Hace un mes, el Gobierno de Tierra del Fuego, liderado por el Gobernador Gustavo Melella, presentó un amparo colectivo ante la Justicia Federal con sede Río Grande para revertir los drásticos aumentos en las tarifas de gas que afectan gravemente a los residentes de la provincia.

En diálogo con Minuto Fueguino, el Gobernador Melella enfatizó la importancia continua de esta iniciativa legal: "Nosotros hemos hecho la presentación, como todo el mundo sabe, toda la comunidad de Tierra del Fuego, ante la Justicia Federal. Camuzzi y el Gobierno Nacional recurrieron a la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia para que la jueza de Río Grande no pueda actuar en la causa, pero ahora la Cámara ha consolidado, ha fortificado a la jueza para que pueda expedirse."

En este contexto, Melella explicó cómo están fortaleciendo su caso: "Estamos ampliando nosotros la presentación para que haya un pronunciamiento de fondo de parte de la Justicia Federal. Una ampliación con más casos todavía, con más demostración de este tremendo ajuste tarifario que se da y que es imposible de pagar para muchos."

La Justicia Federal ha admitido a trámite el amparo y ha dictado una medida cautelar que impide los cortes de gas a los usuarios que no pueden pagar las nuevas tarifas, ofreciendo así un alivio temporal a las familias afectadas. Esta medida cautelar ha sido fundamental para proteger a los consumidores durante el proceso judicial.

Melella también criticó duramente las percepciones erróneas sobre el consumo de gas en la región: "cuando uno escucha a ciertos funcionarios nacionales a decir que acá se despilfarra el gas, que vengan. Los invitamos a que vengan a vivir a Tierra del Fuego y comprobar lo que significa estar permanentemente con temperaturas bajo cero."

Este movimiento marca un compromiso firme por parte del Gobierno provincial para defender los intereses y el bienestar de sus ciudadanos frente a políticas tarifarias que consideran injustas y desproporcionadas. Con la continuación de esta acción judicial, se espera que Tierra del Fuego pueda lograr un resultado favorable que alivie la carga económica de sus residentes y establezca un precedente importante en la protección de los derechos de los consumidores en Argentina.