La Justicia emitió su primer fallo de fondo en segunda instancia, declarando inconstitucional la desregulación de la medicina prepaga.

El fallo, proveniente de la Cámara Federal de Paraná, se centró en el caso de un afiliado de la empresa OSDE, ordenando que se anulen los aumentos realizados tras la desregulación del sector.

Los magistrados determinaron que los artículos 267 y 269 del DNU 70/2023, firmado por el presidente Milei y su gabinete al asumir, son inconstitucionales.

Como consecuencia, la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) recupera la responsabilidad de supervisar los costos de las empresas del sector y autorizar los aumentos correspondientes.

Previo a esta decisión judicial, las empresas de medicina prepaga habían comenzado a notificar a sus afiliados sobre los incrementos en las cuotas de septiembre.

Estos aumentos superan la inflación registrada en julio, que fue del 4%.

Durante septiembre de 2024, los planes de salud experimentarán un incremento que oscila entre el 4,5% y el 5,8%, según la empresa. Las prepagas argumentan que estos aumentos son necesarios debido a la "elevada" inflación.

Este será el tercer incremento en los valores de los planes de medicina privada, tras la disputa judicial que impedía subas por encima del índice de precios.

Desde julio, las tarifas se ajustan de manera "libre". En sus comunicados, algunas empresas justifican las subas señalando que son "indispensables para cubrir los costos de infraestructura de salud", afectados por "el incremento en los precios de medicamentos, insumos y servicios públicos".

Al menos cuatro grandes empresas han informado a sus afiliados sobre los nuevos valores que regirán en septiembre: las cuotas de las prepagas aumentarán entre 4,5% y 5,8%, dependiendo de la empresa.

Este aumento es "necesario para garantizar la prestación del servicio". En algunos casos, la actualización también se aplicará a los copagos, dependiendo del plan de salud y la empresa.