Ayer el secretario de Malvinas, Antártida y Asuntos Internacionales del Gobierno, Andrés Dachary, se refirió a la información actualizada, al actuar de los distintos organismos que deben interferir en el asunto y al tratamiento que hubo en la Legislatura respecto a la instalación del radar perteneciente a la empresa LeoLabs en la estancia “El Relincho” a unos 10 kilómetros de la localidad de Tolhuin.

Tras una entrevista que brindó a FM Aire Libre, el funcionario Andrés Dachary dijo que “fuimos convocados por la legislatura a partir de toda esta controversia que se ha generado con la instalación de esta estación en lo que es la ciudad de Tolhuin, en la cual además de compartir toda la información que se cuenta desde el Ejecutivo de la provincia que es toda la información oficial que hasta el día de hoy han emitido los distintos organismos nacionales que están involucrados”.

En ese marco, señaló que en dicha reunión con el cuerpo legislativo se planteó “la posibilidad de un trabajo conjunto, en la primera instancia para transparentar, para acceder a toda la información con los distintos niveles de sensibilidad que esto implica y por supuesto tomar acciones, llegado el caso, de que se comprueben todas las exageraciones que se están haciendo desde distintos ámbitos para impedir que esto suceda e inclusive probablemente revisar nuestras propias normativas que hoy no contemplan situaciones con estas características”.

Entonces, puntualizó en los argumentos del Gobierno Provincial ante la instalación del radar “esto inicia en noviembre del año pasado con una autorización que emite lo que es la Subsecretaría de Comunicaciones, que se encuentra en el ámbito de lo que es la Jefatura de Gabinete de Ministros del Gobierno Nacional, ante un proyecto presentado por la empresa Leo Labs SRL, ya para el mes de marzo, ya con obviamente la aprobación y donde se empiezan a desarrollar los primeros pasos para consolidar la instalación de este emprendimiento, justamente aquí en la provincia de Tierra del Fuego”.

Agregando que “por un lado, tanto lo que es la embajada de los Estados Unidos, como por otra parte, nuestra propia embajada ante los Estados Unidos, celebran la iniciativa enmarcándolo en lo que es la radicación de inversiones extranjeras en un sector estratégico, como todo lo que tiene que ver con la actividad aeroespacial”.

Pasado los memes “en el mes de junio, a partir de distintas informaciones periodísticas, de distintas notas de opinión que empiezan a sucederse, tanto en un ámbito provincial, nacional como internacional, se revé realmente esto, opinando si se quiere que esta tecnología podría tener una funcionalidad dual, que esta situación podría afectar lo que son intereses nacionales y demás”.

Por lo cual, el funcionario señaló que “se suspende la autorización precaria, quizás pueda llamar la atención el concepto de precario, pero todas las autorizaciones que da esta Secretaría tienen esta entidad, es decir, este carácter de no ser permanentes o no ser definitivas, y esta decisión se toma a partir de una intervención del Ministerio de Defensa, que el Ministerio de Defensa no pide la suspensión, sino que pide más información al respecto, con lo cual la subsecretaría accede a esto y a su vez pide lo que es la intervención del Ministerio de Defensa y de la Cancillería Nacional”.

Indicando que desde la Subsecretaría de Comunicaciones dijeron que “vamos a posponer esto, lo vamos a poner en stand-by y necesito que estos dos ministerios del Gobierno Nacional también se involucren. El 30 de junio hay una misión acá en nuestra provincia, entre funcionarios nacionales de la jefatura del gabinete y autoridades de la empresa, en la cual se hace una auditoría respecto a qué era lo que se había desarrollado, si estaba cumpliendo, si la tecnología instalada cumplimentaba con lo que es el proyecto y esta auditoría no encuentra ninguna observación negativa al respecto”.

Por lo tanto, Dachary remarcó en base a dicha auditoria “para sorpresa de todos, en una primera intervención no oficial del Ministerio de Defensa, el pasado 9 de julio, y en un dato oficial del jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, del General Paleo, con un diagnóstico totalmente lapidario respecto a esta instalación, que salía en un medio nacional diciendo que la erradicación o la instalación de esta antena, resulta totalmente incompatible con la misión militar”.

En razón de estos datos, sostuvo que “tenemos un área de gobierno que le está diciendo a otra área de gobierno que fue aprobado algo que obviamente va a contraer los intereses de la nación que es funcionar a los británicos por este motivo, entendiendo obviamente la gravedad y entendiendo por supuesto el altísimo rol que cumple el general Paleo dentro de lo que es la estructura del Ministerio de Defensa es que por un lado la legislatura va a convocar al general Paleo a una reunión urgente justamente para que exprese todos estos contenidos”.

Adelantando que “desde el Ejecutivo, el día de hoy, el Gobernador va a estar enviando una nota al General para que esto que lo dijo, si se quiere, en un canal informal, como puede ser un medio de comunicación, sea ratificado por un medio institucional para que ahí sí la Provincia pueda actuar en consecuencia. Porque al día de hoy, con toda el agua que ha corrido debajo del puente no hay absolutamente ninguna nota de todos los organismos que han tenido algún grado de intervención que digan algo negativo respecto a la iniciativa”.

Por otro lado, explicó las razones por las que la Provincia no puede interferir en este hecho “primero, en una decisión política me animaría a decir, la observación que se hace desde el gobierno de la provincia, en lo cual lo hemos afirmado en distintas oportunidades, es una situación insalvable más allá de que en un futuro todos los organismos nacionales estén de acuerdo y demás y querían que esto está aprobado, que no van contra ninguna ley y demás, el hecho de que parte de la composición social de la empresa hay una empresa británica, que es la que tiene un 5% y un 95% una empresa de origen irlandés”.

Agregando que “la empresa es 100% estadounidense, con sede en Silicon Valley, ahora todo lo que tiene que ver con la defensa, todo lo que tiene que ver con las relaciones exteriores, y todo lo que tiene que ver inclusive con el sistema de comunicaciones, son así como hay funciones que son de los gobiernos nacionales, funciones que son de los gobiernos provinciales y funciones que son de los gobiernos municipales, en este caso las 3 áreas que tienen la conferencia primigenia son del Gobierno Nacional”.

A su vez, hizo hincapié en los dichos que había realizado meses atrás el Gobernador en torno a que no se iba a instalar el radar en la provincia y el comunicado del Ministerio de Defensa “en lo que es participación del Ministerio de Defensa no ha habido todavía. De hecho, la suspensión que otorga la Subsecretaría de Comunicaciones pide específicamente la intervención tanto de la Cancillería como del Ministerio de Defensa, cosa que hasta hoy no ha sucedido”.

Enfatizando en que “ha habido distintas opiniones de expertos, de analistas, de distintos espacios políticos respecto de la situación, se ha tratado el tema en el Congreso de la Nación inclusive, pero del Ministerio de Defensa una opinión o una toma de postura oficial aún no ha habido. Por eso para nosotros es fundamental que esto que dijo el General Paleo tenga un grado de institucionalidad porque es la forma en la cual se maneja el Estado, no a partir de opiniones en distintos medios, sino a partir de lo que tenga obviamente una institucionalidad detrás”.

También hizo hincapié a la opinión del ministro de Defensa, Jorge Taiana y dijo que “nosotros lo que estamos pidiendo justamente es el involucramiento de estas áreas del Gobierno Nacional, que son justamente las que tienen la capacidad de autorizar o no, en ese sentido, y creemos realmente que esta intervención no está bajo ningún tipo de tila de juicio, el conocimiento, la competencia o la capacidad que tenga en este caso el general Paleo en función de sus expresiones, pero sí por supuesto de cierta manera son extemporáneas”.

“Porque esta situación no es algo que se sucedió en el día de ayer, sino que ya tiene ocho meses desde que se inicia el trámite en otra área del gobierno de la nación, esto de hecho hasta fue celebrado por nuestra Cancillería Nacional que también fue por parte de la Embajada de los Estados Unidos como para tener que esperar tanto tiempo para que haya una expresión en este sentido” agregó.

A modo personal manifestó que “ creo que acá se pueden dar dos cosas que pasaron, justamente que fueron tratadas ayer, más allá de analizar la intervención de todos los funcionarios que se vieron involucrados en el proceso, como así también quizás hasta la necesidad de revisar la normativa, porque es probable que la intervención que sea en el ámbito del organismo primario que autoriza esto, el marque dentro de lo que es la legalidad, pero que más allá de esa legalidad, sea contrario a lo que son los intereses nacionales”.

Sosteniendo que “la autorización no salió del gobierno de la provincia. Lo que se está planteando es lo que se asevera en distintos medios, que hoy ratifica el general Paleo, es completamente diferente al proyecto que fue presentado. Es decir, dónde realiza la observación este radar es más allá de los 300 kilómetros que está totalmente por fuera dentro de lo que es la soberanía nacional. Acá lo que se está diciendo es que no, que esto afecta lo que es y que esto tiene capacidad de injerencia respecto de lo que es el espacio aéreo de nuestro país. Lo que se autoriza en un momento, nada tiene que ver con los cuestionamientos posteriores que hay que tendría una doble funcionalidad”.

Por ende, se refirió a la “doble funcionalidad” que manifiestan y aseguró que “se está acusando de cierta manera de que esta instalación, además de cumplir lo que fue presentado, proyectado y aprobado, que es el monitoreo de la Fuerza Satelital y lo que es órbitas de satélites para brindar este servicio y parcializándose distintos programas espaciales, podría también servir para lo que es el monitoreo dentro de lo que es los 100 kilómetros que sí estamos hablando de soberanía nacional”.

Debido a que el radar esta instalado en una estancia ubicada a cercanías de la localidad de Tolhuin, aclaró que él a los dueños de la estancia El Relincho “no sé quiénes son, tendría que buscarlo. Tengo entendido que esto fue un contrato entre la empresa y un actor privado de la provincia”.

Dado a la polémica que a generado la instalación del radar estadounidense, se focalizó en las actuaciones que llevarán adelante las distintas áreas gubernamentales de la provincia y dijo “el próximo paso, estamos sacando una nota al general Paleo para que ratifique sus dichos públicos y a partir de ahí tomar intervención obviamente en función de esto, que entendemos que es lapidario o calificando de alguna manera el informe que ha dado en este medio de comunicación, que es una situación que además de la propia constitución, insisto con esto, es algo que no se va a validar desde el gobierno de la provincia, que tengan caracteres británicos dentro de la conformación social, sumado a lo que denuncia el general Paleo, y actuar en consecuencia con participación de lo que es la legislatura, el Ministerio de Defensa, la Secretaría de Comunicaciones, y eventualmente involucrar a la justicia en el caso de que haya habido funcionarios que validaron cuestiones, lo que son los intereses nacionales y sobre todo con alguna funcionalidad que los británicos se invaliden”.

Ante las distintas posturas que han trascendido por parte de los distintos organismos, Dachary consideró que “en el hipotético caso de que todos estuviesen de acuerdo, de que esto sea un acuerdo macro entre los países, de que quisiésemos ser funcional a intereses extranjeros para la radicación de algo que tiene tecnología militar, lo podrían hacer. Lamentablemente, sería un dolor tremendo para la provincia, estaríamos totalmente en desacuerdo, patearíamos todo, pero lo pueden hacer porque son competencias, por eso está el Ministerio de Defensa, la Cancillería, y hay un organismo dentro de la Jefatura de Gabinete que aprueba esas cosas”.

“Así como la seguridad, la educación, la salud son competencias del gobierno de la provincia, así como los municipios tienen sus propias competencias, hay competencias que son privativas dentro de lo que es el gobierno federal. Y en este caso, los tres organismos, o las tres decisiones más grandes que tienen que ver con este tema son competencias nacionales. Esto no tendría que haber pasado un nueve de julio con todo lo que representa para la Argentina sacar una nota en ese día. Esto tendría que haber sido a principios de año, ni bien cuando tuvo la primera entidad de este tema o cuando nos empezamos a enterar por estas resoluciones nacionales publicadas en el boletín oficial que estaba pasando esto, o en marzo si se quiere”.

Por último, enfatizó en el actuar de las áreas gubernamentales que les compete interferir en el tema y dijo “yo lo que sospecho es que puede haber, inclusive no pongo en tela de juicio el accionar de los funcionarios nacionales que pueden haber participado, pero sí entiendo que los desafíos que hoy atraviesan en lo que es la gestión en el siglo XXI, lo que es el avance de la tecnología, puede ser que estemos con normativas tanto nacionales como provinciales que no estén preparadas para este tipo de exigencias y que por supuesto hay países que tengan interés en instalarse en nuestra provincia que se utilicen si se quieren de estos vacíos sobre estas lagunas legales y demás. Después, todo lo que tuvo que ver con la intervención del gobierno de la provincia estuvo relacionada en la aprobación del impacto ambiental, pero partiendo siempre de que había una autorización nacional en este sentido para avanzar con esto”.

Concluyendo en que “ahí se debe revisar la conjunción de una empresa con capitales británicos que en un tema estratégico es donde se toma, insisto con esto, la decisión política, porque no es una decisión fundamentada en lo que es la legalidad, en lo que tiene que ver el término de legalidad, al día de hoy con toda la documentación que hay sobre la mesa, no hay una hoja, no hay un carácter, no hay un párrafo del Gobierno Nacional que diga que eso está mal. De hecho, hasta aquí es una auditoría ratificando que todo el proyecto que se implementaba con el que había sido presentado, se va a avanzar en esa decisión política, esperando obviamente cuáles son las decisiones finales del Gobierno Nacional”.