El ingeniero Daniel Heinzmann y la docente Sara Lía Altamirano, fueron exonerados de la administración pública, al concluir el sumario administrativo en el cual quedó confirmada un ardid delictivo de confeccionar certificados médicos falsos para poder justificar ausencias en los cargos que ocupaban en el gobierno.

Mediante el decreto 669/2020, firmado por el gobernador Gustavo Melella y la ministra de Obras Públicas, María Gabriela Castillo, se aplicó la sanción de exoneración, luego de concluir las actuaciones que los hechos que se le imputaron a ambos profesionales constituyen responsabilidad administrativa.

Si bien la actual gestión aplicó la cesantía, cabe recordar que cuando la caso se hizo público, la por entonces gobernadora Rosana Bertone destacó “la rápida actuación de la Justicia” y expresó: “No deja de sorprendernos que sea una docente y un ingeniero del Estado provincial quienes pudieran haber llevado adelante esta comisión de hechos ilícitos”.

Al igual que otros hechos irregulares que se detectaron en el gobierno, Bertone ratificó en aquel momento que una de las premisas de su gestión era “combatir cualquier tipo de acto de corrupción”.

En las conclusiones del sumario y el dictamen de Legal y Técnica, se asevera que tanto Heinzmann como Altamirano llevaron a cabo maniobras con fines de engañar a la administración pública y justificar días de inasistencias, encuadrando la conducta en lo establecido en artículo 12 del Decreto Nacional 3413/79.

Además se pudo establecer que con las acciones desplegadas se ha configurado perjuicio fiscal por lo que “se deberá ordenar a las áreas correspondientes llevar a cabo el recupero de las sumas correspondientes”.

Los agentes exonerados ahora cuenta con un plazo de diez días contados a partir del día siguiente a su notificación, podrán interponer recurso de reconsideración conforme los términos establecidos en el artículo 127 y siguientes de la Ley Provincial 141 de Procedimiento Administrativo; indica uno de los articulados del decreto por el cual se aplicó la sanción.

El hecho fue puesto a la luz tras una denuncia, en sede penal, formulada por la directora de Medicina del Trabajo Zona Sur, dependiente del Ministerio de Salud. A partir de ello se abrió la causa 29.427, caratulada “Zajic, Susana s/denuncia”, en las que quedaron imputados Sara Lía Altamirano y Daniel Heinzmann; tramitada en el Juzgado de Instrucción 2 de Ushuaia, a cargo de la jueza María Cristina Barrionuevo.

A principio de julio de 2017 se realizó un allanamiento en una vivienda de la calle Puerto Español al 500, domicilio de los imputados, donde se encontraron alrededor de 70 sellos apócrifos a nombre de profesionales médicos de la plaza local y también certificados médicos falsos, con los cuales justificaban inasistencias, de manera de percibir el salario sin descuentos por no concurrir a su lugar de trabajo.

En el lugar también aparecieron varias hojas con los datos personales de otros empleados públicos y de certificados médicos apócrifos a nombre de esas personas, lo que motivó que la Fiscalía ampliará las pesquisas para determinar si los imputados se dedicaban a prestar ese tipo de “servicio” a otros agentes.