Jerónimo Guerrero Iraola, Abogado del CECIM, fue entrevistado por Radio Nacional Ushuaia con relación al comunicado de la Juez Federal de Río Grande, Dra. Mariel Borruto (ver al pie de la nota), quien señala que “en la actualidad, el expediente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el mes de diciembre de 2021, en virtud del Recurso Extraordinario Federal interpuesto por las partes”.

Guerrero Iraola dijo que “yo intuía que la respuesta de la Dra. Borruto podría venir por ese lado y creo que es una caracterización de la causa que no la exime de responsabilidad alguna, respecto a que desde diciembre de 2021 la causa está durmiendo el sueño de los justos”.

“Hoy no hay ninguna resolución firme que le impida a la jueza avanzar en línea con la investigación y la producción de pruebas y la Jueza está rechazando absolutamente todo -incluso la producción de prueba elemental- basándose en que la Corte debe resolver”, entendió el letrado.

Agregó que “sabemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación no tiene tiempo; o sea que si la Corte le llevara 15 años resolver esto, estaríamos hablando de una causa de 30 años de tramitación sin producción sustantiva al interior del expediente”, dijo el letrado.

A pesar de todo ello, mediáticamente el abogado Jerónimo Guerrero Iraola aseguró que “nosotros como querellantes nos estamos moviendo, estamos dialogando con las víctimas, estamos produciendo pruebas y estamos advirtiendo un montón de cuestiones, lo cierto es que la justicia no nos da respuestas”, cuestionó.

Cabe mencionar que la Dra. Mariel Borruto aclaró que “la cantidad de hechos que se investigan -más de cien a la fecha- no se encuentra cerrada, toda vez que periódicamente se presentan nuevas personas con la voluntad de radicar denuncia por los hechos de los que habrían sido víctimas”.

A pesar de esta clara definición de la magistrada federal, el abogado del CECIM lo consideró “un ardid”.

“Vamos a darle la derecha a la Doctora Borruto”

Guerrero Iraola prefirió jugar con las matemáticas argumentando que la explicación es meramente procesal “y está ajena a las cuestiones de la gente”. En ese punto señaló que “más de 105 hechos de tortura; la causa lleva 16 años de trámite, desde diciembre de 2021, vamos a darle la derecha a la Doctora Borruto, esta a la espera de una resolución del máximo tribunal de la Nación. Desde hace dos años la causa llevaba 14 años sin producción sustantiva de elementos que nos orienten hacia una solución efectiva, con lo cual es inadmisible que un poder del Estado que tiene la responsabilidad sustantiva de dar respuesta a las víctimas diga que está maniatada cuando en verdad no es una causa que comenzó en 2019 en que uno podría entender que con todas estas vicisitudes (la pandemia por el coronavirus) estamos con algunas dilaciones. Es una causa que comenzó en el 2007 y estamos en el 2023. Cada persona que ha intervenido con responsabilidades, a excepción de algunas personas como la Dra. (Lilian) Herráez que jugó un partido con la verdad y la justicia y quien precedió a la Dra. Borruto en el cargo de Juez Federal. La verdad que es una causa a la que se la quieren sacar de encima y cuanta menos responsabilidad puedan tener en el trámite de las actuaciones, parecería que es mejor”, dijo con suspicacia.

El meollo del reclamo de los abogados del CECIM es el no llamado a indagatorias por parte de la Juez Federal y la magistrada no lo puede hacer sin que antes resuelva la Corte Suprema y porque así lo establece el código adjetivo.

Comunicado del Juzgado Federal de Río Grande

El siguiente es el texto completo del comunicado del Juzgado Federal de Río Grande, a cargo de la Dra. Mariel Borruto.

La causa relacionada a las torturas que habrían sufrido conscriptos que fueron movilizados a las Islas Malvinas con motivo del conflicto bélico que se llevó a cabo en el año 1982, se encuentra radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande desde el año 2007.

Así, en las causas N° 63001777/07 “Pierre Pedro Valentín y otros/delitos de acción pública” a la que se han acumulado otras dos causas: N° 1811/07 “Vassel, Pablo Andrés s/denuncia” y N° 1822/07 “Fuerzas Armadas de la Nación Argentina s/denuncia de acción pública” se investiga la posible comisión de delitos que podrían constituir graves violaciones a los Derechos Humanos, de acuerdo a la legislación nacional vigente y, principalmente, en virtud de lo previsto en los Tratados Internacionales de Jerarquía Constitucional sobre protección a los Derechos Humanos (Art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional) cuya no resolución podría hacer incurrir a nuestro Estado Nacional en sanciones internacionales, como producto del incumplimiento de dichos tratados.

A los treinta y ocho (38) cuerpos que constituyen materialmente la causa, treinta (30) de ellos tramitados originalmente en formato papel, deben agregarse dieciséis (16) cajas conteniendo documentación (historias clínicas, legajos personajes, diarios de guerra, entre otras), mucha de ella en formato digital.

Es oportuno resaltar que la cantidad de hechos que se investigan -más de cien a la fecha- no se encuentra cerrada, toda vez que periódicamente se presentan nuevas personas con la voluntad de radicar denuncia por los hechos de los que habrían sido víctimas.

Debe destacarse, en cuanto a las particularidades que presenta el trámite de este expediente, que la pluralidad de víctimas e imputados, sumados al tiempo transcurrido desde la época en que los hechos acontecieron, el contexto bélico en que se desarrollaron, que implicó el traslado de una numerosa cantidad de personas de diferentes puntos del país hacia el territorio de las Islas Malvinas, repercuten en una dificultad especial para la reconstrucción histórica de los sucesos, dada la natural dispersión tanto de los testigos como de las víctimas y victimarios, a lo largo de los años.

A modo de ejemplo, basta mencionar que en el expediente obran declaraciones testimoniales de ex conscriptos radicados en Tierra del Fuego, pero también en las provincias de Chaco, Formosa, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos y Buenos Aires, entre otras.

Sin perjuicio de las dificultades señaladas, durante el mes de diciembre de 2019 –año que coincide con la asunción en el cargo de esta magistrada- se llevaron a cabo las primeras indagatorias de la causa, a cuatro (4) de los imputados, todos pertenecientes a una sola de las unidades militares desplegadas en el suelo de las Islas Malvinas durante el Conflicto Bélico (a saber, el Regimiento de Infantería Nº 5 del Ejército Argentino).

Posteriormente, en el mes de febrero del año 2020, se dictó el procesamiento sin prisión preventiva de los imputados, con relación a los dieciocho (18) hechos por los que fueron intimados en audiencia, que tuvieron por víctima a veintiséis (26) soldados movilizados a las Islas con motivo de la Guerra de Malvinas.

Entre los delitos atribuidos, se encontraban los de: abuso de armas, contemplado en el artículo 104, las amenazas simples y con armas, receptadas en el artículo 149 bis e imposición de tormentos previsto en el artículo 144 ter (según la ley 14.616 que se encontraba vigente al tiempo de los hechos), del Código Penal Argentino.

Este procesamiento fue confirmado parcialmente por la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia el 6 de abril de 2021, en tanto que, esa confirmación, fue anulada por la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal el 30 de mayo de 2021.

En la actualidad, el expediente se encuentra en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, desde el mes de diciembre de 2021, en virtud del Recurso Extraordinario Federal interpuesto por las partes.