La Cámara de Diputados aprobó por 134 a 121 votos el artículo primero de la ley "Bases" que establece la declaración de emergencia en las materias económicas, administrativa, financiera, tarifaria, energética y de seguridad.

Posteriormente, el plenario legislativo aprobó por 140 a 115 el artículo que establece las bases de esa emergencia pública, para luego comenzar a debatir el capitulo que se refiere a la delegación de facultades al Poder Ejecutivo.

La Cámara Baja retomó a las 14.30 de este martes la sesión especial en la que busca aprobar en particular el articulado de la denominada Ley de Bases enviada por el presidente Javier Milei, que recibió el viernes el respaldo en la votación en general de 144 diputados contra 109.

La sesión se reinició tras el cuarto intermedio al que se pasó el viernes por lo que no requería del quórum reglamentario y en el primer tramo, el presidente de la Cámara baja, Martín Menem, dio lugar a planteos de los diputados sobre cuestiones de privilegio.

Los primeros planteos provinieron del bloque de la Izquierda, donde los diputados Nicolás Del Caño y Romina del Plá cuestionaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, por el operativo desplegado durante las manifestaciones en contra de la ley registradas la semana pasada.

Luego, fue el turno de las cuestiones de privilegio, oportunidad en la que el diputado nacional Pablo Carro, de Unión por la Patria por Córdoba, rechazo la decisión de intervenir los medios públicos adoptada por el Gobierno nacional en los últimos días.

Cuando se comenzó a tratar en particular la Ley "Bases", se llegó a un acuerdo para que el proyecto sea debatido por capítulos y para que cada orador tenga tres minutos por discurso.

En el caso de que no existan modificaciones en particular, los capítulos serán votados de manera completa. En cambio, cuando haya discusiones por capítulo, y ante la eventualidad de un cambio, los artículos cuestionados serán votados uno por uno.

Tras reuniones por separado de cada bancada, Martín Menem mantuvo este mediodía un encuentro con los diputados Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal), Cristian Ritondo (PRO) y Rodrigo de Loredo (UCR) del que también participaron el ministro del Interior, Guillermo Francos, y legisladores del oficialismo.

En las últimas horas, los legisladores -incluso de la oposición más afín al gobierno- anticiparon que "el trámite va a ser largo" y "puede extenderse al miércoles y al jueves", ya que se tratará de un extenso debate que demandaría otras tres jornadas de discusión, como las que se necesitaron para sancionar el dictamen en general.

La Cámara de Diputados aprobó el viernes en general, por 144 a 109 votos, el dictamen de mayoría con los cambios acordados entre la Libertad Avanza (LLA), la UCR, PRO, Hacemos e Innovación, pero debió pasar a cuarto intermedio hasta este martes para poder consensuar las discrepancias sobre algunos puntos de esa norma.

De acuerdo con las fuentes, la intención de algunos diputados es desarrollar la sesión, pasar a otro cuatro intermedio a la medianoche y retomar el miércoles para repetir esa estrategia, aunque no descartan seguir otro día más si no agotan las instancias de acuerdos.

Los bloques cercanos al gobierno esperan una respuesta del Gobierno a sus pedidos de reformulación un conjunto de artículos.

El oficialismo necesita alcanzar un acuerdo con las bancadas que apoyaron en la aprobación del proyecto para votar en particular los 383 artículos del dictamen, ya que si una veintena de esos legisladores votan en contra y sumados a los 109 que ya rechazaron la iniciativa pueden caer artículos promovidos por el Gobierno nacional.

Los bloques afines al oficialismo están de acuerdo en votar a favor la declaración de emergencia que quedó limitada a seis materias -administrativa, económica, financiera, de seguridad, tarifaria y energética- y sobre biocombustibles y los entes referidos a la cultura.

En cambio, una decena de diputados no quiere votar artículos sobre facultades delegadas referidos a las facultades administrativas que permite disolver o suprimir organismos públicos, con excepción de las Universidades Nacionales, e intervenir todos los entes o empresas públicas y las que están vinculados a los fondos fiduciarios provinciales.