
El juez Slokar, en su voto, invocó “el alcance del Derecho de Gentes y los crímenes de lesa humanidad y de guerra” para decidir que la causa continúe abierta y sea elevada a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. De esta manera, se busca impedir la impunidad de los militares investigados.
Los recursos fueron dirigidos contra la resolución dictada por la misma sala de la Cámara Federal de Casación que, por intermedio de los mismos jueces Barroetaveña Petrone, con la disidencia del juez Mahiques- había resuelto favorecer al militar Gustavo Rodolfo Malacalza y anular el procesamiento que recaía sobre el nombrado por haber ejercido torturas y vejaciones sobre los conscriptos. En su nueva decisión, que contraria a las dos instancias anteriores, los magistrados sostuvieron que no se trataba de delitos de lesa humanidad y, por lo tanto, impunes al estar prescriptos.
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