La Presidenta del IPVyH, Arq. Laura Montes, dialogó con Radio Nacional Ushuaia donde se refirió a la situación actual que atraviesa el Instituto, desde las proyecciones hasta la demanda actual registradas en el padrón y las complicaciones que genera la deuda que mantiene el FONABI.

Al respecto, indicó que “hay en marcha unas 500 viviendas. En Ushuaia están todas en el río Pipo y en Río Grande tenemos parte en Chacra 13, en Chacra 9 y en el barrio CGT. Son viviendas colectivas, viviendas en propiedad horizontal, departamentos, y últimamente, salvo en Tolhuin, estamos generando este tipo de tipologías que representan una mayor densidad por el precio de la tierra y de la infraestructura.

Están en ejecución, están pasando la veda y hay varios factores que hay que todavía resolver para determinar fehacientemente cuándo van a terminar las viviendas. Obviamente tenemos un plan de trabajo que va desde diciembre a marzo del año que viene, las diferentes entregas, pero en el contexto actual de precios que tenemos para la construcción, hemos tenido algunos reclamos de las contratistas en la dificultad de poder comprar insumos. Cuando empiece a reactivar la construcción, ahora a fines de septiembre, principios de octubre, como todos los años, ahí vamos a ver la realidad actual, la verdad que estamos expectantes para ver cómo sigue, atado todo lo que es el contexto político que nos atraviesa”.

En este sentido, remarcó que “si bien nosotros somos netamente técnicos, todas estas situaciones de ejecución de obra siempre están atadas a este contexto. Tenemos planes de trabajo que van desde diciembre a marzo del año que viene y las primeras en entregarse serían las que están acá en Chacra 13 que son 54 viviendas que están haciéndose con fondos propios. Nosotros tenemos respaldadas todas las obras con nuestros planes de trabajo, pero no podemos ser ajenos a la realidad”.

Consultada sobre qué sucede con los fondos del FONABI, explicó que “este fondo es el que, por coparticipación mantiene en trabajo a todos los IPV y creo que también a Vialidad. Dependen muchas coparticipaciones de ese impuesto a los combustibles que estaba frenado hace más de 21 meses, por lo cual, hay una gran pérdida en la recaudación, la que nos incluye, porque el goteo no se ve reflejado en lo que estaba previsto. A fines del año pasado, hubo una previsión a nivel nacional de 2.900 millones de pesos, que es lo que teníamos previsto nosotros en nuestro presupuesto, que no se vio reflejado, en el transcurso del año hasta este mes. Llevamos menos de la mitad de eso”.

A raíz de esta situación, “nosotros estamos achicando gastos a nivel institucional y tenemos dos convenios de asistencia por parte de la Provincia para poder sobrellevar las obras con fondos propios, y por otro lado, tenemos el financiamiento nacional para las viviendas de casa propia. Estas también están teniendo un retraso en el pago, por lo cual, las contratistas, si bien siguen con las obras con cierto retraso en recibir el pago de sus certificados. Estamos recibiendo recién los fondos para parte de mayo, o sea que hay un retraso considerable también en el cobro de los certificados por parte de las contratistas”.

La funcionaria provincial detalló que “nosotros licitamos bajo la Ley de Unidad de Vivienda (UVI) que es una variable que tiene una actualización diaria. A veces acompaña al ritmo inflacionario, a veces se queda, pero en general va acompañando a la inflación. No a la que hubo al gran salto que hubo en agosto, que fue superior al 30%, por lo cual, ya la Cámara de la Construcción está previendo de ver cómo se acomodan los precios porque tenemos que seguir viendo cómo se van generando estos equilibrios. Por ahí la UVI alcanza ese nivel, o por ahí no, es lo que vemos cotidianamente. Hoy por hoy la UVI está en 270 pesos, por lo cual, ya de un mes y medio esta parte, de 330 mil pesos al metro cuadrado se fue a casi 400 mil”.

Respecto a las licitaciones, “el IPV, administrativamente, ha hecho todo el trabajo que se debía hacer, estamos mandando las últimas licitaciones, los últimos datos que nos piden respecto de las contratistas preadjudicadas o que han salido las diferentes ofertas, pero, bueno, estamos esperando. Nosotros hacemos el trabajo administrativo como corresponde y, por otro lado, esta incertidumbre de saber qué va a pasar. No deja der ser algo que nos impide proyectar porque creo que todos estamos en la misma situación de ver qué va a pasar, esperando señales también de nación. Logramos saltar todos los certificados adeudados en este periodo para darle un impulso mayor, si bien las contratistas están cumpliendo con sus planes de trabajo, pero a principios de octubre el escenario aún es poco predecible. Hasta el día de hoy nosotros no tenemos ninguna nota respecto de ningún pedido ni de paralización.

Obviamente, mantenemos diálogo con las contratistas, que nos dicen esto de los precios, y más allá del gran aumento de precios es que no hay por ahí proveedores que se comprometan a cumplir con las entregas. Por ahí el hierro, el cemento, nosotros trabajamos con perfiles de PVC que son importados para las aberturas; nosotros tenemos instalaciones domiciliarias, pero de todos modos los materiales de gas y electricidad duplicaron el monto. Esto es cíclico, no sé si esto se replica por ahí lo que habríamos pasado en 2001, pero bueno, es un escenario que tenemos que tener en cuenta para ver cómo se resuelve en el corto plazo y se puedan seguir ejecutando las viviendas. Como experiencia, aunque sea con delay, aunque sea con un cierto parate, siempre se han terminado las viviendas, no hemos tenido estas de grandes demoras en poder terminar las viviendas. Si nos acompañara otro FONABI podríamos afrontarlo con los propios, por eso estamos expectantes de qué es lo que se va a equilibrar primero”.

Con respecto a la disponibilidad de tierras, la Arq. Montes comentó que “a corto y mediano plazo todavía tenemos tierras en el río Pipo, hay obviamente muchísima diferencia en instalar una obra en las diferentes ciudades por la geografía. Las obras complementarias, las obras previas, que son las que financia siempre el IPV, son muchísimo más caras en Ushuaia. Una casa hoy cuesta 30 millones de pesos, el 10% de ese monto en Río Grande es lo que significa la infraestructura; los nexos de infraestructura son por ahí las elevadoras o algún pluvial o algo que esté fuera de lo que es netamente domiciliario. En Ushuaia asciende ya al 30 y 35%. El gran movimiento de suelo que hay porque hay aterrazamientos, porque en un predio se puede encontrar roca, turba y suelo conformado tranquilamente”.

“El horizonte de tierras tienen que ver muchos actores, obviamente el IPV está incluido, para decidir cómo es la proyección del crecimiento de la ciudad en Ushuaia. Nosotros estamos trabajando sobre un proyecto público-privado y la experiencia que habíamos tenido no había sido buena, porque en su momento se terminó la gestión nacional y el IPV tuvo que hacerse cargo de seguir pagando las viviendas, por lo cual es un fideicomiso, si se quiere, defectuoso, que está por ser recién ahora disuelto, que es el de las viviendas de ATE de Río Grande, que fue entre IPV, el Banco, el Municipio y Nación, no se pudo concretar el cobro y el resarcimiento para poder seguir invirtiendo en viviendas, por lo cual vamos para adelante, de acá para adelante es poder solucionarlo, poder cobrar ese dinero de esas cuotas de esas viviendas para poder seguir trabajando. Y de lo que estábamos trabajando, que es un proyecto, son operatorias especiales, porque el IPV tiene un perfil netamente social, no hay segmentación de la demanda, no hay diferenciación, nosotros adjudicamos, si bien tenemos cupos, pero por antigüedad de inscripción, entonces podremos hacer una prueba piloto de alguna operatoria especial con algún gremio, que tenga que ver con lo público-privado”.

Por último, fue consultada sobre qué resultados arrojó el programa para la cancelación anticipada de los créditos de viviendas e indicó que “nosotros hemos estado trabajando este año muchísimo para poder conseguir el financiamiento de diferentes sectores. Igualmente, esto de la cancelación anticipada, cada cierto tiempo en donde se acumula la cantidad de adjudicatarios, se hace. Hace 15 años, aproximadamente, que no se hacía, ahora se vuelve a hacer porque tenemos gran cantidad de adjudicatarios que pagan una cuota mínima, por lo cual trae, en primer lugar, un beneficio para el adjudicatario que tiene una quita de intereses y, por muy poco dinero, puede pagar su vivienda, su solución habitacional y puede acceder al dominio, al perfeccionamiento del dominio y finalmente a su escritura. Y, por otro lado, para el IPV también, es una limpieza de todo el dispendio administrativo que tenemos para poder cobrar estas cuotas; tenemos cuotas de 200 pesos, 500 pesos. Hoy una vivienda que se entregó en 2015, hoy con un millón de pesos, un millón y medio de pesos, la termina de saldar, o sea que me parece que es una oportunidad que tiene que ser tenida en cuenta para la gente que quiere regularizar su situación”.