El ex encargado del centro invernal Valle de Lobos, Walter Cayo está imputado por presunto maltrato de 87 perros alaskanos y siberianos alojados en el lugar, pero busca evitar el juicio oral y público y que el caso se resuelva a través de mediación.

El juicio previsto para el ex encargado esta previsto para el 18 de este mes en el Juzgado Correccional de Ushuaia, pero la jueza Felicitas Maiztegui Marcó aun aguarda el resultado de un pedido efectuado por el imputado ante el Centro de Mediación judicial.

“El Centro consultará a la parte damnificada, representada por Juan “Gato” Curuchet (dueño del centro invernal que le había alquilado el predio con los perros a Cayo). Si Curuchet acepta la mediación (también debe consentirlo la Fiscalía y la propia jueza) el juicio puede ser suspendido. De lo contrario comenzará en la fecha prevista”, dijeron las fuentes consultadas.

Por el momento, el inicio de las audiencias está previsto para las 8.30 del miércoles 18 en el salón de audiencias del organismo.

La causa responde a una denuncia contra el encargado del centro invernal planteada en 2018 por la Asociación Civil Protectora de Animales “Patitas Tolhuin”, cuyos integrantes certificaron el estado de abandono en el que se encontraban los perros y serias deficiencias en las instalaciones.

El juez de instrucción Javier De Gamas Soler investigó el caso y tras las acusaciones sostenidas por el fiscal Fernando Ballester Bidau, procesó a Cayo por el delito de maltrato animal previsto en la ley nacional 14.346, en una resolución donde también realizó un severo diagnóstico sobre el estado en el que se encontraban los animales en Valle de Lobos.

Una especialista de la ONG denunciante declaró en el expediente que “vio que los canes comían trapos y luego los defecaban, como así también observó a los perros esperando a que otro defecara para comer sus heces”.

En noviembre de 2018, De Gamas Soler elevó la causa a juicio tras declarar clausurado el sumario. La defensa del encargado también presentó un pedido de probation (o suspensión del juicio a prueba) que incluía pagar un resarcimiento económico de $12 mil, pero la solicitud no prosperó.

“El juicio era el fin buscado al efectuar la denuncia. Desde la asociación están muy contentos y satisfechos con el procedimiento, además de con la actuación del juez y del fiscal interviniente”, sostuvo el abogado de “Patitas Tolhuin”, Alejandro Gómez, “Esperamos el juicio con mucha expectativa. Creo que es lo que correspondía hacer”, agregó el letrado antes de que se conociera el pedido de mediación.