La presidente de la asociación ambientalista Mane’kenk, Nancy Fernández, confirmó la denuncia radicada en sede penal el pasado jueves contra el ex jefe de gabinete Leornardo Gorbacz, el ex ministro de Obras Públicas Luis Vázquez y el ex secretario de Cultura Gonzalo Zamora, por ser los tres funcionarios que firmaron los actos administrativos vinculados con el estudio de impacto arqueológico de la obra del corredor costero Canal Beagle.

La semana pasada el representante de la comunidad yagán Víctor Vargas había informado sobre el “aporte de datos a Mane’kenk”, que venían realizando, luego de las sospechas generadas por el ocultamiento del hallazgo de restos humanos durante la apertura del tramo 1.

Ya se conoce que los restos pertenecerían a una niña de corta edad, pero la comunidad teme que haya más que quedaron bajo la traza. “Hemos aportado las notas de la Secretaría de Cultura, que no ha enviado todavía el informe general al Museo del Fin del Mundo sobre el hallazgo de restos humanos”, dijo, teniendo en cuenta que se estima que se produjo “alrededor del 18 de octubre”, y que los restos tienen fecha de ingreso al Museo el 2 de noviembre, en tanto la comunidad fue notificada recién el 21 de ese mes.

Este solo hecho implica la violación de la legislación específica que determina dar aviso a la comunidad antes de la exhumación; pero Mane’kenk accedió en los últimos días a otra información relevante: parte del informe Terramoena, que el gobierno había declarado “reservado”, y donde consta en detalle cada yacimiento, con datos de GPS, y la diferencia es abismal respecto de los que había informado la empresa y aprobado el ex Secretario de Cultura.

La denuncia fue radicada luego de que parte de ese informe todavía secreto les llegara “en forma anónima”, según dijo Nancy Fernández por Radio Nacional Ushuaia.

Acompañada del abogado patrocinante de la ONG, Dr. Raúl Aciar, concurrieron primero a ampliar pruebas a comienzos de la semana pasada “con el testimonio del arqueólogo Lucas Turnes, que cobró notoriedad porque varias veces manifestó públicamente que había alertado a las autoridades sobre las deficiencias del estudio arqueológico inicial. A partir de esta presentación, la jueza Barrionuevo instruyó otra causa y se la pasó al juez Vidal, porque considera que el objetivo es específicamente la afectación de restos arqueológicos. Ahora está en el juzgado nro. 3”, dijo del desprendimiento de la investigación en sede penal.

El jueves Fernández fue citada “en carácter de querellante para ampliar el testimonio y fuimos con el Dr. Aciar munidos de documentación. Dejamos pruebas de que las autoridades del gobierno, desde el principio de la obra estaban en pleno conocimiento de todas las alertas que habían dado investigadores del CONICET, personal técnico del gobierno, e incluso la jefa del museo. Además hay una empresa, que es la consultora Terramoena, a la que contrataron para un informe arqueológico que declararon secreto. Hace pocos días recibimos documentación en forma anónima, con el diagnóstico de esta empresa en el mes de abril. Allí deja bien claro, con datos precisos de GPS, la abismal diferencia que había entre lo que Gancedo declaró en su primer informe arqueológico y lo que ellos detectaron. Estamos hablando de una diferencia de 7 a 300 yacimientos en el mismo sitio”, manifestó.

“No hablamos de una diferencia de 15 ó 20 yacimientos, y estos datos no podían obviarse”, sostuvo, dado que el entonces Secretario de Cultura aprobó el informe de Gancedo y, con este paso, permitió que se iniciara la obra, sin tener en cuenta los relevamientos de la consultora, que no se condecían con lo que había hecho la empresa.

“La primera evaluación de impacto arqueológico fue la que Zamora aprobó y permitió que empiece la obra, y después aparece este informe contundente que declaran secreto, porque podían parar la obra en el mes de mayo. El informe está plagado de números y coordenadas GPS. Un ciudadano común no tiene acceso a esa información libremente, porque son GPS específicos, de campo”, detalló, al tiempo que calificó de “ridículo” el argumento que dio Zamora para justificar el secreto que cayó sobre este informe.

Cabe mencionar que para el ex secretario era riesgoso dar a publicidad un informe con precisiones de los yacimientos, porque podían ser saqueados al conocerse la localización.

El detonante

El punto detonante para acelerar la investigación penal y puntualmente contra los ex tres funcionarios, fue el ocultamiento del hallazgo de restos humanos, que ocurrió “a fines de octubre”.

“Esto ya había sido alertado por Ernesto Piana, por el CONICET, porque iba a suceder en algún momento. La comunidad yagán fue informada a fines de noviembre y no se respetó ninguna de las normas que establece la legislación en materia indígena. Primero, ante un hallazgo debe pararse la obra, y luego hay que informar a la comunidad, que es la que decide si se saca y se rescata ese cuerpo o queda ahí. Acá se desayunaron el 21 de noviembre mediante una nota”, cuestionó, en medio de las sospechas de más cuerpos que podrían permanecer bajo la traza.

“Hoy el sector más afectado es el de Estancia Remolino y están buscando mantener el hermetismo, porque saben que están haciendo las cosas mal. Las autoridades entrantes presentaron una medida cautelar y es incomprensible la actitud de la justicia”, dijo, ante el rechazo del recurso de amparo que había presentado el gobernador electo Gustavo Melella.

“Tarde o temprano esto va a parar, vamos a llegar hasta la Corte Suprema de Justicia y varios de los actores se van a ver complicados, porque vamos a pedir la asignación de responsabilidad de cada uno de los que omitió o tomó una decisión, porque el problema no es lo que se hace, sino lo que se deja de hacer también”, remarcó.

Si bien la feria judicial comienza el 18 de diciembre, Fernández informó que fue pedido “el levantamiento de feria. Hoy está en manos de los jueces, o de los políticos cuando asuma el nuevo gobernador, para no encontrarnos con tierra arrasada. Parar la obra puede ser un antes y un después, porque en un mes o destruyen todo o resuelven todos los problemas”, planteó.

“Yo he involucrado puntualmente a los tres funcionarios que estaban absolutamente informados, que son el ex jefe de gabinete Leonardo Gorbacz, el ex ministro Luis Vázquez y el ex secretario de Cultura Gonzalo Zamora. Ellos fueron los que firmaron todos los actos administrativos, a pesar de todas las alertas que le dieron varios organismos y su propio personal. Principalmente haber declarado secreto el informe de Terramoena fue el acto más contundente”, enfatizó.

Informe impago

Nancy Fernández apuntó que el interés de los funcionarios por mantener este informe oculto fue tal, que no terminaron de pagarle a la consultora. “Con una resolución que lleva minutos se podía quitar el carácter de secreto a este informe, pero a la empresa Terramoena no le terminaron de pagar, porque no quieren que eleven ese informe final. Es una especie de chantaje el hecho de no pagarles para que no puedan divulgar el informe –dijo-. De esa manera se ha manejado el gobierno de Bertone. Lo que esperamos del juzgado es que en esta nueva causa acepte como querellante a la asociación Mane’kenk y también se va a presentar como querellante la comunidad yagán”, adelantó.

Respecto de los requerimientos al juez Vidal, se reclama “que libre una orden de peritaje en campo por parte de entidades científico-tecnológicas y que determine la paralización de la obra. Desde enero estamos pidiendo esto y ya casi vamos a cumplir un año. La causa civil por intereses difusos casi cumplió un año también y estamos absolutamente decepcionados del juzgado civil. Tienen todas las pruebas sobre la mesa, todos los argumentos, la última vez fue a hablar Ernesto Piana y estuvo más de dos horas informando al juez, que así y todo rechazó todas las presentaciones”, concluyó.