Pese a que el termómetro político en la Cámara de Diputados no cede, la deshilachada Ley Ómnibus de Javier Milei fue aprobada en general por 144 votos a favor a 109 en contra, gracias al apoyo de La Libertad Avanza y los bloques englobados en la oposición dialoguista. Aunque resta definir la letra chica ya que los 6 representantes de Córdoba que forman parte de Hacemos Coalición Federal dejaron acorralado al Gobierno al condicionar la aprobación de las facultades delegadas a la coparticipación del impuesto PAIS.

Las frenéticas negociaciones llegaron hasta casi el cierre de la votación con el ministro del Interior, Guillermo Francos, reunido en el despacho de Martín Menem, con el presidente del cuerpo y los diputados de los bloques dialoguistas, pero no se avanzó demasiado y los diputados decidieron acordar pasar a un cuarto intermedio hasta el martes cuando ya se debatirá la letra chica y se votará en particular. Mientras tanto, los gobernadores y el Gobierno buscarán acercar las posiciones durante el fin de semana si el oficialismo aún guarda alguna ilusión de sacar una ley con 300 artículos.

La tensión la puso el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, quien mandó a sus diputados a cobrar las deudas que la nación mantiene con la provincia por la caja de jubilaciones que no fue transferida a la ANSeS. Aprovechando el contexto de minoría de La Libertad Avanza y las dificultades del oficialismo por cerrar un negociación tan compleja, el cordobés amenaza con forzar en el recinto la idea de hacer coparticipable el impuesto PAIS, algo a lo que Milei se resiste en su trinchera luego de que Sergio Massa, en su condición de ministro de Economía y candidato presidencial, avanzó con la eliminación de la cuarta categorías de Ganancias. Para completar, la oposición le bajó el capítulo fiscal, que para el gobierno era el eje de la propuesta.

Los gobernadores buscan un acuerdo fiscal para evitar entrar en la disputa por el impuesto PAIS y, por eso, no terminan de aliarse a Llaryora. Pero los bloques dialoguistas esperan un gesto del Gobierno con Córdoba para ponerle un punto final a la negociación y pasar a la votación en particular. Es que si los cordobeses llevan al recinto la discusión por la coparticipación del impuesto PAIS es casi un hecho que más de un gobernador radical, ni que hablar de los PJ, terminarán encolumnando a sus legisladores para que voten por la propuesta que beneficiaría a todas las provincias. "Esto nos puede desordenar a todos", advirtió un operador radical agobiado por este ida y vuelta.

Francos trató de acercar posiciones en la negociación y se planteó la posibilidad de apelar al Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para atender el reclamo de Córdoba, que también pide la continuidad del impuesto PAÏS, que financia las viviendas populares.

En concreto, el Gobierno con los artículos 179 y 180 de la ley sobre “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos” vinculados al FGS buscaba justamente atender regularizar el flujo que la nación mantiene con las cajas previsionales que no fueron transferidas por las provincias.

Estos artículos habían sido suprimidos en el comienzo de la sesión, el miércoles, pero en la votación en general se aclaró que finalmente se dejará en reserva a lo que se resuelva en la negociación de los próximos días.

Al Gobierno lo apuran para que convoque a los gobernadores para resolver esto en los próximos días si quiere evitar poner a prueba el poder de media docena de diputados. Porque en este marco, los salteños que responden a Gustavo Sáenz también están viendo la opción de hacer coparticipable el gravamen y también se sumaría Maximiliano Pullaro, que empieza tantear a los radicales de Santa Fe.

Por ahora, los cordobeses también amenazan con recortarle las facultades extraordinarias al Presidente y dejarla limita a las emergencias fiscal, administrativa y de seguridad. Vale aclarar que la primera ya fue dada baja aunque falta que se ratifique en el recinto cuando se formalicen los cambios al dictamen aprobado por el plenario de comisiones. En resumen, este sector apoyará las emergencias económica, financiera, tarifaria y energética.

Pero este no es el único escollo que debe superar el Gobierno ya que todavía está abierta la discusión por las privatizaciones, pese a los cambios del jueves cuando se redujo la nómina de empresas sujetas a privatizar y se las segmentó para facilitar el acompañamiento de el resto de las bancadas. Es que los bloques dialoguistas habían pedido que previo a la privatización se pida a la Auditoría General de Nación para que haga un informe a fin de establecer las condiciones y del valor de las empresas a privatizar. Pero desde la administración de Milei rechazan ese mecanismo y ofrecen que el análisis quede en manos de la Jefatura de Gabinete en coordinación con la SIGEN, algo que fue rechazado por la oposición.