Con la llegada del 2023, un nuevo impuesto está poniendo en alerta al sector del consumo. Desde el 1 de enero, aquellos envases de plástico no reciclado a los cuales no se le pueda dar una segunda vida quedan gravados con un impuesto especial.

El mismo impacta sin importar la finalidad del mismo; ya sean envases de comida, ropa envuelta, colonia o champú, el nuevo impuesto impacta con el objetivo de eliminar de manera gradual ese tipo de envases que puedan resultar perjudiciales para el medio ambiente.

DE QUÉ SE TRATA ESTE NUEVO IMPUESTO

El Ministerio de Hacienda comenzó a discutir este impuesto al plástico en febrero de 2020. Por ese entonces, la Comisión Europea les había dado a los países la oportunidad de acelerar la imposición de impuestos a este tipo de materiales, como también para aumentar la inversión del estado en fondos comunitarios.

En el caso de España, este impuesto sobre los plásticos se ve reforzado por la Ley de Economía Circular de Residuos y Suelos Contaminados, la cual fue aprobada el pasado mes de abril. El gravamen se aplica al plástico virgen, ya se trate de envases primarios, secundarios o terciarios.

PREOCUPACIÓN DEL SECTOR DE CONSUMO

La Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), quien se manifestó en contra del impuesto, estima que el impacto a las empresas será de 690 millones de euros. Para el conglomerado, las empresas españolas ya están castigadas por los mayores costos de producción y los altos tipos de interés, ambos productos de la inflación que afecta al país.

Las organizaciones que integran el sector han pedido en múltiples ocasiones una moratoria en la aplicación. También argumentaron que el impacto del gravamen impactará directamente en las familias, que deberán pagar más por los productos que entren en esta categoría.

LOS CASOS EN EUROPA

Cada Estado de la Unión Europea ha ido implementando diferentes medidas al respecto con los plásticos no reciclables. Si bien en algunos casos también son impositivas, la mayoría de estas no han entrado en vigor, lo que deja a España como el único país del bloque en haber aplicado una medida de este estilo.

En 2020 se estableció una nueva categoría de recursos propios de la Unión, la cual estaba basada en contribuciones nacionales calculadas en función de los envases de plástico que no se reciclan. De esta manera, cada país debe pagar 0,8 euros por kilo de residuo al cual no se le pueda dar un nuevo uso.