El gobierno británico que administra ilegalmente las Islas Malvinas consiguió un financiamiento por 150 millones de libras esterlinas, que será destinado a obras de infraestructura clave, entre ellas el desarrollo de una nueva planta de generación eléctrica y el reemplazo de la actual estructura portuaria, previsto para el año 2027.
El fondo fue obtenido a través de una colocación privada de bonos, en una operación organizada con el respaldo de Rothschild & Co, y que incluyó una inversión asegurada de £100 millones por parte de L&G (Legal & General) y £50 millones adicionales del Aberdeen Group PLC.
Según publicó el medio Mercopress, la oferta del Gobierno de Malvinas generó un importante interés en el Reino Unido y en Estados Unidos. El bono, de tipo fijo y sin seguro, contempla pagos reembolsables en diferentes tramos durante los próximos 25 años, con el primer repago previsto para 2040.
De esta manera, el gobierno británico busca garantizar recursos para un programa de inversiones de capital que se extenderá durante los próximos años, con foco en infraestructura estratégica, especialmente el reemplazo del puerto actual en Puerto Argentino/Stanley.
Rechazo del gobierno fueguino
Tras conocerse la operación financiera, el Secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, expresó su rechazo a través de su cuenta oficial en la red X (ex Twitter).“Nuevamente el ilegítimo ‘gobierno’ británico de las Islas Malvinas pretende seguir avanzando —ilegalmente— en un proceso de licitación para construir una terminal portuaria en Puerto Argentino, parte integral de nuestra provincia”, escribió.
Dachary advirtió que se trataría del tercer intento británico de ejecutar un proyecto portuario en las islas sin la autorización de la República Argentina y sin respetar la legislación nacional y provincial vigente. En ese sentido, mencionó que la Provincia hará valer la Ley Nacional N° 25.675 (Ley General del Ambiente), la Ley Provincial N° 55 y la Ley Provincial N° 1.126.
“Como ya actuamos con las empresas BAM UK & Ireland y la quebrada Harland & Wolff, volveremos a tomar las medidas administrativas y legales que correspondan contra cualquier compañía que desconozca la jurisdicción fueguina sobre nuestras islas”, sostuvo el funcionario.
Dachary concluyó que el Gobierno de Tierra del Fuego hará uso de todas las herramientas disponibles “en pos de la defensa de nuestros legítimos derechos” sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur, parte integral del territorio provincial.
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