El anteproyecto del Código Penal que el Gobierno presentará en marzo en el Congreso incluye un artículo que le da más fuerza al nuevo Protocolo de uso de armas para Fuerzas Federales de Seguridad, que firmó la ministra Patricia Bullrich hace poco más de una semana y que generó tensiones entre los socios de Cambiemos.

Se trata específicamente de un nuevo inciso en el artículo 34, dedicado a los casos que no serán punibles. En total, el anteproyecto que el oficialismo empuja incluye 9 incisos. El número 4 se refiere a los integrantes de las fuerzas policiales. “El que obrare en cumplimiento de un deber o en el legítimo ejercicio de su derecho, autoridad o cargo. El miembro de alguna fuerza de seguridad pública, policial o penitenciaria que, en el cumplimiento de su deber, y en uso de sus armas en forma reglamentaria, cause lesiones o muerte”, dice el texto elaborado por una comisión de juristas y supervisado por la mesa judicial del oficialismo.

La semana pasada un funcionario con despacho en la Casa Rosada, algo molesto por la presunta falta de precisión periodística, afirmaba que el Protocolo estaba incluido para todas las fuerzas en el nuevo Código Penal y que obligaría a todas las provincias a adherir “de hecho”.

En rigor, no será así: el nuevo proyecto apela a los respectivos protocolos de seguridad de cada jurisdicción. Cada agente de cada fuerza será juzgado según su propio protocolo, si el nuevo Código es aprobado con el inciso en cuestión. En el caso de Prefectura, Gendarmería y Policía Federal, por el Protocolo firmado por Bullrich, que sirvió para homogeneizar los reglamentos de las tres fuerzas.

Cerca de la ministra explicaron que el Código Penal vigente solo estaba enfocado en la defensa propia de los civiles más que en las fuerzas de Seguridad. Solo se explicitaba a aquellos que obraran en “cumplimiento del deber” y por “obediencia debida”.

El juez Mariano Borinsky, integrante de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación y responsable de la Comisión para la reforma del Código Penal en la que participaron más de 500 profesionales, valoró el inciso añadido. \"El artículo 34 inciso 4 establece por primera vez la condición en que no será punible que un miembro de una fuerza de seguridad que en cumplimiento de deber y en uso reglamentario de su arma cause lesiones o muerte. Sin este inciso, faltaba la ley marco\", sostuvo el magistrado.

La salvedad es que el uso reglamentario de armas quedará definido por cada uno de los protocolos provinciales.

Otros de los jueces que integran la comisión que consensuó el nuevo Código afirman que la intención original del Ejecutivo era aprobar el Código en mayo junto a la publicación del nuevo Protocolo. Los juristas rechazan la viabilidad de sancionar un reglamento unificado para todas las fuerzas nacionales y provinciales, porque violaría la autonomía de los distritos. En el Gobierno, también lo descartan. 

Bullrich no cree que haya consenso para ​eliminar ese inciso del anteproyecto, que el Gobierno quería tratar este año y la discusión por la legalización del aborto lo dejó afuera del debate. “¿Cuántos criticaron el Protocolo? La enorme mayoría acompañó”, afirma en la intimidad.

Sin embargo, buena parte del arco opositor y una fracción del oficialista objetaron el Protocolo de Bullrich. Entre los últimos -los propios de Cambiemos- se cuentan desde Elisa Carrió a Ricardo Gil Lavedra, el jurista y referente del radicalismo que tiene a su cargo la implementación del Programa Justicia 2020.

“Advertimos sobre el efecto pernicioso que esto puede tener, no sólo en las fuerzas federales sino también en las policías provinciales. La gravedad y complejidad del problema de la inseguridad no admiten soluciones simplistas o reduccionistas o acciones aisladas. El camino escogido no es el adecuado para proporcionar seguridad a los agentes de las fuerzas y no inhibirlos en el cumplimiento de sus funciones. Las medidas inmediatas son necesarias pero suelen ser efímeras o contraproducentes”, señala la publicación de varios socios del Club Político Argentino, que lleva las firmas de -además de Gil Lavedra- el diputado radical Facundo Suárez Lastra.

En el ministerio de Justicia, cerca de Germán Garavano, señalan que el nuevo inciso le da valor al Protocolo. “Deja librado a reglamento el accionar de las fuerzas de Seguridad”, explican.

Fernando Soto, director de ordenamiento y adecuación normativa de las fuerzas policiales del ministerio de Seguridad valora el nuevo inciso. “Me parece correcto el agregado, el código nunca había aclarado antes qué es obrar en cumplimiento del deber. Ningún Gobierno había establecido qué es obrar conforme al cumplimiento del deber”, explicó. Ahora será conforme al protocolo que establezca cada jurisdicción.

El también abogado de Luis Chocobar precisó que el nuevo inciso ayuda a eliminar el concepto de la ley penal en blanco. “Es como la ley de drogas, que tiene conceptos dinámicos que pueden ser ajustados”, afirmó.

En el ministerio de Seguridad se despegaron de los dos prefectos que invocaron el nuevo protocolo de uso de armas luego de matar a un hombre en Oberá, Misiones. Señalan que el abogado que los representa es privado y que no se aplica ninguno de los preceptos establecidos en la legislación oficial.

Bullrich, en tanto, no abandona la misma idea -temeraria, en un año electoral- que propuso Carrió, su nueva rival interna, para descomprimir la crisis: que el Protocolo sea discutido en el Congreso y tenga valor de ley.  

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