La noticia de que finalmente se licitará la telefonía 5G en el "primer trimestre" de 2023 en Argentina, según dijo el presidente del regulador Enacom, Claudio Ambrosini, es sólo aparente.

Es aparente, por un lado, porque la novedad del anuncio no es tal.

Ya lo había dicho el propio Ambrosini el 12/10 en el Smart City Expo World Congress, en Santiago del Estero ("el año que viene").

Y lo había afirmado el ministro Sergio Massa, el 28/9, cuando defendió el proyecto de presupuesto en el Senado ("en febrero de 2023"). Y antes lo anticipó otra vez Ambrosini, el 17/9, a Radio Brisas de Mar del Plata ("primeros meses de 2023").

Y lo dijo el vicepresidente de Enacom, Gustavo López, a la agencia oficial de noticias Télam el 14/9 ("el año próximo").

Y una vez más ya lo había anunciado indirectamente Ambrosini, el 17/7 a Perfil (2023, porque "este año no creo que lleguemos"). Y nuevamente lo mencionó, aunque esta vez fijando un plazo distinto, el mismo titular del Enacom el 14/2 en AM530 ("ya tenemos listo el pliego") y el 12/2 en Tiempo Argentino ("en seis meses").

Sin embargo, la oposición en el mismo Enacom se ha limitado a no decir casi nada, ni pidió explicaciones concretas sobre el tema.

Factores y factibilidad

Pero la noticia es también aparente porque existen factores que apuntan en contra de su factibilidad. Por un lado, dilaciones provocadas por promesas incumplidas previas, agravadas por situaciones conflictivas actuales.

Por otro lado, hay cabos sueltos que también conspiran contra una materialización efectiva de la idea o, por lo menos, de que se haga apropiadamente.

En marzo de 2021, en una "prueba" que se realizó en el Enacom con la presencia de Ambrosini, Massa y el entonces jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se afirmó que la implantación del 5G requería "una limpieza del espectro" y un "plan de espectro". Este último —según el coordinador de Asuntos Técnicos del Enacom, Sergio d’Uva— "estará este año" [por 2021].

"Enacom completará este año el plan de espectro y recién en 2022 tendría un cronograma de subasta 5G", titulaba el medio especializado Convergencia Latina, también en marzo de 2021.

El plan de espectro sigue desaparecido en acción. Para el mismo ya se hizo una consulta pública en 2019 (es decir, ya no hace falta auscultar más la opinión o requerimientos de partes interesadas en este punto, ni seguir analizando la situación del mercado).

Pero no fue aprobado. Como tampoco se cumplió la promesa de dictado de otro instrumento indispensable: un nuevo Reglamento de Espectro (para el cual se hizo la correspondiente consulta pública en agosto-octubre de 2021; nuevamente, no debe ya invertirse tiempo en este caso para recabar pareceres de empresas o especialistas, ni en analizar situaciones).

Si "está listo" el pliego y si se ha dicho todo en las consultas —sostendrán algunos— ¿por qué no se aprovecharon estos tres años para redactar (o dar a conocer) los planes y reglamentos y tomar las decisiones anticipatorias pertinentes?

Apenas una identificación

Es difícil, ante este panorama, que no vengan a la mente las palabras desidia e improvisación. Lo único que se ha hecho es "identificar" las bandas que pueden usarse para el 5G en Argentina (resolución 2199 del Enacom de diciembre de 2021).

Se trata de una declaración que —como se diría en inglés— es un no brainer, considerando que ya lo han hecho, hace rato, organismos multilaterales y países vecinos.

En realidad. esas bandas ya estaban semi-individualizadas en Argentina por el llamado "Documento base sobre la identificación de desafíos y necesidades de espectro radioeléctrico", dado a conocer por la Secretaria TIC en 2019.

"Identificar" las bandas no es lo mismo que un plan de espectro, ni es igual a tener un reglamento de especto actualizado. Ni siquiera equivale a difundir un cronograma anticipatorio de la licitación o concurso (más adelante se verán las diferencias) para el 5G.

Por otro lado, Argentina vio pasar desde fines de 2019 tres ministros de Economía, cuatro subsecretarios TIC (incluso uno que se fue, regresó y se volvió a ir). Y experimentó un cimbronazo provocado por el DNU que estableció el control de precios en las telecomunicaciones y, ahora, un caótico e imprevisible festival de regímenes cambiarios diferenciados.

Chile, Brasil y República Dominicana ya licitaron e implantaron el 5G con redes "puras" y en decenas de ciudades, mientras México, si bien no ha licitado aún espectro, tiene un extenso servicio 5G "no dedicado" DSS, es decir, sobre bandas de frecuencia 4G (lo que deriva un menor rendimiento), en 50 mercados. El caso de otros países latinoamericanos es similar.

Tanto México como las otras naciones licitarán el 5G "puro" en 2023, con planes de espectro ya trabajados, así como regímenes claros de obtención y uso de divisas.

(En Argentina Personal es la única compañía que ofrece 5G DSS desde principios de 2022 en zonas de Buenos Aires, Rosario y Mar del Plata y en Pinamar-Cariló. Hace un par de días realizó una presentación en un hotel de Puerto Madero. La empresa cree que para principios de 2024 el 30% de la población usará esta tecnología.

El camino del 5G y sus circunstancias

Estas cuestiones se ven ciertamente agravadas no solo por los consuetudinarios problemas macroeconómicos argentinos, sino también por otras circunstancias.

El vicepresidente de Enacom, Gustavo López, dijo en un tuit de abril de 2021: "Cuando licitemos el 5G, el que no cumplió con el decreto 690 no va a poder participar".

De mantenerse esta posición, esto dejaría afuera a todos los operadores actuales, que solicitaron una cautelar —concedida por la justicia de acuerdo a principios consagrados por la Constitución, típicos de cualquier estado de derecho— contra el control de precios dictado por el DNU 690.

Al mismo tiempo, López había manifestado que los diálogos con las empresas sobre una posible desjudicialización de la situación no continuaron porque "pedían como condición quitar la declaración de servicio público". Pero esa política, dijo a este medio a mitad de año, "está dando sus frutos".

En cambio, el entonces subsecretario Mateo Gómez Ortega había dicho poco antes que el DNU "requiere una revisión" para "desjudicializar la situación", ya que "el resultado no fue bueno".

La disparidad de enfoques se vincula a alineamientos políticos, con todo lo que implican ideológicamente, pero también con el juego de suma cero que supone un gobierno parcelado como el de Alberto Fernández.

En efecto, López responde a Cristina Kirchner, Ambrosini a Massa y Gómez Ortega estaba en su momento alineado con el actual jefe de Gabinete Juan Manzur, cuyo "volumen político" nunca se hizo efectivo.

"Estamos viendo"

Si algo faltaba era la propia admisión de Claudio Ambrosini, por la cual dijo abiertamente que el objetivo de la propuesta es "tener reservas genuinas". Es decir, recaudar para que las alicaídas reservas del Banco Central no sigan descendiendo.

En un diálogo con periodistas, el titular de Enacom reveló que cuando vuelva Sergio Massa de Indonesia "se discutirá el modelo de negocios de la subasta". Agregó que "estamos viendo" cómo traerán las divisas las empresas de telecomunicaciones y definiendo "el acceso a los dólares" para el equipamiento 5G.

La Secretaría de Comercio y la Aduana, dijo, "deben garantizar la importación de equipos". ¿Aseveración o pedido?

Y señaló que la banda inicial de espectro que se utilizará para el 5G tiene una "limpieza avanzada" En consecuencia, los servicios que funcionan allí (accesos inalámbricos punto a punto y punto-multipunto) y que deben retirarse para que se pueda iniciar el 5G, no está totalmente finalizada.

Hasta que esto no se concluya, el 5G podría dar lugar a interferencias. Esto no es un mero supuesto: las bandas 4G en 700 MHz adjudicadas en 2014 no se pudieron utilizar plenamente hasta 2016 porque en esa banda funcionaban señales de TV codificadas de empresas como Telecentro y otros.

Por un tiempo hubo interferencias de distinto tipo, aunque ocasionadas mayormente por canales de TV sin licencia que funcionaba entre la porción 51-69 UHF en el Gran Buenos Aires.

Las afirmaciones de Ambrosini dieron lugar a que al experto Enrique Carrier sostuviera que el gobierno blanqueaba un secreto a voces: "que su interés por 5G está motivado en el ingreso de reservas genuinas". Y que apenas a meses de la licitación "el modelo de subasta no está definido aún", para finalmente cerrar con una ironía: "nada puede salir mal…".

Cabos sueltos

Ante esta situación, es evidente que existen cabos sueltos que conspiran notoriamente para que la licitación e implantación del 5G llegue a buen puerto.

No está de más repasar entonces qué medidas y condiciones son necesarias antes de que el primer abonado argentino al 5G pueda encender su celular y conectarse con una radiobase "pura" de ese servicio. Esos prerrequisitos pueden resumirse en los siguientes puntos:

1. Definición internacional de las bandas: Es necesario que en principio las bandas estén atribuidas globalmente por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), un organismo especializado de las Naciones Unidas.

Esa atribución ya se hecho, de la misma forma que hace casi 100 años se definió internacionalmente la banda de radio AM o hace 70 la de TV.

Es un paso lógico para que los fabricantes internacionales puedan elaborar equipos para vender en todo el mundo. Y para que un abonado celular en Posadas, por ejemplo, no use un celular que interfiera con el servicio de radiocomunicaciones de la policía paraguaya en Encarnación.

2. Definición de las bandas específicas para Argentina, Ya se ha hecho a través de la citada "identificación" del Enacom. Son las bandas de frecuencias de 1500 MHz, 1770/2200 MHz, 2300 MHz, 3500 MHz, 26 GHz y 38 GHz.

Enacom informó que la licitación anunciada para 2023 se realizará para 3500 MHz, banda de frecuencia bastante utilizada internacionalmente para el 5G: conjuga posibilidad de buenos anchos de banda (velocidad) con alcance. (A menor frecuencia, mayor alcance —menos antenas— pero menos velocidad. Y a mayor frecuencia, menor alcance, pero mayor velocidad.)

Por lo que dice Ambrosini, esta banda no ha sido completamente "limpiada" todavía y deberán migrarse servicios existentes a otras bandas, como los de la empresa Datco (Silica Networks) y otros. ¿Se podrá hacer en unos meses, cuando procesos anteriores demoraron varios años?

En ocasiones anteriores, Enacom también anunció extraoficialmente preferencia por la banda de 28 GHz.

Aunque no está entre las identificadas, en el orden internacional se utiliza también la de 6 GHz, también de buena conjunción alcance/velocidad. Pero hay un tremendo debate mundial, con fuertes lobbies incluidos, sobre si conviene reservar esta banda al 5G o a la nueva generación de dispositivos Wi-Fi.

Argentina deberá decidir, no inmediatamente, si usa esta banda para 5G o para Wi-Fi (hay naciones que la han divido salomónicamente en dos para ambos desarrollos).

3. Nuevo Reglamento de Espectro. Debe aprobarse para que se puedan usar esas bandas de acuerdo a ciertos parámetros (tecnologías de modos de emisión, entre otros). No se hizo y no se conoce ningún proyecto aún.

Aquí también hay que tomar la decisión de si se establece y hasta qué punto un "mercado secundario" de espectro. Esto significa que los operadores (los futuros adjudicatarios de la licitación) pueden vender o ceder en alquiler total o parcialmente sus frecuencias a otros operadores existentes o incluso a nuevos.

Esta modalidad introduce un gran factor de dinamismo operativo y permite que el espectro se subdivida o se aglutine según necesidades de mercado.

Existe cierta reticencia del Enacom sobre esta figura por temor a alguna concentración económica perjudicial. Pero la situación se resuelve con una entidad antimonopolio eficaz (que actualmente carece de independencia y de una gestión adecuada) o caps (limites) razonables de espectro por cada compañía (hoy existentes si bien han quedado algo desacompasados por la evolución tecnológica y del mercado).

Más decisiones

4. Plan de espectro. Establece la canalización concreta de las bandas, las porciones de espectro (nacionales, regionales) y las localizaciones que debe usar cada operador, de todo que cada uno de ellos no se interfiera o interactúe perjudicialmente con los otros.

Esto incluye a los operadores de 5G otros países en zonas limítrofes, lo que demanda un proceso de coordinación con los reguladores de las naciones vecinas.

No se hizo y no se conoce ningún proyecto aún. Se cree que se asignarían bloques nacionales de 100 MHz a tres operadores celulares, evidentemente los tres actuales, aunque podría verse si hay posibilidad de un cuarto.

5. Determinar el modelo de subasta o licitación-concurso. La subasta es el simple remate de las frecuencias al mejor postor. La suma pagada, normalmente de cientos de millones de dólares, ingresa al poder concedente (el Estado) y los ganadores luego desarrollan el servicio, con algunas obligaciones.

El concurso, por otro lado, también llamado beauty contest ("concurso de belleza"), si bien puede exigir algún canon cuyo monto ingresa igualmente al Estado, prefiere que las compañías ganadoras usen el dinero en compromisos de inversión (despliegue, infraestructura, tecnología) en beneficio de los consumidores, en lugar de transferir grandes sumas al fisco.

No se ha determinado aún. Pero considerando que ya se han proclamado fines recaudatorios para el 5G en Argentina, se supone que el modelo estará más cercano a la subasta.

6. Equipos homologados y autorizados. Generalmente los reguladores argentinos aprueban equipos ya "homologados" en otras latitudes. A la vez, el Enacom no tiene poder para decirle a los operadores qué marcas de equipos usar.

En Estados Unidos y algunos países —ninguno de América Latina— se ha prohibido el uso de ciertos equipos de las chinas Huawei o ZTE por razones geopolíticas. (De hecho, Personal usa en parte equipos Huawei en sus redes 5G.)

No es probable que nada de esto ocurra en Argentina. Pero por el tipo de relación que tiene el gobierno actual con China —con acuerdos firmados con Beijing por el presidente Fernández a principios de este año— no es alocado pensar que equipos chinos puedan recibir algún trato preferencial en términos aduaneros, cambiarios o bancarios.

7. Decisiones comerciales cambiarias y aduaneras aplicables a la importación e instalación de equipos. Implica que la Jefatura de Gabinete, la AFIP, la Aduana y la Secretaría de Comercio decidan y se coordinen al respecto. Según lo que se sabe y las palabras de Ambrosini, no hay nada aún sobre este punto.

8. Armonización y adecuación de legislaciones nacionales, provinciales y municipales para facilitar el despliegue de antenas. El 5G implicará usar hasta 10 veces más antenas (radiobases) que las actuales, muchas instaladas a baja altura en calles, casas, edificios, etc. De no hacerse esto, el despliegue del 5G mediano plazo enfrentará dificultades muy prácticas y tangibles, diferentes de las económicas, técnicas o regulatorias.

Recién cuando estén resueltos todos estos temas (excepto el 8, que puede considerarse menos urgente) y cuando se comuniquen como certezas, dando unos meses a las empresas a prepararse, podrían realizarse las licitaciones de la manera debida.

Promesas y realidades

¿Se podrá hacer todo esto en tres, o aun en cuatro o seis meses?

Es la misma razón por la cual Coca Cola o Visa, por ejemplo, rara vez se van de una nación, por peores que sean las condiciones. El propio Massa dijo que el 5G será "un tractor" para la economía.

Sin embargo, es obvio que las mismas empresas TIC no podrán incorporarse al 5G si no se realizan las licitaciones o se hacen de una forma extremadamente inadecuada, en tiempo o condiciones.

La previsión del Presupuesto —ya aprobado en Diputados— calcula que se recaudarán 1400 millones de dólares. Para un Banco Central que hoy cuenta con reservas netas para intervenir en el mercado de 4000 millones de dólares, se trata de una cifra nada desdeñable.

Pero en declaraciones para iProfesional, uno de los principales expertos del país en regulación de las TIC, un abogado que habló a condición de no ser mencionado, opinó que esa cifra de recaudación calculada para el 5G es "una locura, inviable".

"Las empresas no están ‘apretadas’ de espectro", agregó, como en la última licitación de 2014 (para el 4G) —en las que se recaudaron 2233 millones de dólares— y si "finalmente se hace para el 5G será un acto recaudatorio", señaló.

El especialista no dejó de mencionar el DNU 690, y los problemas derivados "del cepo cambiario".

Brasil, agregó la fuente, "se preparó" por varios años: desregularon las pequeñas compañías e incluso favorecieron el despliegue de antenas.

En última instancia dijo, "hay que hacer lo que hacen todos": es la paradójica ventaja de que el país "sea furgón de cola, corriéndola de atrás". Al menos, se puede copiar lo que está bien hecho en otros lados, razonó el abogado, y ahorrarnos así caminos tortuosos.