El bloque legislativo de La Libertad Avanza volvió a poner sobre la mesa el debate sobre la acuicultura en la provincia. Tras el fracaso del año pasado en lograr que su iniciativa fuera tratada en comisión, el espacio presentó un nuevo proyecto el pasado martes 22 de abril con un enfoque más moderado, que propone modificar —y ya no derogar completamente— la Ley Provincial N.º 1355, que desde 2021 prohíbe el cultivo de salmónidos en aguas lacustres y marítimas.

A diferencia de la propuesta anterior, que buscaba eliminar la normativa vigente, esta nueva iniciativa plantea reformas puntuales con el objetivo de “fomentar el desarrollo sostenible de la acuicultura, maximizando sus beneficios económicos, garantizando el control y promoviendo la disminución del impacto ambiental”.

Uno de los cambios centrales radica en el artículo 1 de la ley. Si bien se mantiene la prohibición del cultivo y producción de salmónidos en ambientes naturales, se elimina el fundamento de dicha restricción, que indicaba que la medida respondía a la necesidad de “asegurar la protección, preservación y resguardo de los recursos naturales, los recursos genéticos y los ecosistemas lacustres y marinos”.

El nuevo texto también propone habilitar de forma explícita el uso de tecnologías de cultivo controlado como el Sistema de Recirculación Acuícola (RAS) y otros métodos similares que sean aprobados por la autoridad de aplicación. De esta manera, se buscaría llenar el vacío normativo que existe actualmente respecto a estas prácticas.

Además, el proyecto contempla una flexibilización en las condiciones que hoy rigen para los cultivos de trucha ya autorizados. Entre los cambios, se destaca la eliminación del límite anual de 50 toneladas de producción y la restricción a las especies permitidas (actualmente trucha arco iris, marrón y de arroyo).

En cuanto a los emprendimientos que ya están en funcionamiento, el proyecto establece que podrán seguir operando siempre que cumplan con las pautas que defina la autoridad de aplicación. En el caso de nuevos desarrollos, será ese mismo organismo el encargado de fijar los topes de producción y las especies autorizadas, “garantizando la sustentabilidad económica del proyecto".

Cabe recordar que la propuesta anterior, impulsada por los legisladores Gracianía y Coto, no logró avanzar por la resistencia política que predominaba entonces, tanto en el oficialismo como en otros bloques. Sin embargo, el panorama parece estar cambiando: en la apertura del período legislativo 2025, el gobernador Gustavo Melella se mostró a favor de revisar la legislación actual. En esa oportunidad, sostuvo que “es necesario avanzar en la modificación de la ley vigente para abrir la puerta a nuevas inversiones que generen empleo”.