Juan Ignacio García, secretario de Industria de la provincia, se refirió por FM La Isla sobre los controles llevados a cabo el lunes luego de que varios medios de comunicación publicaran sobre un posible incumplimiento de la Ley 19.640 sobre acreditación de origen en el proceso de uno de los plaguicidas de la firma Tecnomyl.

“Entiendo que hay una denuncia que se hizo a través de un medio de comunicación, sobre un eventual incumplimiento del proceso; lógicamente eso a nosotros nos llamó la atención, e inmediatamente, en mi caso como autoridad de la Secretaría, le pedí al personal de la Dirección General de Industria que me cuenten un poco sobre la industrialización del proceso; de que se hagan las inspecciones que hicieran falta para verificar de que todo estaba desarrollándose como debe para garantizar la transformación sustancial y el cumplimiento del proceso y (el lunes) se hizo una verificación y la línea no estaba en proceso porque en este momento no está operando y en estos días se restablece y ahí se va a poder ver plenamente el funcionamiento del proceso”.

Agregó el Secretario de Industria que “en principio, lo que se verificó (durante la inspección) estaría dentro de la normalidad, lo digo así en potencial porque el informe del acta a mi todavía no me llegó, pero por una primera comunicación que tuve en principio, parecería que todo se está desarrollando dentro de esa normalidad que aludí”.

Observó que “en principio, el proceso requiere cierta granulometría (un micronizador) que para poder garantizarlo, necesitan pasar este insumo por una especie de molino que garantiza esa micronización de la sustancia, que -por la características del insumo- no podría ser incorporado directamente al producto, con lo cual requeriría este proceso y se estaría cumpliendo el mismo, pero es todo para terminar de verificar”, insistió abriendo el paraguas, aunque admitió que se está sustanciando un proceso administrativo que pasará incluso por la Comisión del Área.

Sin embargo, este medio consultó a un ex gerente de proceso, cuyo nombre se mantiene en reserva, sobre dos cuestiones puntuales: si la Atrazina que recibía importada de China la enviaba desde el almacén directamente a la línea de producción de granulación, o si por el contrario, primero la enviaba a micronizar en el molino Jet Mill.

Su respuesta fue que “directamente a granular. En el período que yo estaba, ese equipo no estaba en funcionamiento”.

Ante la consulta si el molino Jet Mill estaba instalado y en condiciones de funcionar, su respuesta también fue negativa y esta situación ya llevaría seis años.

Justamente en el 2014, el propio Juan Ignacio García, quien cumplía las mismas funciones en Industria, habría solicitado obviar el cumplimiento de este proceso, ante lo cual, la Comisión del Área lo autorizó, pero solo por un mes. Sin embargo, en un segundo pedido, dicha comisión se lo denegó.

¿Qué es lo que se incumple?

El proceso mínimo para esta línea de agroquímicos, está establecido por la Resolución N° 320 del 17 de junio de 2011, expediente N° S01:0275336/2006 del ex Ministerio de Economía y Producción y es para acreditar origen por proceso productivo.

Sobre ese punto, denunciaron que Tecnomyl estaría adquiriendo desde siempre, de sus proveedores la droga técnica pre micronizada tal como lo indican sus envases que se encuentran en los depósitos de materias primas (ver foto adjunta donde se lee claramente en la etiqueta ATRAZINA GRADO TECNICO MICRONIZADA), por lo tanto, Tecnomyl no necesitaría realizar los pasos obligatorios de proceso que figuran a fojas 308 , de la mentada Resolución N° 320, a saber: los números 4.2 - 4.2.1 - 4.2.2 -4.2.3 - 4.2.4 – 4.2.5 – 4.2.6 – 4.2.7 – 4.2.8 – 4.2.9, pasando del paso 4.1.5 directamente al paso 4.3, es decir, no se realizaría la pre molienda en molino de cuchillas ni la micronización en molino Jet Mill, (ver diagrama de proceso que figura a fojas 315 de la resolución 320) pasando la materia prima tal como viene del proveedor con un tamaño de aproximadamente 10 micrones directamente al proceso de humectación y amasado.

Por tal motivo la CAAE técnicamente no debería aprobar la acreditación de origen por procesos productivos, para toda la Atrazina producida en el semestre enero/junio de 2020, y por lo tanto no debería autorizar la salida del producto terminado al Territorio Nacional Continental, a más de revisar todas las acreditaciones de origen anteriores en las que Tecnomyl no habría cumplido con el proceso productivo mínimo para poder acreditar origen, y actuar en consecuencia.

Si bien distintas fuentes aseguran que la planta cuenta con un molino de cuchillas y un molino micronizador tipo Jet Mill que podrían realizar el proceso que Tecnomyl está obligada a cumplir para poder acreditar origen por procesos productivos, estos no estarían instalados y nunca habrían funcionado. Y si lo hicieran, la capacidad de producción de este equipo micronizador es de 500 Kg/h, mientras que una de las líneas cuenta con 4 extrusores que producen 500 Kg/h cada uno y la otra línea cuenta con dos extrusores cuya capacidad es también de 500 Kg/k cada uno, lo que suma unos 3.000 Kg/h de capacidad de producción, por lo que el equipamiento micronizador existente, aún si llegara a funcionar, resultaría insuficiente ya que cubriría solamente la sexta parte de la demanda, y acusan que “tendría como única misión, simular el cumplimiento del proceso productivo mínimo obligatorio, ante una posible inspección de la Dirección de Industria, todo lo cual no resiste el menor análisis”.

Para que se entienda bien, nada mejor que hacer un comparativo de esta situación con la industria electrónica que todo el mundo, en especial los funcionarios del Ministerio de Industria conocen y dominan. “Sería como si una empresa electrónica importara las plaquetas con los chips pre insertados, y declarara producir 3.000 TV por día en tres turnos siendo que la chipeadora que posee tiene una capacidad máxima de 500 placas diarias en tres turnos, y como si esto fuera poco, esta chipeadora ni siquiera está instalada en condiciones de funcionar, sino que simplemente está para simular, ante una eventual inspección, que se estaría realizando el proceso mínimo obligatorio para acreditar origen, tal como podría estar sucedienco en la firma Tecnomyl, con la línea de Atrazina Granulada”, deslizó otra fuente, que también se mantiene en el anonimato.

Controles en Chile

Sobre la situación de los controles de la carga de los camiones de Tecnomyl en Chile, el funcionario provincial admitió no tener muchos datos ni conocimiento del tema. “Entiendo que hubo una situación en el momento de cruzar la barcaza donde se le detuvo la carga, con algún control que se le hizo a la empresa, que, según nos informó, se solucionó, porque tenía toda la reglamentación correspondiente para las características del insumo que transporta y que es una operación habitual para la empresa; de hecho la retención de esta carga no se produjo en la Aduana, sino que fue en un control interno (chileno) con lo cual entiendo, fue un error que se cometió en esos controles y que se resolvió inmediatamente”.

A pesar de las palabras de García, los controles fueron porque transportan carga que es considerada “peligrosa” y por ende debe ser trasladada bajo estrictos recaudos y con transporte acorde y la debida señalética, lo que en Chile se hace respetar por la salud de la población.

Según publicó La Prensa Austral, el caso fue denunciado por el concejal de Porvenir Carlos Soto ante la Seremi de Salud, ente que deberá emitir un pronunciamiento al respecto.

Tan sólo una citación al Juzgado de Policía Local de Punta Arenas, donde con toda seguridad se le cursará una multa a la empresa trasgresora, recibieron las empresas que contrataban los servicios de firmas de transportes para trasladar carga considerada peligrosa (según las normas internacionales IMO), que obliga a los camioneros a exhibir claramente demarcada con logos y rótulos específicos, la naturaleza del contenido que llevan. Como se recordará, hace un par de semanas existió una denuncia del concejal de Porvenir, Carlos Soto, ante la Seremi de Salud, oficina Tierra del Fuego, por la detección de transportes de químicos provenientes de una empresa elaboradora de Río Grande (Argentina), que cruzaba en la Primera Angostura del estrecho de Magallanes sin exhibir los rotulados exigidos en estos casos.

Todo ello, según el edil, permitía a los camiones embarcar en los viajes normales de un ferry del sector, en medio de los demás vehículos, carga y pasajeros, siendo que sus cargamentos peligrosos tendrían que pagar viajes especiales, libres de otros móviles y viajeros, dada la posibilidad de una inflamación, derrame o incluso, explosión del producto químico transportado. La reclamación está siendo estudiada por la Seremi de Salud para emitir un pronunciamiento definitivo.

Es así que durante la semana pasada, seis camiones que transportaban carga peligrosa y que nuevamente intentaron cruzar en los viajes normales de ferrys de Primera Angostura, fueron detectados gracias a una intensificación de las fiscalizaciones de la Armada en el lugar, aunque esta vez la carga (de materia prima química) provenía del puerto de Punta Arenas, e iba destinada a la empresa argentina Tecnomyl, de Río Grande. Se informó que al comenzar la fiscalización exhaustiva, sólo uno de los transportes alertaba con logos su contenido de “carga peligrosa”.

Por otro lado, en una más reciente rutina de fiscalización la Armada detectó a otros dos camiones de la empresa trasandina Cantarini, los que transportaban productos químicos peligrosos, nuevamente sin las indicaciones legales respectivas. Estos provenían de Buenos Aires con destino a Río Grande, además de un tercer vehículo pesado procedente de Puerto Montt en dirección a Porvenir, todos los cuales fueron devueltos a la Aduana del Paso Fronterizo Monte Aymond, donde debieron rehacer la documentación e instalar los etiquetados exigidos por trasladar “carga peligrosa”.

Casos los ve Juzgado de Policía Local

Desde la Subcomisaría de Río Seco, el capitán de Carabineros Moisés Sierra dijo que los controles en el ex Retén de Kon-Aiken los hace en la actualidad personal de la Fuerza Aérea, junto a fiscalizadores de Salud, porque el recinto se implementó para control de prevención del COVID-19 y acude un carabinero únicamente ante eventuales situaciones especiales. Se controlan salvoconductos y permisos relativos a la pandemia.

Empero, el oficial dijo que en efecto, la Armada debe entregar los antecedentes por las trasgresiones al rotulado de cargas peligrosas de los camiones a Carabineros, por cuanto son situaciones de frontera, junto a los demás estamentos públicos que trabajan en el control. De detectarse la extracción de logos y descripciones en los camiones con carga peligrosa en cualquier fiscalización por parte de Carabineros, dijo que debe hacerse la denuncia al Juzgado de Policía Local.

En ese tribunal, apuntó, la empresa que contraviene la documentación legal debe dar cuenta -por la responsabilidad que le cabe- el porqué evitaba mostrar esa información, ya que es la empresa y no el conductor, quien debe mantener sus antecedentes al día para ese tipo de transporte. “Sería una situación grave si sacaran los etiquetados de los camiones, porque si existe una intervención de forma maliciosa, debiera ser la Fiscalía quien investigue lo que está pasando”, cerró el jefe policial.