El gobierno afirma que en la reunión que algunos gobernadores tuvieron con el ministro del Interior Guillermo Francos no se habló sobre la posible coparticipación del Impuesto PAIS, que es un tema que quedará para más adelante, lo cual puede ser formalmente cierto. Lo que ocurre es que el producido de ese tributo ya se comparte con las provincias.

El Impuesto PAIS es de asignación específica -parecido al que se cobra a las entradas de cine cuyo producido está dirigido a financiar el INCAA-. En este caso, lo que se recauda por todas las operaciones de venta de dólares que se producen en el país tienen que ir en un 70% a la ANSES y el PAMI y el otro 30% al fideicomiso Fondo de Integración Socio Urbana, que se gasta en obras en las provincias.

De algún modo, una parte de los recursos que genera el tributo ya sirve para obras públicas en el interior del país. El conflicto con el Impuesto PAIS se plantea de momento porque en el proyecto de ley ómnibus el Poder Ejecutivo establece que la asignación sea 100% a la ANSES y el PAMI.

Los gobernadores no son claros

Hasta ahora ningún gobernador ha sabido explicar claramente si lo que están discutiendo con el gobierno nacional es que se mantenga esa asignación 70/30 o si quieren que entre formalmente en la coparticipación, con lo cual se repartiría 56% para las provincias y 44% para la Nación y el dinero debería llegar de modo automático a las arcas provinciales.

Si de lo que se habla es de no modificar la asignación específica, entonces es cierto que no se discute su coparticipación, pero también es cierto que en ese caso, el gobierno nacional estaba pensando en sumar nuevos recursos a la ANSES y el PAMI, que aparentemente no va a tener, si los legisladores eliminan el artículo 179 del kilométrico proyecto.

El economista Gabriel Caamaño señala en sus redes sociales: "Cómo siempre cuando hay política de x medio se confunde exprofeso. Lo cierto es que hay una parte (30%) del impuesto PAIS que actualmente tiene asignación especifica. Con nuevo texto de prórroga, esa asignación especifica desaparece y queda 100% libre disponibilidad para Nación".

A simple vista resulta lógico que los gobernadores, que perdieron los recursos del Impuesto a las Ganancias, y que enfrentan también un severo recorte de gastos discrecionales en 2024, se opongan al cambio propuesto por la ley ómnibus y que además pretendan algo más.

Hay que recordar que la prenda de cambio del ex ministro Sergio Massa para lograr el apoyo de los gobernadores para modificar el Impuesto a las Ganancias de modo de dejar fuera del mismo a la mayoría de los trabajadores que lo estaban pagando, era el Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios, conocido como Impuesto al Cheque, un impuesto que la mayoría de los economistas y analistas considera sumamente distorsivo porque penaliza la bancarización y conspira contra la economía regular, además de incrementar los costos de producción.

Los gobernadores habían cerrado que se iba a coparticipar el Impuesto al Cheque, algo que de ocurrir implicaría que en vez de ir en tendencia de eliminar tributos que conspiran contra la eficiencia económica, por el contrario, se sigan sumando. El resultado de las elecciones les fue inesperado y luego de haber aprobado en el Congreso perder recursos para sus provincias, ahora reclaman una compensación.

Una pelea por $450.000 millones

El Impuesto PAIS recaudó en 2023 $1,5 billones con un incremento del 335% respecto del 2022 de lo que se infiere que las provincias se quedaron con $450.000 millones. Este impuesto casi que nació tan solo para desalentar a que las personas compraran dólar ahorro y se convierte en una fuente de recursos importante.

La otra fuente, más jugosa, de recursos a la que aspiraban los gobernadores pero que Javier Milei le bajó el pulgar, es el Impuesto al Cheque que el año pasado generó $3,1 billones.

Coparticipar el Impuesto PAIS puede resultar inconstitucional, dado cuenta que de acuerdo con la Constitución Nacional los impuestos al Comercio Exterior (rentas de la Aduana) son de la Nación. Si se buscara ese camino se abriría la puerta a que las provincias reclamen también por los aranceles a la importación y las retenciones.