– El Director Ejecutivo de la Unión Industrial Fueguina (UIF), Ramiro Caballero, dialogó con Radio Nacional Ushuaia donde se refirió al impacto que tendrían los nuevos impuestos para la compra de bienes e insumos en el exterior, en el marco de las recientes medidas anunciadas por el ministro de Economía Sergio Massa. Además, habló sobre la situación de las textiles.

En relación a las medidas anunciadas por el Ministerio de Hacienda, sostuvo que “primero hay que tener en cuenta porqué afecta a Tierra del Fuego, y hay que recordar que esto es un decreto que está basado en una ley de afectación especifica con lo cual, íbamos a estar incorporados en este esquema que incorpora un porcentaje de un impuesto a la compra de divisas extranjeras en compra de bienes o insumos. Es una ley previa que preveía esta situación. Es una medida que genera un impacto en los insumos para Tierra del Fuego y para todo el país, afectando a distintos sectores. No es una medida para el insumo, sino un impuesto para la compra de divisas extranjeras cuando alguien tiene que girar al exterior para la compra de bienes, servicios o insumos que es lo que más tenemos en la provincia. Por ejemplo, el automotriz está y dentro del anexo existe autos terminados de alta gama que ya pagaban el 30%”.

En este sentido, remarcó que “obviamente va a generar un impacto en los costos de producción. Esto evidentemente va a generar una movilidad en los precios. Y en nuestra realidad, de las empresas radicadas, hay que hablar de la gama completa y de cualquier rubro y sector productivo de Tierra del Fuego se va a ver afectado por esta medida. Sin lugar a dudas va a tener una movilidad de precios final del bien a vender porque se le incrementó gran parte de las mayorías de los insumos en un 7,5%. Es muy posible que hagan un planteo de imposible cumplimiento a partir de un cambio de situación posterior a un acuerdo; si vos me cambiaste las condiciones, posiblemente haya algún reclamo al respecto. No tengo dudas que el sector hará un reclamo en este sentido. Lo cierto es que el decreto tiene aplicación desde que se dicta. El decreto dice que, a partir de este momento, la divisa para giro al exterior vale un 7,5% más. Esto es una ley de afectación específica que es aplicable a Tierra del Fuego”.

Consultado sobre si el espíritu de la nueva medida busca evitar una devaluación, consideró que “tiene un objetivo porque busca 2 mil millones de dólares. El problema es que no tenés forma de mantener la economía a un ritmo de demanda productiva. La realidad es que ha sido muy difícil tener una situación de equilibrio productivo, y, por otro lado, esta brecha que existe entre el dólar libre y oficial, son momentos distintos para ir acomodando esta devaluación. Una persona que no forma parte del sector productivo, por decirlo de alguna manera, ya sabe que las cosas le suben todos los días, lamentablemente. La movilidad del dólar blue también fue muy importante. Seguramente va a llevar mucho tiempo acomodar esta situación”.

En otro orden de temas, el titular de la UIF se refirió a la situación de las industrias textiles que aún no tienen novedades y comentó que “el Estado Nacional tiene un inconveniente para dictar la norma para el sector textil porque toda medida que quiera dictar donde se quiera incorporar algo que el propio decreto no le dio, no lo puede hacer. El gobierno nacional puede definir si el sector textil confeccionista continúa post 2023, y por cuántos años. No puede definir más que eso. Si no se dicta la resolución, la Provincia va a judicializar el caso. No puedo adelantar cuál sería el porqué de judicializarlo y dónde estaría el talón de Aquiles, pero existen posibilidades. No se quiere llegar a esto y no queremos hacer una reglamentación, sino opinar y dar nuestro parecer y colaborar sobre esa normativa; ahí está el fruto. Hay medidas que no se podrían tomar porque el propio decreto no prevé esa posibilidad, pero sí deberían decirnos los plazos y tiempos, y en todo caso las empresas sí podrían asumir compromisos de inversión, empleo y cantidad de producción en los tres meses”.

“La decisión del Gobierno Nacional de prorrogar el sector, está tomada, pero no tienen la medida resolutiva de cómo hacerlo. Evidentemente hay presiones de otros sectores que le están imponiendo otro tipo de situación, y no se puede resolver”.