En paralelo a las negociaciones con el Gobierno para afrontar la crisis alimentaria, la CGT comenzó a evaluar un nuevo pedido a las autoridades para actualizar los fondos destinados a las obras sociales. Esa es una de las posibles medidas que analizará este lunes por la tarde el departamento jurídico de la central obrera frente al agujero financiero ocasionado por la devaluación posterior a las PASO, que disparó los precios de las prestaciones médicas sin un correspondiente incremento de los recursos destinados al sistema de salud administrado por los sindicatos.

El cotitular de la central obrera, Héctor Daer, convocó de urgencia a la reunión a través de su abogado Federico West Ocampo (Sanidad), quien integra el equipo legal de Azopardo junto a Alberto Tomassone (Comercio), Marta Pujadas (Construcción), Pablo Smurra (Metalúrgicos), Horacio Ferro (Gastronómicos) y Monica Risoto (Taxistas). En las obras sociales aseguran que la situación es \"desesperante\" ya que los medicamentos importados se volvieron impagables tras registrar aumentos superiores al 20% y lo mismo ocurre con algunos los tratamientos complejos que son motivo de amparos judiciales y preocupación en los sindicatos.

Por caso, un remedio de origen extranjero que valía $3 millones pasó a costar $3,5 millones luego de las elecciones del 11 de agosto, según cuentan en la obra social de un gremio industrial que atiende a más de 200 mil afiliados. El salto del dólar también impactó en los reactivos químicos, que tuvieron un incremento del 40%, por lo que los proveedores exigen subas de hasta el 25% bajo amenaza de suspender sus servicios a las entidades de salud sindicales. \"Vamos a reclamar por la emergencia sanitaria, el aumento en los costos nos pega a todos y queremos una solución\", dijo a iProfesional el abogado de gastronómicos, Horacio Ferro.

La discusión por los fondos sindicales tendrá lugar en una jornada clave durante la cual la mesa chica de la CGT se reunirá en la sede de UPCN y luego, a las 15, se encontrará con el ministro de Producción y Trabajo, Dante Sica, y la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley. El Gobierno recibirá a la comitiva sindical en el marco de los reclamos iniciados en las últimas dos semanas por los movimientos sociales para que Macri declare la emergencia alimentaria. La central le ofreció a las autoridades formar parte de una red de contención para atender las demandas sociales de los grupos más vulnerables, en medio de las crecientes señales de conflictividad.

En ese contexto, la dirigencia sindical también busca una señal de alivio para sus obras sociales, que atienden a 18 millones de personas. A diferencia de las prepagas, que ahora fueron autorizadas para ofrecer planes \"low cost\", los gremios aseguran que no tienen la posibilidad de limitar la atención a sus destinatarios. Las autoridades, en tanto, reconocen el impacto del dólar sobre las prestaciones pero sostienen que los fondos en sus manos no son propios sino de los aportes de los trabajadores. \"La devaluación es muy reciente, hay que esperar pero seguramente se amplíen los montos\", dijó a iProfesional un funcionario del Gobierno.

Las últimas negociaciones por las obras sociales fueron en abril pasado, en vísperas de la marcha concretada el 4 de ese mes por la CGT. Con esa medida masiva pero breve, la central aplazó un quinto paro general que finalmente ocurrió el 29 de mayo pasado. Cuatro días después de la marcha, Macri decretó la reasignación del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) a las obras sociales por más de $13.000 millones.

De ese total, dispuso en forma inmediata $3.500 millones por los intereses de los fondos colocados en el Bonar 2020 y, por otra parte, liberó $500 millones mensuales por los intereses del Fondo de Emergencia y Asistencia. Este último fue engrosado con los $8.000 millones que OSDE adeudaba al Estado. Pero el grueso de los recursos quedó inmovilizado. Eso es lo que ocurrió con el Fondo de Emergencia y Asistencia, que funciona como un plazo fijo hasta fines de 2019 con un plazo de liquidación prorrogable hasta por 10 años.

El decreto 251/19 destinó además una parte de esos fondos a reforzar el Sistema Único de Reintegros (SUR) que maneja la Superintendencia de Servicios de Salud para cubrir enfermedades de alto impacto económico y que genera fuertes reclamos en el sindicalismo. En la actualidad, los reintegros alcanzan los $1.200 millones mensuales según cálculos oficiales, una cifra que resulta insuficiente en la CGT frente a la magnitud de los aumentos en las prestaciones.

La disputa por los recursos sindicales no es el único factor que tensa la tregua con el Gobierno. Los gremios también enfrentan presiones para reabrir sus paritarias, lo que esta semana derivó en paros por parte de los docentes, aeronáuticos y aceiteros. Las medidas de Macri para aliviar el impacto de la crisis, como la entrega de un bono para estatales de $5.000 y la elevación del salario mínimo en un 34%, reactivaron los reclamos en el sector privado y las organizaciones sociales.