El secretario general de la seccional Río Grande de ATE, Marcelo Córdoba, redobló la apuesta de Carlos Córdoba y advirtió tanto al gobernador Gustavo Melella como al intendente electo de Río Grande Martín Pérez, que va a haber “conflictos en diciembre”, de no tener un aumento inmediato a la asunción de ambos.

Por FM La Isla, expuso que “la situación es muy compleja, no solamente por la coyuntura que tenemos, de un gobierno que se está yendo y otro que está ingresando, sino porque queremos tener en claro cómo vamos a encarar los nuevos procesos. Hoy es insostenible el salario de los trabajadores. Hemos estado relevando el costo que estamos sufriendo los ciudadanos y hemos perdido los precios de referencia, de lo que sea. El castigo que hemos tenido con el programa económico nacional, nos hizo volar por los aires. Lo que podamos conseguir de acá a diciembre también nos va a traer complicaciones, si no hay un parate”, dijo.

“Claramente la hiperinflación está en las narices de todos los políticos y nadie dice nada. Es increíble que los precios de la semana pasada hoy aparecen como ofertas, con un 15 ó 20% arriba. No hay nadie que aguante esto y el gobierno provincial ha dicho que no hay ninguna posibilidad financiera de encarar un proceso para mejorar en algo el salario. Lo que podríamos conseguir sería una limosna y un argumento para las nuevas autoridades, para que digan que logramos conseguir algo y no pueden arrancar dando un aumento”, explicó sobre los motivos para reclamar al gobernador electo, y no a la actual gestión de Rosana Bertone.

“Ese es el análisis que hacemos, por eso estamos buscando la posibilidad de acordar con el nuevo gobierno que va a asumir en diciembre y con el nuevo intendente, para abrir la paritaria en diciembre. Es desesperante la situación y la clase política debe entender que hay que atender a la franja de trabajadores que no llegan a fin de mes”, subrayó.

“Si recorremos los comercios, dan lástima. Es una evidencia brutal de cómo ha sido castigado el pueblo argentino y nosotros no somos ninguna excepción. Somos una más de las provincias que están con crisis muy difíciles y poder sostener internamente al sindicato hoy es dificilísimo. Estamos trabajando con distintas líneas para que las nuevas autoridades entiendan que en este año que se avecina tiene que recuperarse exclusivamente el salario de los trabajadores, porque va a haber muchísimo conflicto. Hemos visto obras del municipio y del gobierno, las obras son buenas, mejoran la calidad de vida de los ciudadanos, pero primero están las necesidades cotidianas de los trabajadores, para llevar una vida digna y comer dos veces al día. Hoy hay trabajadores estatales que están destruidos, y ni hablar de los que están sin empleo”, señaló.

“El estado no puede funcionar con trabajadores con salarios miserables. Esa es la gran discusión que viene con el nuevo gobierno y con el nuevo intendente”, puntualizó Córdoba.

Fin de la paz social

El dirigente advirtió que “si no se abre las paritarias en diciembre, va a haber conflicto en diciembre. Que no tengan la menor duda de que, cuando asuman los dos gobiernos –el provincial y el municipal de Río Grande-, si no hay paritarias hay conflicto, y no van a ser conflictos menores. Nosotros transitamos la calle y le vemos la cara y la necesidad a los compañeros. La organización está pasando por una situación dificilísima. Nuestra acción social está desbordada. Hace dos años atendíamos a 60 compañeros, hoy atendemos a 500 y no damos abasto. Se han destinado los pocos recursos que tenemos a reforzar la atención, porque traen la boleta de algún medicamento, o la boleta de la luz, del gas y de los servicios que no pueden pagar. El sindicato no da más y está desbordada la situación social”.

“Espero que no sean sueltitas de cuerpo las nuevas autoridades que van a asumir y que vayan viendo cuáles van a ser las primeras decisiones que van a tomar”, envió como mensaje, y recordó que “en las elecciones pasadas, siendo candidato –en la lista que llevaba a Bertone como gobernadora-, yo planteé en mi propuesta que los gobiernos que asumieran tenían que privilegiar el presupuesto y decidir cuáles son las necesidades urgentes para redistribuir el presupuesto en los dos primeros años”.

“Yo estoy viendo que se va a venir un conflicto lamentablemente cuando asuman las autoridades nuevas, y en las dos líneas van a tener dificultades muchos compañeros que se van a quedar sin trabajo”, planteó, avizorando que podrían retrotraerse los ingresos a planta de los últimos meses de la actual gestión.

Apuntó que “el hospital está desbordado porque mucha gente de la actividad privada se quedó sin obra social y a eso se le suman los trabajadores estatales que no pueden pagar el arancelamiento de su propia obra social y van a buscar la atención de la salud pública. Eso lo venimos diciendo desde hace un año. Uno viene planteando hace años la situación del sistema asistencial y previsional. Los funcionarios de gobierno dicen que, aun teniendo dinero, están limitados por una cuestión jurídica, que tiene que ver con el pacto fiscal; pero el pacto fiscal fue acordado por el gobierno provincial y los legisladores que votaron la ley, y se adhirieron los municipios con todos los concejos deliberantes. Pareciera que los culpables son los sindicatos y muchos compañeros nos piden respuestas, cuando deberíamos salir todos a pedir respuestas al Poder Legislativo, que es el que levanta las manos para destruir el sistema previsional, la obra social, el salario de los trabajadores y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento del estado. Sin embargo siguen dando vuelta los mismos legisladores y los mismos partidos. La sociedad tiene que entender que hay que cambiar este rumbo de una provincia joven, que ha tenido presupuestos millonarios y hoy está prácticamente en la quiebra”, sentenció.

El impacto del conflicto en Chile

Córdoba planteó una conflictividad en Argentina similar a Chile y prevé que la revuelta en el país vecino tendrá su impacto de este lado de la cordillera, y en Tierra del Fuego en particular. “Es un debate permanente de estos últimos cinco o seis meses. La clase política no se está haciendo cargo y después hablan de los violentos. La gente que salió en Chile y en Ecuador ha sufrido violencia del Estado. La respuesta de los compañeros y del pueblo en la calle no es porque son violentos, sino porque han sido violentados por la clase política, que los ha degradado de tal modo que ya no pueden más. Como ya no tienen qué perder, les importa muy poco salir a vender cara la situación. Hay que analizar esto, porque muchas veces decimos que la violencia no se puede justificar de ningún modo, pero habría que verlo. Hoy yo digo que hay que analizarlo, porque también la violencia es votar leyes que destruyen obras sociales, que destruyen sistemas previsionales, que van en contra de los derechos de los trabajadores, de la salud y la educación, porque los presupuestos son destinados a cumplir los antojos de algunos empresarios que piden obras especiales”, denunció.

“Esto hay que empezar a revisarlo y la complicidad del Poder Legislativo está a la vista. El pueblo tiene que empezar a mirar cómo nos engañan y nos mienten permanentemente y esta es la degradación que se ha notado en Sudamérica en este tiempo. Primero sufrimos la violencia estructural de los Estados, y por eso estas revueltas en Ecuador y en Chile, porque los trabajadores ya no tienen qué perder. Si vamos a vender cara la derrota, tendremos que hacerlo, porque ya no se puede seguir con el mismo cuento de siempre”, enfatizó.

“Los poderes políticos se han dedicado a decirle a los trabajadores que están muy bien y que se tienen que conformar. Esta es una gran pregunta para los nuevos legisladores que vienen, para el nuevo gobernador, los nuevos concejales, para el nuevo intendente de Río Grande. Nosotros no vamos a ser obtusos pero sí vamos a poner en claro las cuestiones que se vienen sucediendo y nos están haciendo tanto mal”, concluyó.