El secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN), Julio Piumato, representación de la Comisión Directiva del gremio judicial y con el patrocinio letrado del Dr. Mario Laporta, radicó una denuncia por defraudación por intermediación financiera ilegal y administración fraudulenta (arts. 310 del CP y 173.7 CP) contra el dirigente fueguino Luís Simón Bechis y contra Daniel Oscar Vidal, Lucas Gustavo Méndez Stiglich “y contra todo aquel que resulte responsable por los hechos que relataremos a continuación”, dijo el veterano dirigente.

Piumato entendió que producto de una campaña electoral por la renovación de autoridades a nivel nacional en la UEJN, integrantes de la Comisión Directiva Nacional recorrieron la extensión del territorio nacional entre los meses de abril y mayo de 2022, retomando de esa manera con mayor intensidad una práctica que se había visto abruptamente interrumpida por la pandemia 2020-2021.

“En esa circunstancia, la Secretaria de Administración de la UEJN, Maia Volcovinsky, realizó recorridas en diversos tribunales de Ushuaia y Río Grande, Provincia de Tierra del Fuego, entre muchas otras ciudades del interior del País. Fue en ese marco que tomó conocimiento de una supuesta práctica de préstamos ofrecidos directamente por el Secretario General Seccional de Tierra del Fuego, Luís Simón Bechis y su Secretario de Finanzas, Daniel Oscar Vidal. Dichos prestamos se realizaban con dinero perteneciente a la UEJN (y naturalmente a sus afiliados), cuya administración nacional posee asiento en esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, denuncia el Secretario General nacional.

Al mismo tiempo, “empezaron a circular denuncias en redes sociales al respecto, que referían la existencia de una ‘cueva financiera de Bechis y Vidal’. En razón de estos rumores, la mencionada Secretaria empezó a solicitar a los afiliados, información que pudieran aportar al respecto. No fueron pocos los trabajadores que confirmaron haber recibido préstamos que devolvieron en cuotas con altas tasas de interés que eran descontadas de sus recibos de haberes”.

“A ellos se les requirió que aportaran documentación que pudiera respaldar lo denunciado, y que relataran el modo en que se concertaba la operación, resultando ser que para el otorgamiento de los mismos debían contactar por mensaje de Whatsapp a Luís Bechis o a Daniel Vidal. Algunas de estas personas incluso relataron que recibían la transferencia del capital desde la cuenta personal de los aquí denunciados. A esos afiliados les fueron requeridas copias de esas conversaciones de Whatsapp y de la constancia de transferencia de esos montos acordados por dicha aplicación de mensajería, que se adjuntan como documental a la presente”.

Agregó Piumato en el escrito judicial, que “tras recabar esta información que confirmaba con certeza los hechos ilícitos aquí denunciados, se reunió la Comisión Directiva Nacional en fecha 7 de junio y, por la gravedad que implicaba semejante cuestión, se dispuso la inmediata Intervención de la Seccional 1 de Tierra del Fuego por el plazo de 30 días, a los efectos de reencauzar al gremio local en la legalidad, suspendiendo en sus funciones a toda la Comisión Seccional e iniciando una auditoría contable que recabe entre otros elementos una acabada determinación de los alcances de esta práctica de intermediación financiera no autorizada. Se adjunta a la presente, copia del Acta de Intervención del día 7 de junio, así como la de su prórroga por 60 días, de fecha 4 de julio”.

Continuó diciendo que en el tiempo de intervención transcurrido, se solicitaron los movimientos de la cuenta bancaria de la Seccional 1 en el Banco de Tierra del Fuego, se requirió al Superior Tribunal de Justicia de Tierra Del Fuego el detalle de los descuentos de haberes a trabajadores por cuotas de servicios sociales informados por la Seccional 1 y, por un período de tiempo, “pudimos obtener información del Sistema de Gestión Informática de la Seccional”.

“Es importante destacar la circunstancia en la que accedimos (y dejamos de acceder) al Sistema de Gestión Informática de la Seccional, ya que del mismo obtuvimos la más desfachatada prueba del ilícito denunciado. Ni bien se dispuso la intervención, al día siguiente, 8 de junio, el designado interventor Federico Villone, junto a los auditores

Contables, Carlos Bell y Estefanía Burgos, y la secretaria de Administración Nacional, Maia Volcovinsky se apersonaron en la Sede de la Seccional en la Ciudad de Ushuaia, en la calle Hol Hol 1269, acompañados por Escribano Público (se adjuntará copia del Acta certificada por el mismo)”.

Continuó diciendo que al ingresar se encontraron con una de las empleadas trabajando en una laptop, a quien le comunicaron la Intervención. Inmediatamente le requirieron les mostrase el Sistema de Gestión de la Seccional, y ahí pudieron ver que se organizaba en solapas/ventanas, siendo que varias de ellas se correspondían a ‘Préstamos’, ‘Créditos’, ‘Préstamos Bechis’.

“Seguidamente empezaron a imprimir esa información, temiendo una pronta suspensión de acceso al sistema, porque era muy clara la operatoria de créditos ahí a la vista. Para agilizar la tarea de recopilación de información, le solicitaron a la empleada que accediera al sistema también desde una de nuestras notebooks”, aseguró el denunciante.

Añadió al siguiente renglón, que “a pocas horas de estar trabajando, irrumpieron de manera violenta dos personas, que se abalanzaron sobre la laptop de la seccional, lastimaron a varios de los presentes y se aferraron a la computadora. Así fue que se dio aviso a la Policía, y uno de los violentos realizó un llamado que claramente era a Luís Bechis, para que se apersone, quien arribó conjuntamente con la Policía. La Policía se hizo de la computadora, pero en lugar de entregarla a las autoridades judiciales, se la entregó a Luís Bechis y a los violentos que lo acompañaban”.

“Esa noche transcurrió entre el Hospital para certificar las agresiones que recibieron la

secretaria de Administración Maia Volcovinsky y el auditor Carlos Bell (se adjuntarán certificados), y la Comisaría Nº 1 de Ushuaia que tomó las denuncias. Fue tan bochornoso el comportamiento de la Policía que, al día siguiente, el Juez en turno ordenó el allanamiento a la casa de quien robó la laptop (adjuntamos nota periodística), recuperándola. Dicha laptop aún se encuentra en poder del Juzgado que, absurdamente, solicita que acreditemos que la Seccional es dueña de la misma para entregárnosla”, dijo Piumato.

“Toda esta maniobra y el triste episodio de irrupción violenta y agresiones, pretendió ocultar información que seguramente se encontraba en esa laptop. Y de hecho dudamos que siga allí, puesto que quien la robó es un empleado del área informática: Lucas Gustavo Méndez Stiglich, integrante de la Comisión de la Seccional 1, flamante Secretario de Finanzas electo por la Seccional 1”.

El denunciante entendió que “dicha situación muestra la intención de los denunciados en entorpecer cualquier avance de investigación de sus maniobras, lo que deberá ser ponderado por Vuestra Señoría al momento de analizar la existencia de riesgos procesales que tendrán que ser controlados. Más allá de aquella gravísima situación, en el tiempo que pudimos operar el Sistema de Gestión Informática de la Seccional desde esa laptop y desde la nuestra, pudimos descargar información relevante de la práctica de préstamos que se realizaba. Incluso pudimos certificar ante escribano que la información descargada se encontraba en ese sistema informático de la seccional. Las copias certificadas se acompañarán al ratificar esta denuncia”.

En esas impresiones de pantalla, según Piumato, puede verse, afiliado por afiliado, los montos prestados, y las cuotas, “lo que nos permitió concluir en cada caso, la tasa aplicada. El porcentaje de las mismas lo obtuvimos utilizando un programa de cálculo de Tasa Efectiva Anual. Y de comparar las tasas arrojadas por ese programa, con la TEA del Banco Ciudad, concluimos que muchas de ellas eran muy superiores y unas cuantas, inferiores, demostrando una conducta a más que ilícita, fuertemente discriminatoria”.

El Secretario General nacional de la UEJN prometió al Juez Federal de la causa, que adjuntará también los informes producidos por la auditoría contable al respecto, como el cuadro de montos, cuotas y tasas por afiliado, de créditos cancelados y por cancelar, así como el comunicado publicado por los auditores para conocimiento de los afiliados.

“Perfeccionan la prueba de la comisión de estos ilícitos, los movimientos bancarios de transferencia de esos montos que figuraban como crédito en el sistema informático, a las cuentas personales de esos afiliados, desde la cuenta de la Seccional. A la presente se adjuntan los movimientos bancarios de la Seccional que nos brindó el Banco a requerimiento del Interventor, donde en subrayado se resaltan las transferencias a cuentas de afiliados que recibieron préstamos. Si bien pueden verse la mayoría de ellos, sabemos que muchos otros eran transferidos desde la cuenta personal de Luís Bechis y de Daniel Vidal, motivo por el cual solicitaremos a Vuestra Señoría requiera los movimientos de su/s cuenta/s personal/es. Esta sospecha se reafirma en los montos que observamos que transfirieron a sus cuentas personales desde la cuenta de la Seccional”.

“En el mismo sentido de probar la defraudación que el UEJN ha sido víctima y la práctica de préstamos ilegales que se denuncia, se acompañarán los listados de descuentos de haberes, aportados por el Departamento Contable del Superior Tribunal de Justicia de Tierra de Fuego, de donde surgen las cuotas pagadas por los afiliados, algunas son lisa y llanamente cuotas de estos préstamos, en otros casos se mezclan y suman sin distinción alguna con el uso de servicios sociales de la Unión como son el uso de salones y hoteles o el de proveeduría en convenio con comercios locales”, detalló.

“Del análisis pormenorizado que hicimos de esas tres fuentes de información y de su entrecruzamiento, pudimos confirmar que se realizaban habitualmente préstamos, con variadas tasas de interés, en paralelo al sistema formal de créditos que facilita el gremio, y de manera velada, puesto que no era publicitada, aunque muy desfachatadamente documentada, al menos, desde el mes de marzo de 2020, en el Sistema de Gestión Informático de la Seccional. Todo ello con fondos propios de la UEJN que aquí representamos”.

Aseguró que recabada esta información, se tomó la decisión de interrumpir definitivamente las comunicaciones al Superior Tribunal de Justicia de TDF para descuentos en los haberes de los afiliados referidos a cuotas pendientes de esos créditos que figuraban en sistema informático de la seccional. “Esta decisión fue informada a los afiliados por los canales habituales (adjuntamos comunicado al respecto que hizo la Intervención para los afiliados)”.

“Al Superior Tribunal de Justicia se le informó únicamente el descuento de cuotas de créditos gestionados ante el Banco Ciudad y las financieras autorizadas a operar, para que no entraran en mora los afiliados con esas entidades. Y a los afiliados que obtuvieron préstamos ilegales desde la Seccional 1 de la UEJN, se les informó que la Intervención procederá a realizar acuerdos individuales y voluntarios, de devolución de los montos prestados, descontando el interés que se les haya aplicado, cuestión que aún tenemos bajo análisis para evitar cualquier reincidencia en los ilícitos, pero pretendiendo resguardar el Patrimonio de la Seccional que, por los cálculos realizados, muestra un perjuicio originado en esta defraudación de once millones de pesos”.

Piumato dijo que “como gremio nacional, asistimos con pesar a confirmar que esta práctica no solo se aparta de las normas nacionales y las estatutarias, sino que se encuentra en las antípodas de los principios que fomenta toda organización sindical. En el caso particular, no solo fue constatar que otorgaban ‘créditos a tasa cero’ para los muy amigos, para ellos mismos, en un país que vive una pronunciada inflación anual, lo que implica que fue a costa de los aportes del conjunto; sino que a otros no tan amigos se les cobraba tasas usurarias. Y para colmo de males, se hacía un uso extorsivo del otorgamiento y cobro de cuotas. Sin pretensión de abundar en esta cuestión, solo mencionaremos que nos fue manifestado que el Sr. Bechis ordenó descontar en una sola cuota, préstamos originalmente acordados en varias cuotas, como forma de castigo, y pudimos constatarlo en los descuentos de haberes de la afiliada afectada y los chats respectivos)”.

“Por esa razón es que decidimos formalizar la presente denuncia, en el entendimiento cabal de que al responsable de semejante desviación le cabe la mayor sanción, no solo internamente en nuestra organización, sino de parte de la Justicia que vela por el respeto a las leyes que hacen al bienestar de una comunidad”, esgrimió.

Al margen de las competencias de cada sede, “resulta necesario enfatizar que los fondos pertenecen a la UEJN nacional, y en última instancia a todos los afiliados del país”.

Explicó que “bajo ese esquema, las Seccionales, deben remitir anualmente un balance al gremio nacional, aunque en el caso, de los mismos no surge ninguna actividad asimilable a la de crédito, lo que denota que fue desplegado un complejo ardid con maniobras tendientes a la defraudación de esta UEJN. A los efectos adjuntaremos copia certificada del Estatuto Social de la UEJN”.

“Pero a más que eso, es justo diferenciar responsabilidades, puesto que hacia dentro de las autoridades de la Seccional había un círculo que impartía beneficios a los amigos o subordinados y castigos a los que no se doblegaban. Haciendo del patrimonio de la UEJN no solo un uso personal sino herramienta de sometimiento. Quebrando de manera inaceptable los principios que rigen a una organización sindical, pero a la vez instalando el terror de formas que aún no terminamos de develar completamente, pero que dejaron secuelas en los trabajadores judiciales, en cada uno de nuestros afiliados de cada Juzgado, Fiscalía, Defensoría y entidad del país a través de la afectación de su patrimonio”.

“Y en particular, el Sr. Luís Bechis, aún en esta circunstancia, en la que se encuentra intervenido y suspendido de sus funciones a nivel seccional y nacional, brinda entrevistas radiales a medios locales (en las que se autoincrimina reconociendo la práctica de préstamos) y en ninguna pierde oportunidad de amenazar con sumarios a todos aquellos trabajadores y trabajadoras que valientemente están denunciando las prácticas extorsivas que padecieron, demostrando un ejercicio abusivo del poder que consolidó en estos años. Queda claro entonces que el otorgamiento de dichos créditos sin poseer la correspondiente autorización del BCRA para realizar aquella actividad regulada nos permite afirmar que se ha cometido el delito de intermediación financiera ilegal previsto en el artículo 310 del Código Penal. Debemos recordar que, de acuerdo a lo establecido por la ley 21.526 únicamente las entidades financieras autorizadas y supervisadas por el BCRA pueden llevar a cabo el tipo de actividad financiera desarrollada por los aquí denunciados”.

Asimismo, “también es preciso aclarar que la actividad financiera denunciada no fue llevada a cabo con fondos propios sino del gremio sin que, tampoco, se haya contado con la venia de ninguna de las personas con competencia material sobre su manejo”.

“El bien jurídico protegido es el orden económico y financiero, entendido como la integridad del sistema financiero en donde se pena la intervención de personas o instituciones no facultadas por la autoridad de aplicación para intermediar en el sistema”.

“La conducta típica se ve clara porque los acusados se fondearon con dinero ajeno -que, a su vez, administraban- para realizar la actividad financiera de otorgar préstamos en forma ilícita a los afiliados. Y, además, infringiendo su deber de administradores por cuanto no sólo estaban imposibilitados por ley para llevar adelante esa actividad y aplicar los fondos a eso sino, además, por el otorgamiento de créditos a tasa cero y la falta de ingreso del prepago de los créditos a las arcas del gremio”.

“La entidad, entonces, es la principal perjudicada por esta maniobra y esto impacta no sólo en su patrimonio (conformado, insisto, por el de cada uno de sus afiliados a lo largo y ancho del país) sino en su conformación jurídica pues el delito imputado prevé pena de multa y sanciones para la persona jurídica (art. 313 CP y ley 21.526) que lleva a cabo la actividad comprometiendo así a todos nuestros afiliados”.

“En suma, de los hechos relatados surge con claridad la comisión del delito intermediación financiera y, asimismo, asoma con claridad el de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de esta UEJN. Ya que al disponerse el patrimonio de (Cfr. FONTÁN BALESTRA, Carlos – LEDESMA Guillermo, Tratado de Derecho Penal Parte Especial, Tomo IV, pp. 1 686/691, editorial LA LEY, Buenos Aires, 2013), la UEJN mediante el otorgamiento de numerosos créditos con tasas negativas o sin interés de manera totalmente ilegal y contra los estatutos de nuestro gremio, abusando para ello de la confianza depositada para su administración por parte de las autoridades de la UEJN Tierra del Fuego, no sólo genera un grave perjuicio económico actual, sino que además al haberse realizado dicha disposición mediante la comisión de delitos que prevén la responsabilidad penal de la persona jurídica genera una posible contingencia aún más gravosa”.

Fuero Federal CABA

El caso debe ser tramitado ante el fuero federal -conforme la doctrina de la CSJN – 2 con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en razón de la ubicuidad de jurisdicciones en donde se han cometido los actos de los delitos denunciados, la de los distintos titulares del patrimonio afectado (la UEJN y sus afiliados), el lugar en donde la entidad gremial tiene su asiento, administración y autoridades y, fundamentalmente, en razón del carácter nacional del bien jurídico afectado por el delito de intermediación financiera denunciado y su correspondiente órgano y función de control transgredidos”.

Prueba

“A los fines de acreditar los extremos relatados y sin perjuicio de lo que surja, al

ratificar aportaremos:

1) Copias de las conversaciones de Whatsapp y de la constancia de transferencia de los créditos acordados por dicha aplicación de mensajería junto con la correspondiente acta notarial;

2) Acta notarial del ingreso de la intervención a la sede TDF de la UEJN;

3) Diversas notas periodísticas que dan cuenta de las maniobras denunciadas;

4) Copias certificadas de la información recabada en el sistema informático de la sede

TDF de la UEJN, junto con el acta notarial que certificó su descarga;

5) Informes producidos por la Auditoría Contable de la UEJN;

6) Resúmenes bancarios de los movimientos de las cuentas pertenecientes a la UEJN;

Cfr. CCC 063522/2015/1/CS001 incidente Nº 1 - Imputado: Curi, Carlos Alberto s/Incidente de 2 Incompetencia.

7) Copia certificada del Estatuto Social de la UEJN;

8) Copia certificada de los balances presentados por la seccional TDF de la UEJN abarcativos a los períodos denunciados;

9) Documentos acreditando representación y personería

Petición

En orden a estas consideraciones solicito se tenga por presentada esta denuncia, se nos cite a ratificarla, y se le dé el trámite correspondiente.