Continúa la polémica y las acusaciones por la instalación del Radar que la empresa británica Leolabs instaló en el predio de la Estancia El Relincho en Tolhuin y hoy tuvo un nuevo capítulo luego de que se conociera que los veteranos volverán a manifestarse en el centro de la isla para que se cumplan con las disposiciones del Gobierno Nacional. Además, este lunes, los concejales de Río Grande recibieron a diversos actores que expusieron sobre este tema y que solicitan la creación de una comisión investigadora en la Legislatura Provincial.

Al respecto, el secretario de Malvinas, Antártida, Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales de la provincia, Lic. Andrés Dachary, indicó que “lo que es el funcionamiento, es la subsecretaría de Comunicaciones del Gobierno Nacional quien acredita que no está funcionando porque desde que fue la auditoria en mayo pasado, la empresa creó un sistema de monitoreo que todas las semanas tiene que tener reporte de no actividad. Es la Jefatura de Gabinete la que constata el no funcionamiento. Lo que hizo el Gobierno de la Provincia desde el Ministerio de Producción, fue una intimación en la cual se exigió a la empresa para que presente el plan de desarme habida cuenta de la notificación del Gobierno Nacional. Esto se dio la semana pasada con lo cual la empresa tiene plazos legales para que avance en el desmantelamiento de la infraestructura”.

Sobre las imágenes difundidas por la propia empresa Leolabs hace pocos días, remarcó que “quien da la garantía de que el radar no está funcionado es el gobierno nacional a través de la Jefatura de Gabinete que canceló la autorización y desde el mes de mayo, la empresa entró en un sistema de monitoreo permanente primeramente la suspensión y posteriormente la cancelación de la licencia”.

Consultado sobre si existe la posibilidad de que la Dirección Provincial de Energía concrete el corte del suministro eléctrico para que el radar deje de funcionar, el Lic. Dachary explicó que “es una situación indeseable la que se generó con esto y ningún fueguino y fueguina está de acuerdo con la presencia de algo que el Ministerio de Defensa ha dicho que amenaza la seguridad nacional y que esté involucrada con capitales británicos; el tema es la capacidad de acción que tiene el Gobierno de la Provincia. Cuando uno ve todos los documentos que se han generado, permanentemente todo lo que tiene que ver es que la responsabilidad primaria siempre estuvo en la Jefatura de Gabinete de la Nación. Las relaciones con los organismos del Gobierno de la Provincia, se manejan en función a lo que son las normas que regulan las actividades específicas”.

En este sentido, reiteró que “no se puede cortar servicios cuando no hay la argumentación de la contratación de cualquier privado. No se le puede pedir a un funcionario que haga lo que no tiene permitido. Estamos contestando un pedido de informe que realizó la legislatura y dentro de la información solicitada, está la revisión con tres intervenciones (Dirección Provincial de Energía, Inspección General de Justicia y la aprobación de la Secretaría de Ambiente). Más allá de la intervención, creemos que una vez que se termine esto, sobreviene un trabajo de análisis no solamente desde la intervención de los funcionarios sino también de lo que tienen que ver con las normas”.