La ministra de Bienestar Ciudadano, Adriana Chapperon, respondió a los cuestionamientos del legislador Raúl von der Thusen, quien había denunciado públicamente que el Gobierno provincial no había dado respuesta a un pedido de informe sobre el censo de personas con discapacidad y otras cuestiones vinculadas a las pensiones y la asistencia social.

En este contexto, la funcionaria desmintió los dichos del parlamentario y brindó detalles sobre el trabajo que se viene realizando en la provincia para relevar la cantidad de personas con discapacidad y garantizarles el acceso a los derechos que les corresponden.

Chapperon explicó que en la actualidad existe un relevamiento de personas con discapacidad en la provincia, aunque reconoció que el último censo nacional se hizo por regiones, lo que dificultó obtener datos específicos por provincia.

“El año pasado, en el Consejo Federal de Discapacidad, se acordó con Nación que LANDIS (Legado Nacional de Discapacidad) comenzaría este año un censo específico por provincia para tener datos más precisos”, detalló la ministra.

A pesar de esta limitación, la funcionaria aseguró que el Gobierno provincial sí tiene un registro actualizado de las personas con discapacidad asistidas en Tierra del Fuego y que, además, se está realizando un relevamiento del cumplimiento del cupo laboral del 4%, tanto en el Estado como en las empresas bajo el régimen de la Ley 19.640.

En base a los registros oficiales, la ministra detalló las cifras actuales: 1.021 personas con discapacidad reciben asistencia del Estado, 76 personas bajo la Ley 389 (pensión por vejez), 946 personas con discapacidad están afiliadas a la obra social OSEF y 69 personas bajo la Ley 389 también utilizan la obra social.

Estos números desmienten la afirmación de que no hay información clara sobre la población con discapacidad en la provincia.

Chapperon también aclaró la situación del financiamiento de las pensiones y destacó que estos beneficios son cubiertos exclusivamente por la provincia, desmintiendo que haya falta de recursos provenientes de Nación.

“Las pensiones por discapacidad son financiadas íntegramente por la provincia. En febrero se pagaron 993.699.666 pesos en pensiones para personas con discapacidad y 38 millones en pensiones por vejez”, especificó.

La ministra explicó que el único ingreso externo que recibe la provincia para estos pagos proviene del IPRA, en concepto de premios de la quiniela local. En enero, el IPRA aportó 6.380.207 pesos con 82 centavos. En febrero, el monto ascendió a 6.469.513 pesos con 31 centavos. Estos fondos representan un porcentaje mínimo en comparación con el gasto total que realiza la provincia para garantizar estos derechos.

Uno de los puntos que generó polémica fue la deuda con la obra social OSEF, sobre la cual Chapperon brindó aclaraciones.

“Es cierto que existe una deuda con OSEF, pero no es nueva, sino que se arrastra desde el año 2009. Desde que asumimos, trabajamos en la certificación de esa deuda para poder avanzar en los pagos y regularizar la situación”, indicó la ministra.

Asimismo, explicó que el principal gasto en el sistema de pensiones RUPE está destinado a medicamentos de alto costo y asistencias domiciliarias, lo que representa un desafío económico importante para la provincia.

“El gasto en medicamentos, especialmente los oncológicos, es muy alto. Estamos haciendo un relevamiento paciente por paciente, casa por casa, para verificar necesidades reales y agilizar la entrega de insumos”, subrayó.

La ministra criticó el discurso del legislador Von der Thusen y lo acusó de utilizar la discapacidad como una herramienta política sin acercarse a conocer la realidad del sistema.

"Si alguien conoce un caso donde una persona con discapacidad no esté siendo asistida, le pedimos que nos lo haga saber. La gran mayoría de las personas en situación de vulnerabilidad se acercan a la Secretaría de Discapacidad y no se les niega asistencia", afirmó.

Chapperon concluyó asegurando que el Gobierno de la provincia está trabajando activamente para mejorar la situación de las personas con discapacidad y que, si bien existen dificultades, se están tomando medidas concretas para optimizar los recursos y garantizar la asistencia a quienes la necesitan.