En una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, el vocero presidencial Manuel Adorni confirmó que el Gobierno enviará al Congreso la Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral, un proyecto que propone la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y una serie de modificaciones profundas en la Ley Orgánica de Partidos Políticos y en el sistema de financiamiento electoral.
Transformación del sistema electoral
Las PASO, calificadas por Adorni como "una encuesta millonaria al servicio de la política", tuvieron un costo histórico de más de 45.000 millones de pesos en 2023, una cifra que, ajustada a valores actuales, sería aún más significativa. Además, el vocero destacó que, desde su implementación en 2011, solo diez partidos utilizaron este mecanismo para elecciones presidenciales, y el 40% de ellos no alcanzó siquiera el 1,5% necesario para participar en las generales.
En reemplazo, el Gobierno plantea redirigir los recursos destinados a estas elecciones hacia áreas más prioritarias, buscando reducir el desgaste político y económico que supone el actual sistema.
Nuevos requisitos para los partidos políticos
El proyecto también endurece las condiciones para el funcionamiento de los partidos. Entre los cambios propuestos, las agrupaciones deberán contar con un mínimo del 0,5% de afiliados del padrón electoral, en lugar del actual 0,4%. Además, los partidos nacionales estarán obligados a tener presencia en al menos diez distritos, frente a los cinco requeridos actualmente.
Otro punto destacado es la creación de una plataforma digital para facilitar las gestiones de afiliación y revalidación, con un plazo de adecuación hasta 2026. Estos cambios buscan evitar la proliferación de "sellos de goma", organizaciones que operan con fines meramente recaudatorios.
Modificaciones al financiamiento electoral
El sistema de financiamiento también sufrirá modificaciones significativas. Entre ellas, se eliminará el financiamiento público para las campañas, estableciéndose un único aporte anual proporcional a los resultados electorales. Asimismo, los medios ya no estarán obligados a ceder espacios gratuitos para publicidad electoral, mientras que los topes de aportes privados serán ampliados.
Por otro lado, se reducirá el período de prohibición para realizar encuestas electorales, pasando de ocho a tres días previos a los comicios, y se creará la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral.
El impacto social y político del proyecto
Adorni señaló que la reforma busca aliviar el "agotamiento" de los ciudadanos causado por la constante actividad electoral, argumentando que "la sociedad argentina prácticamente vive en campaña". Este desgaste, afirmó, no ha contribuido a una mayor participación, sino que ha generado descontento, desviando recursos públicos hacia disputas internas de la política.
El proyecto, elaborado por la secretaria de Planeamiento Normativo, María Ibarzábal, está previsto para ser tratado en sesiones extraordinarias. Mientras algunos sectores sugieren que podría debatirse en paralelo con el Presupuesto 2025 para redistribuir los fondos de las PASO hacia otras áreas, otros advierten que este movimiento podría generar tensiones con la oposición, especialmente con el PRO, que prefiere mantener las primarias aunque no sean obligatorias.
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