“Habíamos acordado quitar el tema de la discusión; pero si lo meten, muchos de los nuestros se van a sentir tentados de votar a favor, más aún los de Unión por la Patria”, explicaron desde el radicalismo.
El impuesto PAIS está sobre la mesa desde hace varios días. Los gobernadores aseguran que el lunes pasado hubo un preacuerdo con el ministro del Interior, Guillermo Francos, en la controvertida reunión del Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde le pidieron que se reparta el 30% del impuesto. El Gobierno negó desde esa noche que hayan accedido al reclamo y se mantuvo firme en que no están dispuestos a reintroducir ningún eje del capítulo fiscal que retiraron hace una semana para presionar a las provincias.
El texto que se aprobó en general fue votado con la exclusión de todos los artículos del paquete fiscal, excepto los dos referidos al impuesto PAIS. Esto deja abierta la posibilidad de introducir el tema durante la votación en particular. En la práctica se trata de un mecanismo que le garantiza a los diputados de la oposición que el Gobierno cumpla con la promesa de buscar alguna alternativa, por ejemplo, compensaciones a las deudas de las cajas previsionales de las provincias (Córdoba sería una de las más beneficiadas).
Por otro lado, los votos de los diputados de Córdoba son fundamentales para avanzar con otro punto central para el Gobierno: las emergencias y las facultades delegadas. En medio de las negociaciones, los cordobeses dejaron trascender que sólo estarían dispuestos a aprobar tres emergencias: fiscal, administrativa y de seguridad. Las mismas tres que tiene Llaryora como gobernador. Así, quedarían los votos muy justos para la emergencia tarifaria, económica y energética.
En cuanto a las privatizaciones, ayer se registraron importantes avances cuando el Gobierno envió una nueva redacción del capítulo, que incluye varios artículos nuevos. No obstante, el consenso no es total.
El listado final de empresas que pueden ser vendidas bajó de 39 a 30. Estas incluyen tres compañías que solo podrán ser privatizadas parcialmente: Banco Nación, Nucleoeléctrica Argentina y ARSAT, muy resistidas por la oposición dado que son consideradas estratégicas.
Además, las empresas se dividieron en tres artículos, con sus respectivos anexos con listados de empresas sujetas a privatización total y uno de privatizaciones parciales. Esta división buscaba facilitar que la oposición pueda votar negativamente en casos acotados, sin hacer caer todo el paquete. Sin embargo, el recorte no logra por el momento suficientes apoyos y el radicalismo no apoya la privatización del Banco Nación.
Por otro lado, incluyeron un artículo para que antes de que se inicie el proceso de privatización la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de Ministros, en coordinación con el Sindicatura General de la Nación, deberá elaborar y hacer público un informe integral sobre la empresa que contendrá información detallada sobre sus aspectos patrimoniales, económicos, financieros, y operativos. Para la oposición este informe no puede quedar en manos del Poder Ejecutivo. “No pueden definir ellos mismos cuánto vale una empresa antes de venderla”, ejemplificaron.
El Gobierno se comprometió a retomar el diálogo con los gobernadores y la oposición durante el fin de semana para seguir acercando posiciones. El punto clave es la inclusión en el debate de la coparticipación del Impuesto País, propuesta que empujan los diputados cordobeses y exige tratar el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.
En el recinto cada presidente de bloque siguió una línea discursiva que bien representa lo que han negociado en los últimos días. Miguel Pichetto (Hacemos Coalición Federal) y Rodrigo De Loredo (UCR) marcaron sus diferencias con el oficialismo, criticaron la falta de experiencia del Gobierno para negociar la ley y se mostraron como garantes de la gobernabilidad.
Cristian Ritondo (PRO) apuntó contra el kirchnerismo y dijo que no cogobiernan, aunque el espacio político que lidera acompañó mayoritariamente el proyecto de ley y sus legisladores se muestran como los principales sociales del gobierno de Javier Milei. Germán Martínez (Unión por la Patria) tuvo un extenso discurso en el que acusó a los opositores dialoguistas de contradecir sus plataformas electorales y votar privatizaciones de empresas públicas, entre otros temas.
Existe en el Congreso un clima de tensión permanente. El más lógica es el vínculo, casi nulo, entre el peronismo y La Libertad Avanza. El que más debería preocupar al Gobierno es el que tiene con los bloques dialoguistas. Las principales espadas legislativas de esos espacios se quejaron en forma reiterada - y durante las últimas semanas - por la falta de pericia política para poder generar acuerdos y negociar, punto por punto, el enorme proyecto de ley.
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