El pasado 5 y 6 de diciembre de 2019, la ciudad de Río Grande se realizaron las primeras declaraciones indagatorias en el marco de la causa que investiga las presuntas torturas en las Islas Malvinas, por las cuales se encuentran imputados una veintena de militares.

Si se tienen en cuenta los plazos habituales, justamente por estas horas y vencidos los 10 días hábiles debía conocerse la resolución de jueza Mariel Ester Borruto, quien tiene la obligación de resolver la situación procesal de los primeros indagados: Miguel Gardé, Belisario Affranchino, Eduardo Gassino y Gustavo Calderini.

Esto se debe, explicaron fuentes judiciales del fuero federal a Radio Fueguina, a que en la feria de verano los cuatro imputados incorporaron por escrito una ampliación de la indagatoria inicial y, además, pidieron la prescripción de la investigación.

Por ello es que ahora el Juzgado Federal de Río Grande debe, en principio, fijar nuevo plazo para la resolución y correr vistas a las partes involucradas. Una vez los nuevos incidentes hayan sido notificados a la Fiscalía y las querellas llegaría la resolución de la Jueza, lo que se espera ocurra la semana próxima.

Si bien estos cuatro imputados aún no habían jugado la carta de la prescriptibilidad de los delitos que se les imputan, es largamente conocido en esta misma causa que otros sospechosos sostengan que se los acusa de delitos comunes y, por tanto, habría transcurrido el tiempo suficiente para considerar agotados los plazos y prescripta la causa.

Ahora estos cuatro, asesorados por el defensor oficial de Río Grande, el Dr. Guillermo Garone, también apuestan a la prescriptibilidad, amparándose en el fallo de la Cámara de Casación que llegó a la Corte Suprema de Justicia en 2015 y que resolvió que no cabía atribuir a los hechos materia de la causa el carácter de crímenes de lesa humanidad y, por tanto, que habiendo transcurrido el plazo extintivo correspondía dictar la prescripción de la acción penal.