La controversia en torno al libre tránsito de pescadores artesanales en la zona de río Lainez suma un nuevo capítulo. Un grupo de vecinos de Río Grande y Tolhuin denunció recientemente que, en la estancia La Fueguina, propiedad del legislador Jorge Lechman, se colocó una tranquera con candado en un camino público que conduce al cauce del río.

Antecedentes y reclamos anteriores

Esta denuncia no es la primera en su tipo. En diciembre del año pasado, pescadores artesanales hicieron públicas las dificultades que enfrentan, acusando al personal de estancias de ejercer presión e intimidación. En particular, han expresado su preocupación por la falta de respeto a lo dispuesto por la Ley Provincial 244, especialmente en su artículo 19, que contempla el llamado “paso de servidumbre” para garantizar el acceso a los cursos de agua.

Familias dependientes de la pesca

Según los denunciantes, muchas familias de la región dependen de la pesca como única fuente de ingresos. De ahí la importancia de contar con el libre acceso a ríos y lagunas. “A nosotros nos fiscalizan constantemente por el uso adecuado de redes, pero no vemos que las autoridades apliquen con la misma firmeza la normativa que permite el paso hacia los ríos”, apuntaron durante una de las reuniones.

Pedido a las autoridades y a la Justicia

Los pescadores han solicitado la intervención de la Justicia y de la Gobernación de la provincia para que se cumpla la legislación vigente. “Exigimos que se haga respetar la ley, ya que nos sentimos vulnerables e indefensos ante aquellos que instalan alambrados y tranqueras prohibiendo el paso”, señalaron. Además, afirman que, pese a haber presentado una carpeta con toda la información, no han recibido respuesta ni convocatoria oficial para abordar la problemática.

Persecución y desamparo

Los artesanos de la pesca también denuncian una persecución selectiva. “Nos exigen cumplir con requisitos legales para nuestras redes y técnicas de pesca, pero no se ve la misma determinación para frenar las irregularidades de quienes cierran el paso público”, expresaron. Según su perspectiva, los grandes estancieros se comportan como “dueños de la tierra”, sin que la Justicia actúe con la misma severidad.

Un llamado al diálogo y la solución

Finalmente, el grupo reiteró su pedido al Gobernador y a las autoridades competentes para que organicen una mesa de diálogo que posibilite una salida pacífica. “La pesca es el sustento de muchas familias, no podemos permitir que se nos restrinja un derecho que la ley reconoce. Queremos pescar en paz, sin sentirnos hostigados ni vulnerados”, concluyeron.