El secretario general del gremio de la construcción UOCRA en Río Grande, Julio Ramírez, pidió que haya más control desde el Ministerio de Trabajo en las contrataciones por parte de empresas que no pagan lo que deben a los trabajadores y no cumplen con las normas se seguridad correspondiente. A pesar de remarcar una buena temporada para el sector en materia de empleo, Ramírez sostuvo que: “a ese 10% que no está trabajando lo toman, pero bajo una falencia total”.

“Esto no es de ahora, siempre pasa lo mismo, lo que pasa es que son situaciones en que el gobierno adelanta las obras públicas, entonces se presentan las asociaciones, algunos monotributistas o contratistas chicos y contratan a cuatro o cinco compañeros y le pagan $60 o $70 la hora, y le hacen trabajar ocho o diez horas, como ellos quieren”, denunció el referente del sector de la construcción.

En esa línea, comentó que actualmente la hora de un ayudante de la construcción vale más de $1200 por convenio en blanco, “esta gente paga hasta $80 la hora y no tienen cobertura de nada ante los riesgos que corren. No puede ser que la gente trabaje en zapatillas, que no tengan la ropa adecuada o no haya baños químicos. Las empresas chicas se presentan, obras públicas le da el trabajo y hasta ahí todo bien, cuando empiezan a trabajar empieza el problema porque toman a la gente en negro”.

Asimismo, ante estos casos y frente a denuncias presentadas ante el Ministerio de Trabajo provincial, pidió que se realicen las correspondientes actuaciones hasta tanto las empresas regularicen la situación de los trabajadores. “Obras Públicas de gobierno debería hacer un control a parte del control que hacemos nosotros. Recibimos denuncia que le están pagando eso a la gente, hacemos la respectiva denuncia en el Ministerio de Trabajo, en donde tienen que ir a inspeccionar y clausurar la obra hasta que se ponga todo en regla”.

Sobre el accionar gremial, se refirió a las respuestas de las contratistas, “se enojan, dicen que no dejamos trabajar a la gente que tiene necesidad, la realidad es que, si la gente tiene necesidad, pero que no los exploten por eso, ese es el asunto”.

Continuamente, añadió, “como puede ser que a una empresa de Bahía Blanca le den un contrato para que cambien las chapas en una escuela del AGP como si no hubiera empresas locales para hacer ese trabajo, cuando esa empresa tampoco cumple con los requisitos que debe cumplir. La secretaria de trabajo tiene que ir a hacer la inspección y clausurarle la obra hasta que regularice todo”.

A pesar de esta situación particular, Ramírez resaltó el aumento de empleo a raíz de la ejecución de obras públicas y privadas, “las obras grandes que se están haciendo, las escuelas, los hospitales o el muro de la costa, son todas empresas locales que reúnen los requisitos y la gente cobra como corresponde”.

“Esta temporada tuvimos mucho trabajo, casi la totalidad de los obreros están trabajando, pero siempre el chiquitaje es el que explota a la gente, del 90% que trabaja, a ese 10% que no está trabajando lo toman, pero bajo una falencia total”, dijo, por último, el secretario general de la UOCRA, Julio Ramírez.