La Cámara Argentina de Construccion (Camarco) advierte que la situación actual es "crítica" e insta a las autoridades a buscar una solución conjunta para evitar el quiebre de empresasArchivo

Tras la advertencia elevada por la Cámara Argentina de Construcción (Camarco) frente a la “grave” situación que atraviesa el sector por la paralización de la obra pública, hoy su Consejo Federal se reunió para declarar el “estado de emergencia” en todo el país y reclamó a las autoridades nacionales y provinciales una solución en “brevísimo” plazo a los problemas planteados.

A través de un comunicado, informan que hay cerca de 3500 proyectos inconclusos en todo el país, que ponen en riesgo la actividad de las 1400 empresas asociadas a Camarco que dan empleo a más de 500.000 trabajadores y familias.

En diálogo con LA NACION, Gustavo Weiss, presidente de la entidad, dijo que, pese a tener un diálogo aceitado con el Gobierno, no hay precisión en el ministerio de Economía respecto de los fondos que serán destinados a la obra pública. Tampoco ofrecen soluciones para los problemas que suponen para las empresas de la construcción y sus empleados el corte de fondos por parte del ejecutivo. “Hay muchos despidos ya ocurridos y otros en camino. Si se prolonga en el tiempo las empresas van a quebrar”, indicó.

Camarco integra el influyente “Grupo de los 6″, junto a la UIA, la Cámara de Comercio, la Bolsa y los bancos. El sector tiene, a su vez, un efecto multiplicador sobre el empleo y la actividad económica general de más de 140 sectores productivos, de gran relevancia en todo el territorio nacional.

El Consejo Federal es el órgano superior de la institución, donde están representadas más de 1400 empresas socias, de toda envergadura y de todo el país, y sus delegaciones. El pasado 29 de enero, la organización había convocado para este 1° de febrero a ese ente con el objetivo de “abrir un espacio de diálogo y acción conjunta entre los actores del sector, en busca de estrategias que permitan superar esta drástica situación y reactivar la obra pública en la Argentina”.

Los consejeros presentes en el encuentro plantearon los problemas que enfrentan, muchos de “carácter terminal”, y emitieron una declaración en la que señalaron que, de persistir la grave situación actual, tendrá “efectos irreversibles” sobre el sector en particular y la economía en general.

Declaración de “estado de emergencia”

En el comunicado emitido por la cámara, se enfatiza en la necesidad de “no dilapidar un capital humano formado a lo largo de décadas ni el capital, estructura y conocimiento acumulado en las empresas, que prolonguen aún más una crisis que lleva meses”.

A su vez, el texto asegura que “este estado imperante llevará a muchas empresas a situaciones de quebranto, probablemente definitivas, con las consecuencias económicas y sociales que ello implica”.

“El país vive un estado de emergencia económica y social. Esa emergencia ya arrecia en el sector de la construcción, cuyo origen es el desborde inflacionario de 2023, agravado por el muy elevado aumento de precios de diciembre y enero últimos y el consecuente quiebre de la cadena de pagos”, describe la entidad en el comunicdado.

Y también dice que en todo el país, “el peligro de despidos masivos, de reducción a la mitad o menos de las plantillas de personal, la quiebra de un sinnúmero de empresas constructoras y sus proveedores es inminente”.

“El sector no puede soportar más que unas pocas semanas en estas condiciones”, sentencia.

Por ello, el Consejo Federal declaró el “estado de emergencia” en todo el país e instruyó a las autoridades de la institución a nivel nacional y de las distintas delegaciones a adoptar las medidas que estimen necesarias, para obtener, “en brevísimo plazo”, la solución a problemas concretos como la definición de los contratos que serán continuados, y la readecuación de estos en cuanto a precios, plazos y deuda.

Asimismo, instó a las autoridades nacionales y provinciales a instrumentar, de manera inmediata, medidas en su jurisdicción que, al menos, permitan mitigar transitoriamente la situación de “crisis extrema” por la que atraviesa el sector.

“Se trata de la única alternativa para impedir la destrucción del entramado productivo del sector y más de 200.000 despidos”, concluye el comunicado.

Tras la expulsión de Guillermo Ferraro al frente del ministerio de Infraestructura y su posterior absorción por parte del de Economía, conducido por Luis “Toto” Caputo, los fondos destinados a la obra pública han quedado bajo la lupa del Gobierno.

Es que, tras retirar el paquete fiscal de la ley ómnibus en el Gobierno esperan ahorrar aproximadamente casi 3 puntos del PBI en los gastos relacionados a subsidios, obra pública y transferencias a provincias.