Al cierre de enero y en medio de la escalada inflacionaria, el gobierno de Javier Milei no había ejecutado ni un peso de los $ 84.100 millones que el Ministerio de Capital Humano que conduce Sandra Pettovello tiene presupuestados para comprar alimentos para comedores.
Son todos datos del Presupuesto Ciudadano, en el que consta, en tiempo real, la ejecución de las partidas de la administración pública. Del mapa general, se desprende que el Estado todavía no comenzó a funcionar. Es algo habitual en medio de un recambio de gobierno y posiblemente el gobierno de Milei lo promocione como un logro de su ajuste fiscal. Pero las partidas que no deberían sufrir retrasos están sin movimientos.
Además del dinero destinado a comedores, tampoco hubo ejecución alguna en el programa Conectar Igualdad ($ 115.000 millones presupuestados) o en el programa de becas a estudiantes ($ 295.000 millones) de la Secretaría de Educación, por ejemplo. En cambio, algunas partidas del Ministerio de Salud destinadas a la prevención de enfermedades infectocontagiosas, entre otras urgencias, sí registran mínimos movimientos.
La situación de los comedores es dramática, según referentes de las organizaciones sociales. Daniel Menéndez, de Barrios de Pie, afirmó que "la situación es de cero asistencia y de multiplicación de la demanda, por la situación social". Según el dirigente, la asistencia de familias enteras a los comedores se incrementó en "no menos del 80%". La organización está haciendo relevamientos para "acercarle al Ministerio la demanda que existe". Barrios de Pie y otras organizaciones definen una movilización a supermercados para pedir alimentos para este jueves.
Alejandro Gramajo, secretario general de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) afirmó: "Han desabastecido a todos los comedores y merenderos". Referentes de la Corriente Clasista y Combativa (CCC) ratificaron que los comedores vinculados a la organización tampoco recibieron dinero ni alimentos.
Los comedores reciben, por un lado, un estipendio para gastos generales y, sobre todo alimentos. La tensión con la gestión del gobierno anterior, a cargo de Victoria Tolosa Paz, fue permanente, en la última etapa, porque la inflación aceleraba las necesidades y las licitaciones para la adquisición de comida no daban abasto. Con el cambio de funcionarios, el recorte pasó a ser total.
Capital Humano todavía no ejecutó ni siquiera las partidas para la tarjeta Alimentar, aunque esto deberá ocurrir en los próximos días por el pago del programa que complementa a la AUH para familias con chicos de hasta 14 años y que tendrá un aumento del 100, según se anunció de manera oficial. La prórroga del Presupuesto 2023 para este año otorga al programa algo menos de $ 700.000 millones. El proyecto de Presupuesto 24 que ingresó al Congreso en septiembre elevaba esa cifra a $ 1,2 billones. El Gobierno deberá incrementar esas partidas para no agotarlas en tiempo récord.
Reestructuración
El vocero de Presidencia, Manuel Adorni, admitió que los programas sociales más urgentes están frenados por una suerte de auditoría en los procesos. "En el proceso de envío de alimentos a los comedores había un sistema con el cual claramente no compatibilizamos, que es la discrecionalidad", dijo este martes.
"Va a llevar unos días más, pero va a haber un método innovador para que la ayuda le llegue a quien le tenga que llegar y no que ande en un pasamanos con intermediarios y que sigan existiendo los negocios con la pobreza", añadió.
El funcionario rechazó la protesta que organizaciones llevarán adelante en supermercados y enfrentó a los dirigentes sociales: "Muchos de estos personajes tenían relación con el gobierno anterior y entendemos que están en contra del trabajo que estamos llevando adelante para transparentar el esquema de ayuda a comedores evitando cualquier tipo de intermediación y la compra directa, que presupone algún manejo no debido".
Recortes
Adorni también anunció un recorte de fondos en el Ministerio de Capital Humano, por un total de $ 25.150 millones, que representa menos del 3% del Presupuesto 2023 prorrogado para atender políticas alimentarias. En una primera etapa, el despido de personal, o "la baja de 758 contratos", y otros ajustes supondrán un ahorro de $ 8300 millones. En una segunda etapa se avanzará con recortes en insumos y servicios, afirmó.
Los programas de compra de alimentos y financiación de ayuda alimentaria tienen financiamiento de organismos multilaterales. Según contactos informales entre funcionarios y dirigentes sociales, el Gobierno pretende extender una tarjeta con fondeo para la adquisición de comestibles con la que actualmente se financian unos 50 comedores, y llevarla a unos 2000.
Mientras tanto los comedores y merenderos se las ingenian para atender la demanda creciente con donaciones privadas y ayudas que envían municipios y provincias, sobre todo en Buenos Aires.
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