Este martes 11 de abril, el abogado del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, Jerónimo Guerrero Iraola; elevó a la Jueza Federal de Río Grande Mariel Borruto, un pedido de audiencia para el miércoles 20 venidero a las 11 de la mañana, con el objetivo de consultarla sobre la marcha del Expte 1777/07, caratulado: “Pierre Pedro Valentin y otros s/Imposición de Torturas”; una de las primeras causas que reúne denuncias de los soldados contra oficiales y suboficiales, por las atrocidades vividas durante la guerra a manos de sus propios superiores. Y le dice que irá con soldados y autoridades del Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata, miembros de la Comisión Provincial de la Memoria de la Provincia de Buenos Aires y de la Secretaría de Derechos Humanos de esa misma jurisdicción.

Ayer miércoles, la magistrada le respondió que al no manifestarse el “motivo o razón” de la solicitud, “no se hará lugar a la audiencia requerida”.

Horas más tardes, el abogado querellante elevó un pedido de revocatoria de la decisión de la jueza, reiteró la solicitud de audiencia, reclamó “se respeten los derechos consagrados en la ley nacional 27.372 de derechos y garantías de las personas víctimas de delitos”, la informó que “remitirá la resolución (…) a la comisión interamericana de derechos humanos”, la acusó de “retardo de justicia”, y le manifestó que igualmente irán al juzgado el jueves 20 a las 11 de la mañana.

Con contundencia, en varios párrafos Guerrero Iraola le dice a Borruto, porqué razones se solicita la audiencia: “V.S debe saber y asumir que las víctimas sufren. Mucho. No sólo por la tortura que les fue propinada y que relataron con muchísimo coraje. Sufren ante la inacción. 16 años es mucho tiempo. Mucho, mucho, mucho, muchísimo tiempo. No hay explicación posible para que el Estado argentino, a través de su obrar, no brinde respuestas efectivas y conducentes a víctimas de tortura. No hay. Es crueldad. Y la crueldad es posible porque existe una condición de posibilidad: la mediatez. V.S., tal como expresó en la resolución que aquí se ataca, no habla con las víctimas, no las recibe, no las escucha, no les brinda explicaciones.

Es un derecho humano fundamental que V.S. pueda recibirnos para explicarnos. Para dar cuenta de su obrar. ¡Sí! Las y los funcionarios/as, incluidos/as quienes ejercen la judicatura, deben rendir cuentas. Eso es transparencia. No sólo a través de resoluciones impersonales y firmadas”.

“Sepa Ud. que las partes que integran la comitiva que viajará a Río Grande habita en distintos puntos del país. Provincia de Buenos Aires, Chaco, Corrientes. Hay personas que integran la comitiva, que están evaluando prestar declaración en el marco del expediente, y que quieren ser recibidos por V.S., no por otra persona. Tienen el derecho de exigirlo y, en contrapartida, V.S. tiene la obligación de hacerlo.

Por ello le requiero que no utilice los instrumentos de protección de los derechos humanos en perjuicio de ellos ni de los querellantes. Le recuerdo que, por ejemplo, además del CECIM La Plata, represento a Silvio Katz, víctima de torturas en contexto de antisemitismo. Le informo que la Ley 27.372 consagra el derecho a las víctimas de instituirse en querellantes. Viajaré, también, en representación de Katz, quien también tiene el derecho a que se le informe, a través mío, en forma verbal el porqué de las dilaciones, sobre cuál es la planificación, el cronograma y calendarización, sobre porqué V.S. no remite a la Corte Suprema solicitudes para que den tratamiento prioritario a un expediente con más de 120 víctimas, en el que se investigan hechos que sucedieron hace 41 años. Sra. Borruto, las víctimas envejecen. Los torturadores también. Eso se llama consagración de impunidad biológica”; agrega el abogado en su escrito.