Catorce mujeres fueron “rescatadas” de este local donde las tareas de inteligencia indicaban que se comercializaban copas y “pases” con mujeres que eran explotadas económicamente por esa vía, quedando, inicialmente, seis personas detenidas en el marco de la causa.

Finalmente la Justicia Federal tras la instrucción de la causa resolvió la elevación a juicio del caso para cinco de los imputados; la propietaria del local Elvira Centurión, su hijo Diego Escalante, Jorge Scienza, un transexual identificada como Orlando Acosta alias “Gilda” y el propietario del inmueble Carlos Longiarú.

Locador a juicio

En este último caso en particular se sienta una jurisprudencia importante respecto a este tipo de casos, en los que se busca punir además a los propietarios de inmuebles donde se realiza esta actividad de manera ilegal, cosa que no puede pasar desapercibida para los mismos.

La defensa de Longiarú pidió la revisión de la elevación a juicio respecto de su rol como locador del inmueble, ya que consideró que no tenía vinculación alguna con la actividad ejercida allí.

El rechazo de parte de la Justicia fue inmediato en razón de que era de dominio público la actividad que se ejercía en este local, además de escuchas telefónicas en la investigación que dejaron en claro que Longiarú estaba en conocimiento de la actividad que se desarrollaba en su inmueble.

Además la investigación determinó que el precio del alquiler estaba muy por encima al precio de mercado de un local de ese tipo, en esa zona, por lo que se precisó que el dueño del edificio se beneficiaba económicamente a expensas de que la actividad que se ejercía allí estaba en conflicto con la ley.

Tras el rechazo de este recurso, la próxima semana la causa será elevada a juicio y este caso se transformará en el primero de “trata de personas” en llegar a esta instancia para la ciudad de Río Grande.