Mediante el Decreto 712/2024, publicado hoy en el Boletín Oficial de la República Argentina, el gobierno argentino estableció una nueva regulación sobre el uso de aeronaves públicas. Según el artículo 1 del decreto, se decreta que “las aeronaves públicas no podrán ser utilizadas para realizar ninguna actividad aérea distinta de aquella que hace a su condición jurídica esencial al servicio del poder público”. Esto significa que se prohíbe su uso en cualquier actividad que pueda considerarse propia de una aeronave privada, alcanzando también a las aeronaves de la Fuerza Aérea Argentina que actualmente operan bajo la empresa LADE, la cual es propiedad de dicha fuerza.

El artículo 4 del decreto agrega una excepción importante: “las aeronaves públicas podrán ser objeto de todo tipo de contratos interjurisdiccionales de utilización, siempre que todas las partes involucradas pertenezcan al Sector Público”. Esta disposición permite que, aunque se prohíba su uso comercial, estas aeronaves aún puedan ser empleadas en acuerdos entre diferentes jurisdicciones u organizaciones públicas, con el objetivo de optimizar los recursos tecnológicos estatales y mejorar el servicio a la comunidad.

En contraste, el artículo 2 del decreto establece que solo las aeronaves privadas, es decir, aquellas con matrícula "LV-", podrán realizar actividades aerocomerciales y de trabajo aéreo, siempre y cuando cuenten con las autorizaciones correspondientes otorgadas por la autoridad aeronáutica. Esta normativa también aplica a aviones de propiedad estatal que no están al servicio del poder público, como los aviones de Aerolíneas Argentinas. Los considerandos del decreto subrayan que la naturaleza jurídica de las aeronaves públicas es incompatible con su uso en actividades aerocomerciales, en concordancia con el régimen de trabajo aéreo establecido en el Decreto Nº 599/24.

El futuro de la empresa LADE, aunque no se ha anunciado oficialmente su cierre, se torna incierto debido a esta nueva regulación. La prohibición de su operación comercial, sumada a la política actual del gobierno de reducir la participación estatal en actividades comerciales, especialmente en el sector aéreo, sugiere que su cierre es una posibilidad concreta. Esta medida es coherente con la tendencia hacia la desregulación del sector y la apertura a una mayor participación de empresas privadas en la aviación comercial.