En los primeros tres meses del año, el gasto público devengado tuvo un incremento del 79% anual. Es decir que hubo un alza real de 17,5%, si se toma como válida una inflación de 6% en marzo, tal el piso marcado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, que llevó al IPC promedio trimestral al 52,4%. Durante la primera parte del año se realizaron ampliaciones por $7.800 millones.
A partir del desagregado de partidas quedó claro que la política de ingresos contribuyó a mejorar los indicadores de pobreza: el programa Tarjeta Alimentar, que cuenta con 3,3 millones de beneficiarios, incrementó su ejecución presupuestaria en un 101% durante el primer trimestre de 2022, por el aumento de beneficiarios en el cierre del año pasado.
En enero, los recursos destinados a la política alimentaria a través de este programa totalizaron los $18.258 millones, mientras que en febrero fueron $18.994 y en marzo otros $19.891 millones. En total, el Estado invirtió en este instrumento 57.143 millones de pesos, más del doble que el año pasado. La semana pasada, el Gobierno anunció una suba del 50% para esta prestación.
“En términos distributivos, por lo que es el impacto del mercado, la cuestión viene mal. Eso se ve en la variación salarial, donde los puestos formales crecen menos que los informales. De ahí que esta situación regresiva se emparche con transferencias directas. El incremento en la Tarjeta Alimentar se explica porque durante el cuarto trimestre ingresaron muchos beneficiarios. Entonces, se arrancó el año con una mayor cantidad de personas incluidas en el programa”, explicó a BAE Negocios Nicolás Pertierra, economista jefe del Centro de Estudios Económicos y Sociales Scalabrini Ortiz (CESO).
Potenciar Trabajo
El programa Potenciar Trabajo también registró un incremento exponencial en sus partidas. Con 1,23 millones de beneficiarios y beneficiarias, de las cuales el 64% son mujeres, el gasto ejecutado al primer trimestre de este año se incrementó un 175 por ciento en comparación con el mismo período del año pasado. En total se erogaron $79.400 millones.
Dentro del acuerdo con el FMI, el Gobierno se comprometió a limitar las “transferencias discrecionales” hacia las provincias. Sin embargo, en el primer trimestre del año, los envíos hacia las diferentes jurisdicciones registraron un incremento del 65%.
Uno de los principales ítems que impactan en cada territorio son los ATN. Según el análisis realizado por el CESO, entre enero y marzo se transfirieron $2380 millones, contra los 1354 millones del primero trimestre del año pasado. Las provincias beneficiadas fueron Corrientes ($700 millones) y Chaco ($300 millones). Luego le siguen La Rioja, Neuquén, Santiago del Estero, Río Negro, Chubut, y Misiones con $200 millones cada una, y Salta con $180 millones.
En la ejecución por ministerios, quien lideró los porcentajes de ejecución fue el área de Mujeres, Géneros y Diversidades con el 55 por ciento, mientras que la cartera de Interior solo erogó el 12% de sus partidas totales. Esto último se explica porque los mayores envíos a las provincias ocurren en julio y diciembre, que es cuando se paga el aguinaldo.
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