El Senado convirtió en ley dos proyectos de alto impacto en el sistema judicial argentino: la reforma sobre reincidencia delictiva y la implementación del juicio en ausencia. Ambas iniciativas, que habían sido aprobadas previamente en la Cámara de Diputados, fueron votadas con amplia mayoría, salvo la oposición del kirchnerismo y la izquierda.

Endurecimiento de penas para reincidentes

Con 67 votos a favor, la Cámara alta dio luz verde a la ley que refuerza los criterios para restringir la libertad de delincuentes reincidentes. La norma establece que una persona será considerada reincidente si ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena esté firme.

Además, modifica el criterio para conceder la excarcelación, permitiendo que los jueces consideren el número de causas penales en trámite como un posible indicio de riesgo procesal. De este modo, quienes acumulen múltiples imputaciones podrían ver restringida su libertad hasta que se resuelvan sus procesos judiciales.

Durante el debate en Diputados, la presidenta de la Comisión de Legislación Penal, Laura Rodríguez Machado, aseguró que esta medida busca poner fin a la "puerta giratoria" de la justicia. “Con esta ley se acabará la impunidad y los delincuentes en la calle”, afirmó.

Juicio en ausencia: una herramienta contra la impunidad

El segundo proyecto aprobado permite la realización de juicios en ausencia para delitos graves, como crímenes de lesa humanidad y terrorismo. La norma fue impulsada por los ministros Mariano Cúneo Libarona (Justicia) y Patricia Bullrich (Seguridad), especialmente en el marco de la causa por el atentado a la AMIA, donde el Estado argentino aún reclama la extradición de ciudadanos iraníes imputados.

El mecanismo se aplicará en casos donde el imputado haya sido declarado rebelde por la justicia tras ignorar requerimientos judiciales, evadir el proceso o no presentarse después de una búsqueda de al menos cuatro meses. También se permitirá cuando un país rechace o no responda un pedido de extradición.

Para garantizar el derecho a la defensa, la ley establece que un juez deberá designar un defensor oficial en caso de que el acusado no cuente con uno propio. Además, el imputado podrá nombrar a su abogado de confianza en cualquier momento del proceso.

Reacciones y respaldo del Gobierno

Tras la votación, la ministra Patricia Bullrich celebró la sanción de ambas leyes y destacó su impacto en la política de seguridad. A través de su cuenta en la red social X, expresó: “Cambio de paradigma histórico en seguridad: Un logro de nuestro gobierno liderado por el Presidente @JMilei. El que las hace, las paga”.

Con estas reformas, el Gobierno busca endurecer el castigo a los delincuentes reincidentes y evitar la impunidad en causas donde los imputados escapan de la justicia