El subdirector del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Políticas y Sociales, Julián Alfie, dialogó con “Fuentes Cercanas” en Radio Universidad 93.5 donde brindó detalles del último informe que elaboraron y que ubica a Tierra del Fuego entre las provincias con mayor falta de transparencia en la Justicia.

Al respecto, comentó que “nosotros no medimos específicamente la transparencia sino lo que hemos hecho es un estudio de todas las provincias del país en donde medimos el nivel de eficacia que tienen los ministerios públicos de cada una de las provincias y hay solo 5 provincias que no enviaron esa información y una de ellas es Tierra del Fuego”.

En este sentido, remarcó que, “en el caso de Tierra del Fuego, al igual que Santa Cruz, San Juan y Misiones, que tampoco enviaron información, esto se deriva del sistema de enjuiciamiento que tiene actualmente Tierra del Fuego que es lo que se conoce como sistema mixto en donde todavía no se ha cumplido con lo que la constitución básicamente ordena que es una separación de funciones entre fiscales y jueces de instrucción. Hoy por hoy sigue vigente un sistema de justicia penal inconstitucional y que se ha intentado modificar muchas veces por parte de distintos actores de la provincia. Sabemos que existe un consenso sobre la necesidad de dar este paso que ya han dado prácticamente todas las provincias del país hacia un sistema acusatorio, pero lamentablemente, por distintas razones, eso se termina estacando a veces por cuestiones que no están totalmente ancladas a la realidad”.

Asimismo, sostuvo que a pesar de “muchos dicen que pasar a este sistema sería caro y esto no es así. Tiene que ver con utilizar mejor los recursos con los que la provincia ya cuenta. Tierra del Fuego es una de las provincias con una mayor cantidad de magistrados en relación a su cantidad de habitantes y no se requiere de una gran inversión para pasar a este sistema que permitiría, entre otras cosas, otros niveles de transparencia que otras provincias ya muestran”.

El subdirector del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Políticas y Sociales advirtió que “hoy por hoy si uno quiere saber en Tierra del Fuego cuántas causas penales que se inician y cuantas tienen algún tipo de respuesta básica que no siempre va a ser una condena, la respuesta oficial es no sabemos y eso es muy preocupante no solo en términos de transparencia para que la ciudadanía sepa qué tan efectiva es la justicia en dar una respuesta, sino que es un obstáculo fundamental para que el propio sistema de justicia pueda mejorar sus prácticas. Si la administración de justicia penal, no cuenta con datos básicos sobre su funcionamiento, no solo no va a poder ser controlada por la ciudadanía, sino que no va poder mejorar sus resultados. En el caso de Tierra del Fuego particular, el sistema que está vigente está basado en un desinterés absoluto por los resultados; es un sistema donde una causa que ingresa se transforma en un expediente y deja de lado el conflicto que está detrás y no genera instancias donde se pueda buscar algún tipo de solución a esos delitos que en algunos casos es un juicio y en otros casos salidas más rápidas”.

Para Alfie, “no es una opción entre modelos de justicias, sino que dar cumplimiento al sistema constitucional que nos dice que no te puede investigar la misma persona que te juzga. No podemos tener esta figura de juez instructor; no podemos permitir que las soluciones demoren años porque tienen que tomarse en un plazo razonable y no podemos permitir que los conflictos judiciales se conviertan en un trámite que tarda años y que se tramite a través de un expediente escrito con todos los problemas que eso tiene en términos de transparencia y de tiempo”.

Sobre las razones que no motivaron a realizarse alguna modificación respecto del sistema judicial, consideró que “falta esa última voluntad política que muchas veces es difícil de conseguir que implicaría seguir los pasos del resto de las provincias. En Chubut y Neuquén han sido pioneras a nivel nacional en estos sistemas e incluso ahora lo han llevado a su máximo esplendor que es integrar el juicio por jurados, es decir, la participación ciudadana en la justicia que es un sistema que ya se aplica en 11 provincias del país y está demostrado sus capacidades para renovar y legitimar la confianza ciudadana en el Poder Judicial; Tierra del Fuego tiene proyectos en este sentido y apoyamos las iniciativas que ya existen en la provincia para implementar este sistema. El juicio por jurados es un sistema que lo ordena la constitución nacional y sería obligatorio implementarlo”.

Finalmente, fue consultado sobre las declaraciones que brindó el vicepresidente del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Ernesto Löffler, quien se refirió informe al remarcar que “nosotros contestamos sus pedidos el 26 de marzo y le hemos explicado que, en nuestra provincia, no se ha aplicado a nivel penal el sistema acusatorio adversarial, nosotros tenemos el sistema mixto”. Para Alfie, “coincidimos en que Tierra del Fuego no tiene un sistema acusatorio que debiera tener, pero esto no quita que pueda informar sobre la cantidad de causas que ingresan a cada una de las fiscalías y los resultados que obtienen”.

“Hoy los ciudadanos de Tierra del Fuego no tienen garantizado su derecho a conocer la información pública y es obligación del Poder Judicial de producirla”.