municipales de San Carlos de Bariloche, tendrán asueto el viernes 23 de diciembre, previo a la Nochebuena y Navidad.

Por su parte, el Gobierno bonaerense sumó el sábado 24 y 31 al calendario de jornadas no laborables.

¿QUE MUNICIPIOS Y PROVINCIA SE ADHIEREN A LOS ASUETOS DEL 23 Y 30?

Buenos Aires

Catamarca

Chaco

Puerto Madryn - Chubut

Gualeguaychú - Entre Ríos

Río Negro

Salta

Tucumán

Córdoba

Corrientes

Formosa

Jujuy

La pampa

La Rioja

Mendoza

Misiones

Neuquén

San Juan

San Luis

Santiago del estero

¿QUIÉNES NO SE ADHIEREN A LOS ASUETOS DEL 23 Y 30?

Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Santa fe

Tierra del fuego

Cabe aclarar que esta medida no alcanza a las instituciones bancarias y entidades financieras. En cambio, sí se suma el Poder Judicial.

En CABA, informaron que no se sumarán a la medida. "Ante el asueto dispuesto por el Gobierno Nacional para los días 23 y 30 de diciembre mediante el decreto 820, el Gobierno porteño resolvió que la actividad en la Ciudad se desarrolle en forma habitual, como en un día hábil", señalaron en un comunicado oficial.

En tanto, en Santa Fe, se anuló el asueto del 23 como forma de "recuperar" el feriado nacional dispuesto este 20 de diciembre. El que se mantiene vigente es el del 30 de diciembre.

La provincia de Tierra del Fuego, por su parte, también resolvió que no habrá asueto para el personal de la administración pública, al no adherirse al decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN).