El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció que el gobierno de Javier Milei eliminará la figura de femicidio del Código Penal, bajo el argumento de promover una "verdadera igualdad ante la Ley". A través de su cuenta en X (antes Twitter), el funcionario cuestionó al feminismo, describiéndolo como “una distorsión del concepto de igualdad” que, según sus palabras, busca “privilegios para una mitad de la población en detrimento de la otra”.

La figura del femicidio fue incorporada al Código Penal argentino mediante el artículo 80, inciso 11, tras la sanción de la Ley 26.791 en 2012. Este agravante permitía castigar con mayor severidad los crímenes de odio por razones de género. Sin embargo, Cúneo Libarona afirmó que "ninguna vida vale más que otra", al justificar la decisión del gobierno de avanzar en un proyecto denominado Igualdad ante la Ley, que eliminaría lo que califican como “discriminación positiva”.

En línea con este cambio, se prevé derogar otras normativas relacionadas con derechos de género, tales como la Ley de Identidad de Género (N° 26.743), el DNI no binario, la Ley Micaela (N° 27.499) en algunos de sus aspectos, y la Ley de Paridad Electoral (N° 27.412), entre otras. Según fuentes oficiales, el objetivo es garantizar "igualdad sin importar el sexo" y poner fin a lo que consideran privilegios legislativos.

Estadísticas alarmantes y polémica

Pese a las cifras que indican que en 2024 se registraron 255 femicidios en el país (una mujer asesinada por razones de género cada 29 horas), el Gobierno sostiene que la penalización diferenciada de estos crímenes “genera desigualdad”. En declaraciones recientes, el presidente Javier Milei también criticó al movimiento feminista, señalando que “no se quejan de que la mayoría de los muertos en guerras, los presos y los plomeros son hombres”.

Desde Casa Rosada, la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy, y el asesor presidencial, Santiago Caputo, lideran los detalles del proyecto. "El Estado no puede hacerse cargo de cada sector que se considere minoría", argumentaron fuentes cercanas al gobierno.

Este anuncio genera un fuerte debate en la sociedad, especialmente entre organizaciones de derechos humanos y colectivos feministas, quienes denuncian que el cambio ignora las profundas desigualdades históricas y estructurales que afectan a las mujeres y disidencias en Argentina.