El politólogo Luis Castelli, Director de la consultora Vox Populi, dialogó con FM Masters sobre los resultados del último informe realizado en relación a las elecciones del 2023 y a la percepción que tiene la comunidad sobre la Justicia Electoral de Tierra del Fuego.

Al respecto, reveló que “encaramos el estudio justamente a partir de la polémica bien producida que se da a partir de la anulación de los votos de Republicanos Unidos que modifica la integración de los cuerpos legislativos de Ushuaia y Río Grande en los concejos deliberantes. Hemos hablado de esto incluso de la postura personal, pero nos pareció muy interesante saber qué impacto había tenido en la opinión pública en general porque a veces, incluso en algunos de sus escritos, la justicia electoral dice que esto era un ruido mediático y probablemente fuera en ese sentido la discusión. Entonces dijimos si más allá de lo que puede ser el mundillo político y de los medios, esto realmente tiene impacto en la población general y ha producido una opinión en particular distinta a la que habíamos escuchado. Con ese espíritu y teniendo en cuenta que también es una cuestión que afecta gravemente el funcionamiento del sistema democrático en un año que conmemoramos los 40 años de la recuperación de la democracia, consultamos a la población a ver qué opina de esto”.

En este sentido, detalló que “hicimos una encuesta con seis o siete preguntas vinculadas a este caso particular y algunas otras al funcionamiento general de la Justicia Electoral en estas últimas elecciones que pasaron. De la lectura de los datos, no sé si arribaría a conclusiones, porque por ahí es rico que la gente saque sus propias conclusiones. Los datos son, desde mi punto de vista, preocupantes por la imagen que tiene la población de la justicia electoral de la provincia. Estamos hablando de un 84% que tiene una imagen negativa de la Justicia de Tierra del Fuego. Es preocupante porque cuando preguntamos desde la experiencia personal que cada persona que respondió había tenido el día de la elección, los datos son graves. Por ejemplo, qué grado de información previa tuvo del sistema electoral y solo el 17% dijo que hubo información previa y suficiente correcta para ir a votar, para el resto no. También le preguntamos cómo había sido su experiencia personal en cuanto al tiempo de espera y solo el 31% dijo que fue buena, el resto fue entre regular y mala”.

“Hay un dato que me pareció gravísimo y es que nosotros preguntamos cómo calificaría su experiencia en la elección en cuanto a la seguridad del secreto de su voto y solo el 45% dijo que la experiencia que había sido buena; un 55% no se sintió seguro en cuanto al secreto de su voto y es un dato que la Justicia tiene que tomar nota porque tiene que ver con nuestro sistema electoral y cómo se dispusieron las mesas porque en algunos casos había cuartos oscuros que estaban divididos adentro del mismo aula por biombos donde en algunas casos las autoridades de mesa observaba a los electores. Hubo distintas experiencias y testimonios que daban cuenta de eso”.

Para Castelli, “creo que está vinculado a una de las polémicas que se había generado previamente respecto a la decisión de la justicia de contratar una firma estatal del Gobierno de la Provincia para el recuento de votos. El hecho de que la Justicia contratara por una cifra millonaria a una empresa cuya titular es la ministra de Producción y Ambiente del Gobierno que iba a la reelección con sus titulares, influyó para que hubiera un ambiente de desconfianza y poca credibilidad y me parece que no está bueno”.

Por último, consideró que “el mejor momento para encarar una revisión o una reforma eventual de nuestro sistema electoral es el día más alejado a las elecciones próximas y ese día es hoy. Lo peor es que nos puede pasar es que estemos discutiendo o polemizando sobre esto después de las próximas elecciones. El estudio busca generar algo de luz sobre la disconformidad y desconfianza que existe en la población. Nosotros también le preguntamos a la población si les parecía correcto sancionar al partido que no cumplió con el color de la boleta y anularle los votos, o si les parecía que era mejor respetar la voluntad de los electores que eligieran esa boleta y reconocer esos votos y el 76% optó por esa segunda opción”.