La Justicia provincial dio por concluida la investigación penal en torno al Decreto 1656/24, emitido por el Ejecutivo de Tierra del Fuego para convocar a la elección de convencionales constituyentes. El fallo, que ya quedó firme, desestimó las denuncias presentadas por el legislador Jorge Lechman y el abogado Paulino Rossi.

Según confirmó el abogado Raúl Paderne, representante legal de la ministra Gabriela Castillo, “no existió delito alguno” en la confección del decreto, y tanto las pruebas testimoniales como periciales respaldaron la legalidad del procedimiento. El decreto en cuestión fue refrendado por la propia ministra de Obras y Servicios Públicos.

El juez Sergio Pepe, a cargo del Juzgado de Instrucción N.º 1, resolvió que no hubo irregularidades en la elaboración del documento ni en su firma, destacando que la intervención de la funcionaria se encuadró dentro de lo que marca la ley.

Paderne aseguró que este fallo deja en claro que “no ha quedado duda alguna sobre la legalidad del Decreto de convocatoria”. Además, sostuvo que la resolución impactará en la causa principal, actualmente en manos del Superior Tribunal de Justicia, donde se analiza el aspecto constitucional del decreto.

Ambas denuncias fueron rechazadas por falta de mérito, luego de que el requerimiento fiscal no encontrara elementos que configuren un delito.