La Fiscalía Federal solicitó penas de entre 4 y 10 años de prisión efectiva para los cuatro imputados en el juicio oral y público por trata de personas relacionado con el local nocturno “Aquelarre” de la ciudad de Río Grande, allanado y clausurado en 2014 luego de un operativo en el que fueron rescatadas 14 mujeres que, según los investigadores, eran explotadas sexualmente. Un último imputado no se presentó a las audiencias y fue declarado en rebeldía, por lo que se dictó su orden de captura.

Los pedidos de condena fueron realizados el viernes durante la etapa de alegatos del juicio que lleva adelante en Ushuaia el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego. La fiscal María Hermida requirió 10 años de prisión para la encargada del local,  Elvira Centurión, su hijo Diego Escalante y Jorge Scienza, a los que consideró parte de una organización y los encontró “coautores penalmente responsables del delito de trata de personas con fines de explotación sexual”, agravado por la pluralidad de personas intervinientes y la cantidad de víctimas, por el aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad de las mujeres y por haberse consumado la explotación sexual.

A su vez, solicitó 4 años de prisión para Orlando Acosta, alias “Gilda”, como partícipe secundario del mismo ilícito. Un quinto acusado, Carlos Longiarú, propietario del inmueble y acusado de ser partícipe de la maniobra delictiva, fue declarado en rebeldía al no presentarse a las audiencias y se dictó su orden de captura, según indicaron fuentes judiciales.

Para el día de mañana los jueces comenzarán a escuchar los alegatos de las defensas de los imputados, agregaron los voceros consultados.

De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio realizado por el fiscal federal de Río Grande Marcelo Rapoport, la organización captó al menos 14 mujeres en condiciones de vulnerabilidad social.

Las víctimas habrían sido engañadas con falsas ofertas laborales y luego trasladadas en avión hasta la ciudad fueguina, con pasajes pagados por los tratantes, lo que se transformaba en la deuda inicial de las mujeres, quienes una vez sometidas, eran controladas mediante un sistema de pulseras para contabilizar los denominados “pases” (o relaciones sexuales con los clientes que acudían al prostíbulo).

Paralelamente, los “clientes” acordaban una tarifa con la víctima. El valor estaba preestablecido por los dueños boliche y era abonado antes del encuentro sexual, que se concretaba en una casa particular o en un hotel alojamiento.

La investigación se inició en 2013, a raíz de un correo electrónico recibido en la Fundación María de los Ángeles que luego fue derivada a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), a cargo de Marcelo Colombo y Alejandra Mángano. En la comunicación, se mencionaba la existencia de una página web que promocionaba servicios sexuales y la existencia de varios locales, entre ellos uno denominado “Aquelarre”.

Más allá del uso de pulseras que servían para controlar los \"servicios sexuales\", la banda realizaba anotaciones en cuadernos, que eran escondidos cuando se llevaban adelante controles municipales en el interior del local. Además, habían instalado cámaras de seguridad para registrar los movimientos de las víctimas, sostuvo el fiscal.

Según el dictamen del representante del Ministerio Público, al tiempo de conocerse la noticia de la existencia de una ley provincial, que tendría por fin prohibir el establecimiento de locales nocturnos tales como ‘whiskerías, cabarets y afines’, el principal imputado se avocó a obtener una modificación en el rubro comercial simulado, a los efectos de posibilitar la explotación sexual de las víctimas.