La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de la Nación presentó este viernes un trabajo enfocado en casi 200 mujeres que denunciaron cinco veces o más a sus parejas o exparejas durante más de 11 años. El estudio reveló que más de la mitad dependía económicamente de los denunciados y el 38% era desocupada o realizaba tareas de cuidado sin remuneración.

La investigación, que se dio a conocer en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reportó que un total de 190 mujeres realizaron 1.053 denuncias contra sus parejas o exparejas entre 2008 y 2020.

Las características de las denunciante muestran que "las dificultades económicas explican la complejidad para poner fin al vínculo de pareja y/o alejamiento físico con el agresor y, en consecuencia, la perdurabilidad de la violencia".

Resultados alarmantes

El informe reveló que el 56% de las mujeres era migrante (30% internacionales y 26% interprovinciales) y el 48% no había completado el secundario, mientras el 38% se encontraba desocupada o realizaba tareas de cuidado sin remuneración y el 52% dependía económicamente de los denunciados.

Además, 7 de cada 10 mujeres tenían entre 22 y 39 años cuando denunciaron por primera vez y, en el 90% de los casos había hijos en común con el denunciado.

En cuanto a las denuncias, el 67% incluía violencia física, al tiempo que el 56% de las mujeres que las radicaron se hallaba en situaciones de alto o altísimo riesgo.

Cómo son los denunciados

Las características de los denunciados también advierten sobre las complejidades que atravesaban las mujeres que se acercaron a la OVD. El 79% de ellos presentaba un consumo problemático de sustancias psicoactivas o alcohol, el 19% tenía armas de fuego y el 2% pertenecía a las fuerzas de seguridad.

Violencia de género: rol de la justicia

El informe destacó, por otra parte, que todas las solicitudes de las denunciantes recibieron respuestas a través del dictado de medidas preventivas.

La Justicia Nacional en lo Civil dictó la prohibición de acercamiento en el 98% de los casos y de contacto hacia las mujeres afectadas en un 91% de ellos, la prohibición de acercamiento a niños, niñas y adolescentes (73%) y otorgamiento de botón antipánico (52%), entre otras.

Sin embargo, el trabajo advirtió que el patrocinio jurídico gratuito fue otorgado tan solo al 21% de las denunciante, mientras también fue bajo el alcance del tratamiento especializado en violencia de género que ofrece el Estado (11%).

Por último, la mitad de las mujeres denunciantes se separaron de sus parejas entre la primera y la última denuncia, el 30% mantuvo una relación intermitente y solo en el 8% de los casos no hubo una separación.

Sin embargo, el estudio del observatorio de género "Ahora que sí nos ven" puso en jaque el rol de la Justicia y destacó que 229 femicidios registrados en 2022, 40 víctimas habían realizado al menos una denuncia previa y 27 tenían medidas de protección.