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El juez de Ejecución Manuel Isidoro López resolvió el viernes disponer la internación hospitalaria y temporal de Claudia Concha Ávila en el Hospital Regional de Ushuaia (HRU). La medida, firmada también por el secretario Dante Peñalver Rodríguez. ordena su traslado inmediato para recibir atención médica debido a una patología que la afecta desde hace tiempo.

En la misma resolución, se instruyó al HRU para que Ávila permanezca bajo internación y observación por al menos 20 días, con el fin de estabilizar su estado de salud y brindarle una atención integral. Asimismo, se ordenó la intervención del Área de Sanidad y la Alcaidía Femenina, en cumplimiento de lo establecido en la Ley Nacional 24.660.

El fallo judicial también hace un repaso de los reiterados pedidos de atención médica realizados por Ávila y la falta de respuesta adecuada a su situación. A lo largo de los años, su caso ha sido denunciado por organizaciones como la Red Alto al Tráfico y la Trata y la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande, quienes han exigido que se atiendan sus problemas de salud y han planteado incluso la posibilidad de otorgarle prisión domiciliaria.

Claudia Concha Ávila, quien cumple una condena a prisión perpetua, no tiene familiares y ha vivido una historia marcada por el sometimiento, el abuso y el padecimiento. Diversos sectores han cuestionado que estas circunstancias no hayan sido consideradas adecuadamente en el proceso judicial que derivó en su sentencia.

En su resolución, el juez López cita la Regla 24 de las Reglas Mandela, destacando que el Estado es responsable de garantizar servicios médicos a los reclusos** en condiciones de igualdad con el resto de la población. La norma establece que los internos deben recibir atención sanitaria sin discriminación y que los servicios médicos en los establecimientos penitenciarios deben estar vinculados con el sistema de salud pública para garantizar la continuidad de sus tratamientos.

Además, el magistrado señala que el Poder Ejecutivo, a través de sus áreas de Seguridad y Salud, tiene la responsabilidad conjunta e indelegable de velar por el bienestar físico y psíquico de las personas privadas de libertad, asegurando los recursos necesarios para su atención.

Cabe recordar que en diciembre pasado, la **Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande** y la **Asociación de Familiares, Mujeres e Hijxs de Personas Privadas de la Libertad emitieron un comunicado expresando su preocupación por el estado de salud de Ávila, a quien identificaron como víctima de trata y responsabilizaron al Gobierno provincial, al Ministerio de Salud y al Servicio Penitenciario por la falta de atención médica adecuada. En el documento, advirtieron sobre las graves consecuencias que podría sufrir la interna debido a lo que calificaron como desidia, desprecio y revictimización.

En los últimos meses, la situación de Ávila motivó la intervención del defensor ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia, Dr. Jesús Jetar González Saber quien intentó activar los mecanismos necesarios para garantizar una respuesta médica adecuada.

Ahora, con la orden judicial en firme, se espera que la medida brinde una solución efectiva a la situación de Ávila, permitiéndole acceder a la atención que desde hace tiempo viene reclamando.