El ministro de Trabajo Marcelo Romero estimó que unos 700 trabajadores de la provincia están con acuerdos de reducción salarial o avanzando en procesos de homologación, una opción que está permitida por decreto presidencial en caso de acuerdo entre partes.

Romero advirtió que “lo difícil está por venir, después de más de cien días de paralización, porque varios rubros económicos están afectados. Yo envié un informe a la Legislatura en el mes de abril y el cordón industrial de la provincia no es un tema que me preocupe sustancialmente. Lo que me sigue preocupando es el comercio minorista. Nuestro ministerio tuvo que ampliar las guardias mínimas que nos permite el decreto 468 en dos oportunidades, porque seguimos manteniendo la virtualidad en cuanto a las denuncias y reclamos. Tuvimos que darles cabida formalmente por vía administrativa y la segunda instancia fue la supervisión. Largamos inspectores a la calle para cotejar esas denuncias, y luego continuó la parte sumarial, con las sanciones o multas que pudieran corresponder”.

“Alrededor del 40% de nuestra planta administrativa está funcionando y muy bien, sobre todo para preservar los derechos del trabajador, como ente verificador y controlador de la normativa laboral”, dijo.

Consultado sobre las estadísticas de desempleo, aclaró que “nosotros no contamos con estadísticas provinciales de distintas variables económicas o sociales. Es competencia nuestra llevar adelante estadísticas por la ley de ministerios y a eso estamos abocados. En base a las denuncias hemos producido dos informes a la Legislatura. El primer corte es del 16 de marzo, cuando comenzó la cuarentena, hasta la primera semana de abril, y estuvo vinculado con el pago del mes de marzo y de la segunda quincena en el caso de textiles y plásticos que tienen esa modalidad de contratación. Esto dio como dato alrededor del 10% de despidos, por lo que la gente estaba denunciando, y de un 7% de reducción salarial. También hubo un 5% de denuncias vinculadas con los protocolos, ya sea distanciamiento, falta de alcohol en gel, de sanitización en general. El segundo informe se hizo el 22 de abril y ahí se vislumbró una reducción salarial cercana al 48% y el despido ya no fue tan importante a partir de la aparición de esta herramienta de la reducción”,

“Esto se ajusta a la ley de contrato de trabajo, y habla de suspensiones siempre acordadas con el empleador y el trabajador en forma individual o colectiva a través del gremio, ante la falta de actividad comercial o industrial. En esa suspensión de actividades hay una reducción salarial y puede haber reducción de aportes y contribuciones. Esto siempre lo manejó el Ministerio de Trabajo de Nación, pero fue tal el desborde que nos delegaron esta facultad a las provincias”, sostuvo.

Recordó que el decreto de necesidad urgencia 297 “prohibió no pagar el 100% de la masa salarial; luego salió el 329 que estableció que no podía haber despidos ni suspensiones por 60 días, salvo que se aplicase el artículo 223 de la ley de contrato de trabajo –referido a estos acuerdos de partes-. Tampoco estaba permitido el preventivo de crisis o las causas de fuerza mayor. Inclusive para reforzar el decreto 329 se estableció la continuidad de la doble indemnización. Estas herramientas de la reducción permitieron preservar el trabajo y la masa salarial”, aseguró.

“Nosotros estamos recibiendo acuerdos para homologar, que abarcan unos 700 trabajadores de toda la provincia, desde el sector minorista al comercio industrial. Estos acuerdos siguen entrando y se están procesando dentro del ministerio. Hay reducciones salariales del 15, del 25, del 30 y del 40%. Los acuerdos más importantes que hemos tenido están en el 25% de reducción salarial, en general de comercios. En el caso de UTEDYC, que nuclea actividades deportivas y culturales, el acuerdo es el pago del 100% del sueldo neto, pero sin los aportes y contribuciones, así que el trabajador no ve ninguna diferencia en su bolsillo. Se le restan los aportes por el sistema SIPA, no los tiene que pagar y está contemplado en el decreto de nación. Seguramente a los efectos de la jubilación, llegado el momento deberán trabajar un tiempo más para compensar esos aportes”, indicó.

Si bien los acuerdos de reducciones son por 60 días, porque cuando comenzó el aislamiento social tenía esa duración la cuarentena, “después se fue extendiendo y se sacó una norma para mantener los acuerdos mientras dure la cuarentena. Esta posibilidad de hacer este tipo de acuerdos siempre existió y en su momento podría haber permitido sostener Textil Río Grande, que estaba en concurso de acreedores, al menos para que la empresa, que tiene características tecnológicas de avanzada y trabajadores capacitados pudiera haberse sostenido”, manifestó.