El Doctor Pablo Martín Bramati, en su carácter de subrogante del Juzgado de Instrucción N° 2, del Distrito Judicial Norte, se refirió a la investigación que se está llevando adelante a raíz del incendio intencional de un vehículo propiedad del comerciante Ramiro Granja, ocurrido en la vía pública el pasado 11 de abril en Río Grande.

El magistrado explicó que tomó intervención en el hecho, a partir de la notificación recibida por parte de personal de bomberos voluntarios, quienes acudieron al lugar para contener el incendio, en tanto que aclaró que no existió denuncia alguna por parte del damnificado.

El Juez Bramati informó que la investigación está en etapa preliminar, aunque cuentan con informes que permiten corroborar que el incendio fue intencional, constituyéndose así como un delito de acción pública, que debe ser esclarecido mediante la identificación fehaciente de los causantes del mismo.

Especificó que ya se concretaron un total de cuatro allanamientos, se llevaron a cabo requisas personales de tres personas y se realizó un registro vehicular. Estos procedimientos pudieron efectuarse mediante la información que fue obtenida por parte de personal de la policía provincial.

Las tareas investigativas, averiguaciones y el cotejo de filmaciones que fueron registradas desde la cámara de una vivienda particular y de un centro pastoral, permitieron situar en proximidades del hecho a un rodado, que posteriormente fue inspeccionado, el cual luego de identificar al titular del mismo, se dio lugar a los allanamientos.

El magistrado aclaró que la investigación en curso no guarda relación alguna con la denuncia de presunta estafa que durante el año 2015, la víctima -Ramiro Granja- radicó en sede judicial.

Explicó que el Juzgado de Instrucción cuenta con una investigación central y puntual que se dirige a verificar aquellos indicios que determinen quienes fueron las personas que estuvieron en proximidades al siniestro.

Hasta el momento, un total de tres personas están sospechadas e investigadas, quienes fueron notificados de sus derechos y garantías. Bramati especificó que estas personas no están vinculadas de modo alguno con ninguna presentación de cheques, ni otra denuncia que esté en trámite, por lo menos en lo concerniente a los integrantes de la familia Granja.

Por último el magistrado señaló que personalmente concedió una entrevista al damnificado a los efectos de que se informe sobre la investigación, ya que Ramiro Granja no había formulado ninguna denuncia por lo sucedido.

Se le explicó que el delito es de acción pública, que además q puede afectar no solamente a la persona directa, sino también a terceros ya que puede generar un peligro para cualquier vecino o vivienda de los alrededores.