La vicepresidenta Cristina Kirchner admitió por primera vez de manera pública que la inflación que informaba el Indec durante sus años en la presidencia no eran los números reales. Lo hizo, en clave de mensaje para la intensa interna oficialista, para elogiar las políticas contra la suba de precios del actual gobernador bonaerense y en ese entonces ministro de Economía Axel Kicillof.

La admisión no solo convalidó las cifras que entonces se conocían como “IPC Congreso”, que informaban legisladores de oposición, reivindicó a los consultores económicos entonces sancionados por el gobierno, incluido Marco Lavagna, actual director del Indec, que había sido sancionado con una multa de $ 500.000 (posteriormente revocada por la Corte Suprema de Justicia) e incluso reconoció retrospectivamente como válida la “amonestación” que el Fondo Monetario Internacional le aplicó a la Argentina por la mala calidad de sus estadísticas. Fue una “declaración de censura”, un mecanismo que se considera como el inicio del proceso de sanción. De hecho, el FMI sigue haciendo aclaraciones sobre los índices de inflación argentinos.

Recalculando

En un pasaje de su discurso en Resistencia, Chaco, la vicepresidenta recordó la devaluación del peso que habilitó su Gobierno a comienzos de 2014, en un contexto en que el tipo de cambio registraba un fuerte atraso y existía una presión pública marcada de algunos sectores de la producción para producir un salto cambiario que devuelva la competitividad a la economía argentina.

“Ustedes recuerdan que tuvimos una devaluación en enero de 2014 y la inflación se nos fue a 38 por ciento. Pero al año siguiente la bajamos a 24 o 25%″, exclamó Cristina Kirchner. El espíritu de esa declaración responde a una crítica implícita a la política de precios del gobierno de Alberto Fernández, que en los últimos meses afrontó los números inflacionarios medidos de manera mensual más graves en dos décadas. De hecho, se estima que con la inflación de abril (cuya cifra se conocerá el próximo jueves) la inflación acumulada en 29 meses de gestión del actual presidente superará el 160 por ciento.

El ritmo de los precios y su impacto en el poder de compra de los salarios es parte de la discusión de “modelos” al interior del Frente de Todos. Desde el bando que responde a Cristina Kirchner rechazan la política económica “albertista” e impugnan a los ministros Martín Guzmán (Economía), Matías Kulfas (Desarrollo Productivo) y Claudio Moroni (Trabajo).

Más allá de ese contexto político, vale la pena frenar a analizar qué implica la enumeración de porcentajes de la ex mandataria. El 38% de suba de precios anual de 2014 no fue la cifra oficial del Indec ese año (23,9%), sino la estimación extraoficial que realizaban entonces dirigentes de oposición a través del llamado “IPC Congreso”.

Ese año, ese indicador arrojó una inflación de 38,5%, cifra que difundieron Patricia Bullrich, Federico Pinedo, Cornelia Smidt Liermann, Patricia Giménez, Carlos Brown y Alberto Asseff. El actual director del Indec y en ese momento diputado massista, Marco Lavagna también formó parte de ese grupo.

Desde el Gobierno se descalificaba esa medición extraoficial como falta de rigor técnico. Pero su nacimiento se dio en el marco de un Indec que carecía de credibilidad por la intervención del gobierno kirchnerista desde enero de 2007, hecho nunca admitido abiertamente durante el mandato de Cristina Kirchner.

El oscurantismo estadístico de esos años fue no solo materia de cuestionamientos a nivel interno. También el Fondo Monetario Internacional, que en ese momento tenía una relación con la Argentina solo como miembro, pero sin realizar las evaluaciones anuales del Artículo IV, debido a la reticencia del gobierno, hizo explícito su rechazo a las cifras que publicaba el Indec.

A comienzos de 2013, el organismo amonestó a la Argentina por la calidad de sus estadísticas, con una “declaración de censura”, un mecanismo que se considera como el inicio del proceso de sanción para un país miembro que podría terminar en su expulsión del organismo. Sin ir más lejos, años después el Fondo Monetario continúa haciendo aclaraciones sobre los índices de inflación argentinos.

“Dada la comparabilidad limitada de estas series debido a las diferencias en la cobertura geográfica, las ponderaciones, el muestreo y la metodología, la inflación promedio del IPC para 2014–16 y la inflación de fin de período para 2015–16 no se informan en el informe World Economic Outlook”, suele aclarar el organismo.

Respecto al segundo número del que habló Cristina Kirchner, ese 25% hasta el cual habría caído la inflación desde el 38% del año anterior, tampoco es posible conocer la fuente de ese dato. El Indec, ya con el recambio presidencial y la llegada de Mauricio Macri, y bajo la dirección de Jorge Todesca, discontinuó la medición oficial, que retomó a mediados de 2016. Para establecer un número de inflación final de 2015 tomó en consideración otras mediciones oficiales, con alcances locales.

En ese sentido, el informe de enero de 2015 del Indec publicó como alternativas los índices de la Ciudad de Buenos Aires y de San Luis, que dieron una inflación anual de 26,9% y 31,6%, respectivamente.

La falsificación de datos oficiales durante el gobierno kirchnerista que afectó también los datos de desempleo, pobreza o crecimiento del PBI, dada la altísima complejidad técnica de alterar un dato o serie de datos sin que esa alteración se refleje, de distintos modos, en los demás. Los hechos y datos verdaderos, por así decirlo, se auto-organizan. Los falsos requieren de mucho cuidado e intervención exterior. Al respecto, en su novela “Yo, Claudio”, el escritor Robert Graves cita las peripecias de un general romano, muy cuestionado, que “iba con su legión de mentiras en formación alerta y ordenada a cualquier escaramuza con la verdad”.

De hecho, el falseamiento de datos implicó un dolor de cabeza para el Estado argentino ante cortes internacionales. Un grupo de tenedores de bonos atados al crecimiento de la economía reclama en Nueva York una compensación por lo que considera un cálculo manipulado del nivel de crecimiento del PBI en 2013, que evitó el pago de esos títulos a los bonistas.

Esta cuestión del ahorro en los pagos a bonistas fue uno de los argumentos de la intervención. El secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno creía que el IPC se inflaba para favorecer a los tenedores de los bonos ajustados por inflación (CER). Pero la manipulación de ese índices, que provocó resultados de inflación menores, destruyó el único instrumento de ahorro en pesos que había logrado construir el Gobierno después de la explosión de la convertibilidad.

Había un cálculo en ese entonces que hablaba de un “beneficio” financiero teórico de la subestimación del IPC: habrían sido unos USD 600 millones anuales en los bonos ajustables por CER. De todas formas, ese “ahorro” fue más que compensado por dos factores: el aumento del riesgo país -que le cerró el acceso al mercado de capitales voluntario y colocó la prima de riesgo por encima del promedio regional- y mayores pagos por la sobreestimación del PBI.

En paralelo, Guillermo Moreno impulsó una serie de causas penales contra los consultores privados que medían la inflación con sus propios índices, incluyendo a Jorge Todesca -quien se convirtió en director del Indec con Mauricio Macri- y a Marco Lavagna -al frente del organismo con el actual gobierno-, entre otros.

Entre 2007 y fines del 2015, el Indec informó una inflación acumulada del 159,5%, mientras que el relevamiento de precios minoristas (RPM) de Eco Go, la consultora de Marina Dal Poggetto, llegó a 489,5 por ciento. La brecha se acumuló en las gestiones de Felisa Miceli, Miguel Peirano, Martín Lousteau, Carlos Fernández, Amado Boudou, Hernán Lorenzino y Axel Kicillof.