El programa original buscaba optimizar el acceso a prestaciones de salud en cárceles federales y provinciales, promoviendo la articulación con las carteras jurisdiccionales responsables de los centros de detención. Sin embargo, el Gobierno justificó la eliminación del dispositivo al sostener que “las penitenciarías federales y las provincias ya cuentan con sistemas de salud organizados”, por lo que consideró innecesario mantener una iniciativa paralela.

La cartera de Salud señaló, además, la falta de datos estadísticos y evidencias concretas que demuestren mejoras en la atención médica de los internos. En este sentido, aseguró que “no se disponen de indicadores que prueben un beneficio tangible” del programa y que no se habían suscripto convenios formales con las provincias para su implementación.

Otro de los argumentos oficiales radica en el solapamiento de competencias, dado que diferentes organismos nacionales y provinciales abordan la misma problemática. Por esa razón, se decidió avanzar en la reorganización de la estructura ministerial para “refuncionalizar programas” y concentrar los recursos en otras áreas de salud.

La derogación de este dispositivo se enmarca en la serie de recortes impulsados por el gobierno libertario, cuyos funcionarios alegan que las iniciativas sin resultados medibles deben ser desactivadas. De esta manera, el plan destinado a la población carcelaria, vigente desde hace más de una década, deja de existir bajo la premisa de reducir gastos y evitar superposiciones administrativas.

Resolución 2/2025: