Cerca de la medianoche del 18 de enero del 2015, el clima político se empezó a enrarecer. El nombre de Alberto Nisman, que venía de una semana con alto interés mediático por su denuncia contra la entonces presidenta Cristina Kirchner por el memorándum con Irán, y que el lunes siguiente debía defender en el Congreso, aparecía vinculado a un hecho policial.

En las primeras horas de la madrugada, los canales de noticias empezaron a deslizar con debida prudencia que algo había pasado en el departamento del entonces fiscal de la Unidad Fiscal Amia. Y poco a poco, los móviles de TV y los periodistas comenzaron a apostarse en la puerta de las torres Le Parc de Puerto Madero. Y lo propio hizo la Policía, la Prefectura, oficiales de justicia y hasta el entonces secretario de Seguridad, Sergio Berni.

"Puedo confirmar que el fallecimiento fue con un disparo de arma de fuego. Lo encontró la madre".

A las 4:20 de aquella madrugada, después de varias horas de trabajo, la fiscal Viviana Fein confirmó ante los medios la noticia. Nisman estaba muerto.

El origen de la postura judicial sobre el asesinato

Pasaron nueve años de aquella fatídica noche, que marcó un punto de quiebre en la política argentina. Y a pesar de se trata de una ventana amplísima de tiempo para investigar, la causa todavía no está cerrada, y las versiones de lo que pasó aquella jornada en uno de los baños del departamento 2 del piso 13 de la Torre Boulevard dividen aguas no sólo en la política, sino también en gran parte de la sociedad. ¿Nisman se suicidó? ¿A Nisman lo mataron?

Para la Justicia, la muerte del fiscal fue un homicidio. Esa postura fue oficializada por la Cámara Federal en un dictamen de 39 carillas firmado por los jueces Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia, en junio del 2018.

Ello a pesar de que en un primer informe, la Unidad Médico Forense de Investigación Criminalística de la Policía Federal Argentina (PFA) concluyó que se trató de un suicidio. Y horas más tarde del hallazgo, a las 10 de la mañana del día siguiente, desde la Morgue Judicial le comunicaron a la fiscal Fein que el resultado de la autopsia había concluido en la inexistencia de indicadores de lucha o defensa, y que "todo ello permite inferir que no hubo participación de terceras personas en el resultado muerte, por lo que podría tratarse de un disparo auto provocado", según consta en el expediente.

Para la Cámara, en un primer momento la investigación se inclinó casi exclusivamente en ese sentido, en que había sido un suicidio, cuando no correspondía descartar ninguna hipótesis, tal como planteó Irurzun.

El mismo camarista, en su voto, afirmó: "Las evidencias físicas directas -la posición del cuerpo al momento del hallazgo, la proyección hemática que presentaban ambas manos, la ausencia de partículas químicas compatibles con la deflagración-, los peritajes posteriores -forenses, tecnológicos y psiquiátricos-psicológicos-, y los testimonios que se refieren a la actividad desarrollada por la víctima momentos previos al fatal desenlace, conforman el cuadro indiciario que habilita concluir que Natalio Alberto Nisman fue asesinado".

En su voto, Irurzun también señaló que Nisman vivía rodeado de medidas de seguridad: desde las propias del complejo de edificios donde vivía hasta personal de inteligencia que monitoreaba su actividad y la custodia de diversas fuerzas de seguridad a partir de amenazas que había recibido en el pasado. También mencionó que para diciembre del 2014 existían informes que daban cuenta de que se había incrementado el nivel de alerta sobre Nisman.

Pero a pesar de esas barreras, el camarista planteó que "el hecho fue planeado y ejecutado en un momento clave de su actividad como fiscal sin enfrentar mayores obstáculos ni encender la más mínima alerta. Obsérvese que, en su concreción, debió contarse con tiempo suficiente para modificar la escena, no sólo en lo que atañe al cuerpo de la víctima y elementos circundantes sino también a través de la alteración de los registros en los aparatos tecnológicos que eran de su propiedad".

Para el magistrado, "existió un punto ciego temporal que sirvió a la comisión del hecho ilícito". En ese margen, "al menos una persona pudo entrar a su departamento, asesinarlo y dejar el lugar -favorecido por diversas y selectivas disfuncionalidades de los mecanismos de filmación -sin que se encendiera la más mínima alerta hasta su tardío y ensombrecido hallazgo-".

En términos generales, la postura fue acompañada en su voto por el juez Bruglia.

Como base, ambos tomaron un peritaje de la Gendarmería Nacional ampliamente cuestionado en la causa por la defensa de Diego Lagomarsino y, por fuera de ella, por expertos en la materia.

Entre otras cuestiones, ese estudio determinó que "las proyecciones de sangre existentes y evidenciadas en fotografías y videos son coincidentes con la dinámica que conforma la 'hipótesis más probable' del hecho que se investiga; esto es, que la muerte de Nisman fue de etiología violenta producto de un disparo efectuado en su cabeza por parte de terceras personas, no identificadas hasta el momento, que además intentaron simular su suicidio".

9 años y nada se sabe de las "terceras personas"

Más de cinco años pasaron desde que se conoció la postura de la Cámara con la afirmación de que se trató de un homicidio efectuado por teceras personas.

En todo ese tiempo, ni en los años anteriores desde aquel 18 de enero del 2015, la Justicia no pudo encontrar pruebas que lleven a la persona que supuestamente se metió al departamento de Nisman y lo mató.

Para la defensa eso se explica de una sola manera. "Fue un suicidio de manual", dijo Lagomarsino, el técnico informático que le prestó a Nisman el arma .22 Bersa del cual salió el disparo que le dio muerte, motivo por el cual está acusado de ser partícipe necesario del homicidio. Él y todos los que defienden esa teoría exponen un argumento central: que no hay una sola prueba que muestre que en el departamento hubo otra persona además de Nisman.

Así las cosas, la búsqueda por saber quién o quienes fueron los asesinos -siempre desde la hipótesis judicial- entró en una fase de declaraciones testimoniales a decenas de agentes de inteligencia. Ahí buscan las pistas el fiscal Eduardo Taiano y el juez Julián Ercolini.