A través de un artículo de opinión, el fundador y referente de la Unión Malvinizadora Argentina (UMA), Luciano R. Moreno Calderón, alerta al gobierno provincial y representantes fueguinos sobre una propuesta perniciosa a los intereses nacionales sobre las islas Malvinas.

La Cuestión

Para entender el objeto u de la Cuestión Malvinas, en principio, hay que explicar algo que pocas veces se expone con precisión: la soberanía no puede ser extirpada por un acto antijurídico, violento y realizado mediando acuerdos de paz y amistad, y es por ello que, como principio, hay que entender que la disputa que plantea la “Cuestión Malvinas” no es por la soberanía en sí, sino por “la recuperación el ejercicio pleno de soberanía” sobre el territorio usurpado, depredado y militarizado por la criminal potencia colonial ocupante. Aclaro esto porque muchos “especialistas” y funcionarios, quizás para simplificar (o por total ignorancia o desinterés), en sus abundantes disertaciones dicen que existe “un conflicto por la soberanía”, generándose así una confusión en la comunidad y una oportunidad de tergiversación para el enemigo, que es importante desterrar de entrada, por lo menos para entender los siguientes razonamientos.

A veces cuando se leen algunas iniciativas a las que su impulsor y/o sus publicistas caratulan de “realistas”, uno, por el contenido de esta y el lugar desde el que uno lo analiza, puede tranquilamente pensar que ese calificativo corresponde a la acepción que refiere a una cierta fidelidad a los intereses de la corona británica.

Sin que necesariamente tenga que existir duda acerca de las buenas intenciones del Dr Marcelo Kohen, dirigidas a romper la quietud inercial en la que se desenvuelve la Cuestión Malvinas en el ámbito diplomático, y que todos sabemos solo beneficia a la potencia colonial, y por añadidura a su colonia de semovientes británicos, creo de relevancia informar sobre lo que un actual integrante del Consejo Nacional de Asuntos Relativos a las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur (en adelante Consejo Nacional de Malvinas) piensa y propone como solución a la disputa, que, a mi entender -y entiendo que es el de la Constitución Nacional desde el año 1994-, debiera resolverse sin otra fórmula ni grises que con “la recuperación del ejercicio pleno de soberanía” sobre nuestros territorios temporal y criminalmente usurpados por el Reino Unido.

La propuesta en cuestión

Tal cual expone el portal INFOBAE, el 22 de marzo de 2018, el Dr Kohen presentó en la Islas Malvinas, a los kelpers, una iniciativa para salir del “punto muerto” en el que se encuentra la Cuestión discutiendo una propuesta concreta que se cimentaba en el jingle “soberanía argentina, autonomía isleña”.

Para el especialista Marcelo Kohen:

-Malvinas no debería ser parte de la actual provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur (en adelante TDF, AIAS); y el tema del nombre es una cuestión accesoria, sin importancia y la Capital debería llamarse Port Stanley.

-La organización de la nueva provincia, debería estar en manos de los isleños, quienes “decidirán quién puede residir ahí y quién no. No cualquier argentino podrá vivir ahí”, siendo este, según él, “un modo de preservar el modo de vida de sus habitantes”, ya que si se instalaran 10 mil argentinos esto cambiaría la “composición demográfica”.

-Los recursos naturales, quedarían en manos de los kelpers. Y en lo que respecta a la Plataforma Continental y la ZEE debería pensarse un régimen de coparticipación entre el Estado Federal y el nuevo Estado Provincial (británico) creado a medida de los usurpadores y sus intereses.

-Los kelpers deberían tener representación propia en organismos técnicos internacionales. Y con respecto al ordenamiento pesquero en el Atlántico Sur, debería aceptarse que Argentina promueva “un organismo que tenga participación de la provincia británica”.

-Con respecto a los habitantes, parece no importarle que los descendientes de los actuales británicos que nazcan en las islas sigan siendo siempre británicos automáticamente y con opción a una doble nacionalidad. Y la provincia debería desmilitarizarse, para luego construirse una policía provincial, obviamente británica.

-Por último, propone que después de 30 años, el instrumento colonial británico, que dominaría siempre el sistema inmigratorio de las islas (como siempre lo hizo ilegítimamente y sin autorización de nuestro país), “pueda organizar un referéndum, para decidir si se mantiene esta situación o si las islas podrían asumir una soberanía plena”, algo que contraría la constitución nacional. Es decir, luego de 30 años de concesiones, el Estado argentino, le otorgaría de alguna manera, y desde que se firmara el acuerdo, el título de “pueblo” y la posibilidad de transformarse en un estado asociado más de la Comunidad Británica de Naciones, pero enquistada en nuestro Atlántico Sur y luego en nuestro territorio Antártico, con el aval del Estado argentino.

Crítica a la propuesta

Uno de los motivos más fuertes por el que internacionalmente no se le da validez a un referéndum kelper, es que en las islas, luego de la usurpación de 1833, se estableció un rígido sistema de exclusión inmigratoria para cualquier persona que quisiera expresar disidencia sobre la versión británica, solo permitiéndose vivir en la colonia a los que ellos implantaron y alguna que otra persona que le interesara nada los temas de soberanía. Y hoy querer legitimar y avalar que quede en manos de la colonia el sistema inmigratorio para luego decirles que van a tener la posibilidad de elegir sobre su status jurídico internacional, avalando la actividad anterior y dándole el poder de lograr su más ansiado sueño que es legitimar cualquier decisión de la colonia, me parece a todas luces un acto de entrega.

El propio Kohen reconoce que la propuesta esta más dirigida a los isleños que al Reino Unido, y a fuerza de sincero realmente parece solo auxiliar los intereses “reales” (del RU), favoreciendo a los isleños, haciendo realidad todos sus deseos. Siendo muy fácil corroborar esto: solo basta hacer memoria acerca de lo que los isleños fueron instruidos a sostener y solicitar cuando se les comenzó a dejar hablar, aproximadamente desde 1960:

- ser considerados “pueblo” para poder validar un referéndum que les otorgue la hoy vedada posibilidad de decidir su status jurídico internacional (Res. 2065)

- poder formar parte de cualquier organismo internacional para poco a poco obtener el reconocimiento de otros estados

- que nuestro país entregue los recursos naturales de las islas sin quejas y que coopere logísticamente y con información precisa que permita un saqueo más eficiente, integrándolos como estado ribereño, tal cual el propio informe Shackleton dice que es imprescindible para el crecimiento económico de las islas y así hacer inextirpable el cáncer británico en nuestro Atlántico Sur.

En conclusión, esta propuesta, a las claras, no solo no es beneficiosa para nuestro país, sino que sería realmente catastrófica desde todo punto de vista para la recuperación del ejercicio pleno de soberanía a futuro.

La provincia

La intención de dividir la actual provincia de TDF, AIAS es de larga data, y no inicia en 2015 por impulso de algunos legos organizados y bien promocionados de la UNLP, sino que uno de los mayores puntos de eclosión de esta estrategia colonialista tuvo su mayor exposición en el debate conocido como “provincia chica o provincia grande”, cuando puertas adentro y puertas afuera de la provincia se gestó la ley de provincialización fueguina (hoy Ley 23.775), y que, más allá de algún slogan tan pegadizo como falaz que solo pareciera querer mostrar un logro irreal de algunos personajes, aún sigue vigente su aspecto más negativo, tal cual se demuestra crudamente en las fundamentaciones de este tipo de propuestas.

Como lo explica el Dr. Kohen en 2018 y los periodistas que en 2015 propusieron dividir la provincia, y que ganaron un premio en un concurso impulsado y analizado por el actual Secretario de Malvinas, Daniel Filmus -que la legislatura fueguina rechazó en 2017 gracias a un proyecto presentado por mí-, la propia ley de provincialización que propuse modificar expone (Art 2) que la provincia podría ser dividida, e incluso da a entender que la soberanía sobre gran porción de ella no pertenece aun a nuestro país, y que, de lograr la recuperación de su ejercicio pleno, podría no ser parte de la hoy provincia más joven y extensa de la República Argentina -anteriormente denominada territorio nacional de Tierra del Fuego, Antártida e islas del Atlántico Sur-, y que, por medio de la ley que supuestamente buscaba delimitarla en su primer artículo, en el siguiente, termina colocando de manera vergonzante -y a mi modo de ver inconstitucional- un manto de duda sobre la legítima pertenecía de los territorios usurpados no solo a esta, sino a la propia nación argentina.

Es muy importante que el Ejecutivo provincial fueguino actual exponga su parecer sentando una postura pública y seria acerca de este tema tan delicado y complejo, sobre todo teniendo en cuenta el claro acercamiento de la Secretaría de Malvinas fueguina a este especialista.

Es realmente impostergable que esto sea explicitado con contundencia, para evitar idas y vueltas al respecto, tal cual ocurrió cuando se celebró el Comunicado Conjunto (Forador-Duncan) del 13 de septiembre de 2016, sobre el cual, el actual Secretario de Malvinas, Andrés Dachary, sostenía, en nombre de la Municipalidad de Río Grande, y junto con la inmensa mayoría de los integrantes el Observatorio Malvinas fueguino (excepto los veteranos que inmediatamente salieron a repudiarlo y denunciarlo), que era “positivo” y “auspicioso”, para luego en 2017 gracias a las encuestas repudiarlo, y el año pasado, gracias a las ideas y escritos del Dr Barcesat, proponer que sea revisado y derogado, por pernicioso y entreguista, junto con los acuerdos de Madrid, del cual es un remedo y continuación.

Por Luciano R. Moreno Calderón.

Enlace para lectura y descarga gratuita del informe completo:

https://drive.google.com/file/d/11OxCYfIrBi85eNEKoWN1lq_wsBAiQJ_A/view?usp=sharing